En el Congreso de la Unión no se ponen de acuerdo para combatir el acoso y la violencia escolar. Mientras un grupo de diputados federales del PRI presentaba una iniciativa que castiga con cárcel a menores que cometan homicidio por un acto de violencia en centros educativos, otro grupo de senadores (del tricolor, PAN y PRD) planteaban medidas preventivas para erradicar estos actos.

En San Lázaro, el grupo parlamentario del PRI propuso que los menores responsables de un homicidio, tras un acto de violencia escolar, sean confinados al Centro Federal de Internamiento entre uno y cinco años.

Además, el proyecto dispone que los padres o tutores del menor infractor estarán obligados a reparar el daño, consistente en la cobertura total de los gastos médicos y psicológicos que se generen para la atención de la víctima.

Según una nota del diario 24 Horas, la iniciativa, suscrita por los diputados federales Alejandro Montaño Guzmán, Manuel Añorve, Octavio Salgado y Leobardo Alcalá, aclara que los responsables, además, deberán cumplir con un periodo de seis meses en la “prestación de servicios a favor de la comunidad inconmutables”.

Pero “en el caso de fallecimiento de la víctima por causas de acoso y violencia escolar, los padres o tutores del menor infractor estarán obligados al pago de los gastos funerarios e indemnización que corresponda”, sostiene el proyecto legislativo.

Para los alcances de esta iniciativa se lleven a cabo, los cuatros legisladores priistas, a nombre de su bancada, proponen modificar la Ley Federal de Justicia para los adolescentes.

Por otra parte, senadores de los diferentes grupos parlamentarios presentaron la iniciativa por la que se crea la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, a fin de establecer estrategias integrales encaminadas a combatir el bullying y sancionar estas manifestaciones de violencia.

El proyecto presentado por los senadores Mariana Gómez del Campo (PAN), Mario Delgado Carrillo (PRD) y Omar Fayad Meneses (PRI), impulsa la creación de un Programa Nacional de Prevención de la Violencia Escolar, en la que participarán autoridades, maestros, padres de familia y sociedad civil para emprender acciones que erradiquen el fenómeno del bullying.

A través de esta iniciativa, que fue turnada a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, se promueve una multa de 5 mil días de salario mínimo vigente (más de 300 mil pesos) y la pérdida del REVOE -Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios- para las instituciones educativas que no tomen medidas contra la violencia escolar. También se contemplan sanciones a los padres de familia o tutores que no atiendan las recomendaciones que se les hagan en la escuela.

Las escuelas privadas en las que reiteradamente existan denuncias por casos de bullying, además de las multas correspondientes, podrían quedar sujetas al retiro de su registro ante la Secretaria de Educación Pública.

Al presentar la iniciativa, la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo señaló que entre 60 y 70% de los alumnos de nivel básico han sufrido algún tipo de violencia, lo que significa que de los 25 millones de estudiantes, 18.7 millones han sido víctimas o testigos de acoso escolar. Por ello –dijo- es urgente legislar en la materia.

Por el PRI, el senador Omar Fayad Meneses coincidió en señalar la urgencia con al que se deben emprender medidas orientadas a combatir este fenómeno, por lo que aprovechó para solicitar que se dictamine no solo está, sino las decenas de iniciativas que han sido presentadas en el Congreso.

“Urge dictaminar todas las iniciativas para lograr los consensos necesarios en un tema tan delicado, para finalmente dar una respuesta a esta problemática”, manifestó.

Por su parte la senadora del PRD, Angélica De la Peña, sostuvo que este asunto tiene que verse de manera integral, más allá de criminalizar las manifestaciones de violencia. Precisó que el Congreso tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Frenaron en 2011 iniciativa para combatir violencia escolar

La iniciativa para combatir la violencia escolar y a los alumnos que discriminan, amenazan, roban e incluso venden drogas y portan armas en las escuelas truncó su generalización a nivel nacional en el seno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) desde hace dos años y medio, según lo establece un acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con otra nota del periódico El Universal, la propuesta de crear un “instrumento jurídico” para sancionar la violencia escolar quedó paralizada en una comisión de secretarios de Educación de los estados, desde diciembre de 2011.

