La llegada de Martín Díaz Álvarez como accionista de Oceanografía coincide con movimientos de funcionarios, con los cuales mantiene lazos familiares, a puestos claves en Petróleos Mexicanos (Pemex), por donde según la ley, se debieron revisar los contratos asignados a la empresa.

De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, según extractos de sus declaraciones ante la SEIDO, conoció a Díaz Álvarez a finales de 2009, cuando la empresa tenía problemas de liquidez. Lo nombró director financiero a cambio del 15% de sus acciones.

Tras su arribo, Oceanografía se convirtió en una de las principales empresas proveedoras de Petróleos Mexicanos, particularmente de la subsidiaria Exploración y Producción(PEP), desde su Coordinación de Servicios Marinos se otorgaron 76 de los 114 contratos totales con ganancias que superan los 31 mil millones de pesos.

El florecimiento de la empresa, coincide no sólo con la llegada de Martín Díaz Álvarez como director financiero, sino, con el arribo de altos funcionarios, con los cuales mantiene lazos familiares, a puestos estratégicos como el Consejo de Administración de Pemex Exploración y Producción.

Cuando Martín Díaz Álvarez ya era director financiero de Oceanografía, en julio de 2010, derivado de las reformas a la Ley de Pemex, su cuñado Dionisio Pérez -Jácome, en ese entonces subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, fue nombrado como miembro del Consejo de Pemex Exploración y Producción.

El periódico 24 Horas publicó en su edición del tres de abril que la Ley de Pemex impedía que Pérez-Jácome formara parte del Consejo de PEP, debido a sus lazos familiares con Martín Díaz Álvarez, quien está casado con su hermana, Gloria Pérez-Jácome.

Entre las atribuciones del Consejo se encuentra aprobar las auditorías y revisar los estados financieros de la dependencia, así como informar a los órganos de control sobre las irregularidades halladas.

Por lo cual, el ex secretario de Comunicaciones y Transportes incurrió en violaciones a la Ley de Pemex, que en su artículo 38 que señala que puede existir un conflicto de intereses si los consejeros votan “en las sesiones del Consejo de Administración o tomen determinaciones relacionadas con el patrimonio de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o personas morales que controlen”.

El mismo ex director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, quien dirigió el Consejo de PEP, también pudo haber incurrido en un conflicto de intereses al ser el primo político de Díaz Álvarez, director financiero de la empresa con que la subsidiaria mantenía negocios millonarios.

Desde 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió sobre las irregularidades en la asignación de contratos a Oceanografía, cinco años después, y con las nuevas atribuciones, el Consejo de PEP, donde participaba el cuñado y primo político de Díaz Álvarez, debió conocer dichas irregularidades y pudo frenar las asignaciones.

Dos meses después de convertirse en líder financiero del corporativo, desde el Consejo de Administración de Pemex se nombró a Mario Alberto Ávila Lizárraga como subdirector de Mantenimiento y Logística de la Coordinación de Servicios Marinos.

Por la firma de Ávila Lizárraga, ex candidato panista a la gubernatura de Campeche e identificado con el grupo político del ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, pasó la aprobación de la mayoría de contratos a Oceanografía, en los cuales, hubo asignaciones y extensiones de pagos irregulares, por lo que es buscado por la PGR.

Además, en ese mismo 2010, desde la Oficina de Presidencia se envió a Fausto Barajas Cummings, secretario técnico del gabinete de infraestructura y turismo como consejero de Exploración y Producción.

Como enviado de Presidencia y consejero también debió conocer los informes financieros y auditorías de PEP que alertaban sobre las anomalías en los contratos asignados a Oceanografía.

Amado Yáñez ya salió del hospital

El empresario Amado Yáñez Osuna fue dado de alta la madrugada de ayer del hospital en el que se encontraba convaleciente por la intervención quirúrgica a la que fue sometido. El empresario abandonó la clínica luego que le fue aceptada la fianza que le impuso el juez para enfrentar en libertad el proceso por el fraude a Banamex.

Por el momento, no hay certeza sobre el paradero del ex propietario de la empresa Oceanografía, si permanece en la Ciudad de México, o partió rumbo a su casa en Acapulco, donde permaneció más de 40 días sometido a un arraigo domiciliario.

Cabe destacar que el Banco Nacional de México se inconformó en contra del monto de la caución por 82 millones de pesos, de los cuales sólo pudo haber depositado 12% del total.

Así como por el delito por el que fue consignado, previsto en el artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de Crédito, en la modalidad del acreditado que desvíe un crédito concedido por alguna institución de crédito, a fines distintos para los que se otorgó, que es el único de dicha norma que no es grave.

Aunque el empresario alcanzó su libertad, no obstante que nunca estuvo en una prisión, fue liberado bajo las reservas de la ley, y tendrá que comparecer ante el Juzgado 14 de Distrito de Proceso Penales Federales las veces que así lo considere necesario el impartidor de justicia.

Esto no significa que sea inocente del presunto fraude que se le imputa cometido en agravio de Citigroup-Banamex, y aún falta de que se definan las apelaciones del grupo afectado que ya fueron recibidos por la Judicatura Federal.