El Marco para la Convivencia Escolar es una iniciativa de la Administración Federal de Servicios Educativos de la SEP para 4 mil 200 planteles en el Distrito Federal y que tiene como propósito “tipificar” un listado de sanciones ante faltas disciplinarias cometidas en las escuelas.

Al anunciar la distribución de un millón 800 mil ejemplares entre escuelas públicas y privadas, el entonces secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, comentó que la única reglamentación existente sobre las normas de convivencia en las escuelas databa de 1982, por lo que a la luz de los acontecimientos resultaban “obsoletas e inútiles”.

Desde la sede de la SEP, el ex funcionario [fallecido en 2012] exhortó a los secretarios de Educación de los estados a adoptar el manual.

La sesión que se realizó el 14 de diciembre de 2011 para establecer el Marco para la Convivencia Escolar en todo el país no tuvo el quórum requerido debido a que no todos los secretarios estatales acudieron al encuentro. De tal manera que se quedó sólo en una “toma de nota” entre los secretarios asistentes.

El documento de Acuerdos en materia de Educación Básica de la 27 Reunión Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas estableció, en el número R.27º.10, que los secretarios “toman nota de la presentación realizada sobre los lineamientos generales por los que se establece un marco para la convivencia escolar en las escuelas de educación básica del Distrito Federal”.

El pleno determinó darle continuidad al proceso y en el Acuerdo R.27º.11 aprobó “la constitución de un grupo de trabajo, coordinado por la Administración Federal de Servicios Educativos en el DF, que tendrá por objeto proponer un modelo de instrumento jurídico para que las autoridades educativas estatales establezcan un marco para la convivencia en las escuelas de educación básica de sus entidades federativas”.

En la siguiente reunión de la Conaedu, realizada en 2012, con la presencia de los funcionarios estatales, se “ratificaron los acuerdos” sin precisar qué ocurrió con el grupo de trabajo.

Para entonces, el ex secretario Lujambio Irazábal había dejado el cargo aquejado por el cáncer; y se sucedieron en los dos últimos años y medio tres funcionarios en la titularidad de la SEP. Además de que en los estados también ocurrieron modificaciones en las secretarías locales.

Al respecto, la Secretaría de Educación Pública informó que se haría la consulta sobre esos acuerdos de la Conaedu.

El manual de 50 cuartillas no sólo incluye medidas disciplinarias para los alumnos, sino que describe 10 derechos identificados para los alumnos, tales como acudir a la escuela, estar en un ambiente “sano, seguro y tolerante, libre de discriminación, acoso, bullying, malos tratos, violencia, adicciones y sectarismo.

De igual manera hace referencia a 11 deberes de los estudiantes: asistir a clases, estudiar, esforzarse, llegar a la escuela con los libros, materiales escolares y útiles que les permitan desarrollar sus actividades.

Pide gobierno no satanizar a las escuelas

El subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, consideró inconveniente satanizar a las escuelas por los casos de bullying registrados y afirmó que las zonas más delicadas en acoso escolar coinciden con las áreas de influencia de la violencia.

Al anunciar las acciones emprendidas por el gobierno para enfrentar el problema, Campa dijo que éste trasciende la labor docente y que el origen del bullying está en entornos de violencia familiar.

Por ello, anunció que la Secretaría de Educación Pública dará a conocer acciones que tienen que ver con establecer reglas y límites, porque sin éstos, los menores se sienten desprotegidos.

"Creemos que es muy importante visibilizar este problema, sería un error ocultarlo, pero creemos también que resulta a todas luces inconveniente satanizar a las escuelas, porque, reitero, sobre todo en las zonas más violentas de nuestro país, las escuelas son un espacio de protección", dijo según otra nota del diario Milenio.

El subsecretario también se refirió al amparo concedido a una joven, quien incluso podrá tener custodia en la escuela y aseguró que este caso "deja claro que el tema es algo que no trasciende solamente la labor de los docentes, porque los docentes son maestros, no son psicólogos especialistas en violencia", y agregó que "culpar a la escuela y a los maestros implica una equivocación en el diagnóstico".

Al asegurar que el gobierno de la República trabaja desde el arranque de la administración para combatir la violencia en las escuelas, dijo que el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia desarrolla desde inicios de año 547 proyectos en municipios y delegaciones del Distrito Federal para atender este problema con un presupuesto de 166 millones de pesos.