Se evitó la quiebra de Oceanografía: Murillo

El Gobierno federal evitó que, con Oceanografía, se repitiera la historia de Mexicana de Aviación, donde el ánimo persecutorio de las autoridades hizo que la empresa quebrara, afirmó el Procurador Jesús Murillo Karam.

En entrevista con el periódico Reforma, el titular de la PGR defendió la actuación ministerial y atajó que no hay impunidad en el caso de Amado Yáñez por estar en libertad provisional, pues existen, dijo, cuatro averiguaciones previas en curso en su contra, algunas por delitos graves.

"En lugar de consignar de inmediato (...) preferimos lograr crear una situación que nos permitiera establecer justicia protegiendo los derechos de todos los que iban a ser afectados.

"Protegiendo a los trabajadores, a la empresa por lo que significaba para los trabajadores, protegiendo a los acreedores, protegiendo a Pemex y protegiendo, desde luego, los intereses propios del País.

"Evitando que nos pasara lo que le pasó a Mexicana, que, en el ánimo simplemente persecutorio de un culpable, se olvidaron de los derechos de todos los demás", señaló.

Murillo Karam precisó que el Gobierno se ha dedicado a capitalizar la empresa intervenida a través de la venta de bienes con el propósito de garantizar su funcionamiento y recuperación para todos los acreedores en el concurso mercantil.

"La negociación que nos permitió garantizar los intereses de todos, nos permitió acumular capital para entrar a un concurso de acreedores que puede darse con certeza y no como sucedió en Mexicana de Aviación. Este concurso nos garantiza que, aunque sea con más tiempo, va a haber una recuperación prácticamente de todos los acreedores.

"La diferencia enorme de este procesamiento radica en que las consecuencias (de los delitos) no las van a pagar ni los trabajadores ni los acreedores ni el País. Pero lo fundamental, no ha parado la empresa y nadie perdió su empleo y lo más importante, Pemex no se detuvo", apuntó.

El Procurador explicó que Amado Yáñez cedió al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes la propiedad del equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro, para que la institución hacendaria lo pusiera a la venta y se saldaran los adeudos con jugadores.

Con el mismo propósito, afirmó el funcionario, el dueño de Oceanografía saldó sus adeudos de 40 millones de pesos con el IMSS.

Adelantó que lo mismo sucederá con otros bienes que pretenden recuperar, como por ejemplo los barcos o sus financiamientos.

"Él entregó el bien (el equipo de futbol), hizo una cesión de derechos antes de entrar al pleito, él lo cedió al SAE y por eso lo pudo vender inmediatamente y por eso se le pudo pagar a los jugadores y por eso pueden seguir jugando.

"En los barcos hay partes (que se buscan recuperar), en el primero que se habían llevado (OSA Goliat), había casi 100 millones de dólares que se pueden rescatar. Como pueden ver, nos estamos acercando al monto total, entre el equipo, los barcos, le digo que no va a salir perjudicado nadie, algunos se van a tardar un poco más", dijo.

Murillo Karam afirmó que es muy difícil hablar de un fraude de Oceanografía a Banamex, porque ese delito ocurre cuando existe un engaño y en este caso no lo hubo.

Señaló que la empresa estuvo de acuerdo con ejecutivos bancarios para conseguir créditos con documentos falsos.

"Es muy difícil hablar de fraude porque había un acuerdo de voluntades. Para que haya fraude tiene que haber dolo y por eso digo que el banco tiene un papel difícil, porque al mismo tiempo que fue afectado, fue afectado por funcionarios del propio banco.

"Fraude no hay, porque nunca (los) engañaron. En todo caso hay más fraude de quien haga un crédito a nombre de quien ni siquiera lo ha solicitado", dijo en entrevista con Reforma.

Al Procurador se le cuestionó el manejo de la investigación y consignación penal contra Yáñez, quien fue arraigado en una residencia de Acapulco -algo nunca visto- y fue denunciado por estafas impagables, pero al final la acusación le permitió la libertad provisional bajo caución.

En principio, Murillo Karam rechazó que el dueño de Oceanografía haya tenido un trato preferencial de la PGR o recibiera beneficios legales como los de un testigo colaborador y al mismo tiempo negó que la forma de procesar este asunto implique impunidad.

"Impunidad no, porque está siendo procesado. En la cárcel solamente deben estar aquellos cuya presunta responsabilidad afecte a otros y aquí ya no va a afectar a nadie, éste no se va", dijo.

"En el arraigo, tenía dos opciones, una casa que tiene en Ciudad del Carmen y la otra en Acapulco. En Ciudad del Carmen hubiera sido un problema enorme en ese momento, los trabajadores estaban indignados, estaban a punto de perder su trabajo y decidimos mejor arraigarlo en Acapulco".

El funcionario también explicó que en el juicio contra Yáñez, la PGR no presentó un dictamen sobre todas las operaciones que Banamex señala como fraudulentas, por la imposibilidad de establecer los balances de bienes, pasivos y valores reportados por la empresa, tarea que realizará el juzgado.

Únicamente, apuntó, se le atribuyeron desvíos de créditos por 55 millones 222 mil 996 pesos, porque era lo único que por el momento se le podía acreditar.