Cada vez que el gobernador Javier Duarte de Ochoa, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita y el Procurador de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, presumen mediáticamente haber detenido bandas delincuenciales lo hacen en contra de la ley, conforme a la nueva reforma constitucional.

“Estos son errores de las autoridades administrativas, te puedo dar cuenta de declaraciones del encargado de Seguridad Pública y del propio gobernador, que va a Papantla y hace declaraciones que (desarticularon) una banda, que se les presentó (como tal), eso es contrario totalmente a la ley”, explicó Edgar Cinta Pagola, presidente del corporativo Cinta Pagola.

Y es que la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos aprobada en 2011, garantiza el principio de presunción de inocencia, el cual es un derecho humano inherente de los individuos del mundo.

La presunción de inocencia es la seguridad jurídica y obligación del Estado de no acusar o condenar a alguien sin una investigación previa que lo demuestre y está asentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 por la ONU.

Este derecho humano es violentado diariamente por las autoridades quienes siguen pensando que todo mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Cuestionado por ejemplo en el caso del maestro “D”, del colegio London Westminster, acusado hasta la saciedad como responsable de tocar a niñas menores de edad sin existir una investigación previa, considera que el impacto ha sido más mediático que de justicia, rompiendo el equilibrio que todo juicio debe tener.

"Este caso trae una consecuencia de violación de derechos humanos internacionales, el juicio no está en equilibrio, deja de tenerlo. Ambos, agraviado como acusado deben estar en las mismas condiciones para llevar a cabo un juicio”, aseguró.

El problema es, dice el litigante, que no estamos viendo que en nuestro estado se esté cumpliendo la prosecución de justicia por parte de funcionarios y del tribunal, pues les falta capacitación.

En Veracruz todos somos culpables hasta que se demuestre lo contario

En Veracruz, hasta ahora todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, por ello hay casos en los que una persona lleva cinco años detenida en juicio de primera instancia sin que se le dicte sentencia.

Este retraso en la forma que se siguen llevando los procesos atenta contra los  derechos humanos fundamentales e inherentes.

“En este momento todos son culpables hasta que se demuestre lo contario; la presunción de inocencia es un derecho fundamental que se contradice con el proceso penal como se lleva hoy en día”, contrastó. 

Un ejemplo de ello es la fe pública de los ministerios públicos, que son los que determinan la verdad jurídica de los casos -asentada en los expedientes- sin que se pueda ser refutado, lo cual cambió con la nueva reforma.

“Sin embargo en este nuevo sistema toda investigación hecha por el MP deberá estar (asentada) con bases sólidas, que haya equilibrio entre las partes, tanto del agraviado como del inculpado, y que de ese procedimiento nazca una presunción de que existe un delito y no un culpable”, agregó.

Los boletines de prensa de la PGJ atentan contra la ley

¿Y sobre los boletines de prensa en los que aseguran haber capturado a secuestradores y delincuentes? ¿Y sobre las declaraciones de los funcionaros que aseguran agarraron a alguien?- se le cuestionó.

“Son indebidas, contrarias al proceso acusatorio, pero sobre todo a los derechos fundamentales al hombre, derechos inherentes. No puedes exponer a alguien al escrutinio social señalando como delincuente si no lo has investigado previamente; ¿bajo qué condiciones  y cómo se lleva a cabo una detención? (Estas declaraciones) son emitidas como un impacto mediático, para señalar que están trabajando”, explicó.

Y aunque es necesario y urgente, el abogado piensa que no hay la posibilidad de cumplir en tiempo y forma la aplicación del nuevo sistema, el cual por ley debe entrar en vigor en el año de 2016.

“No creo que haya la posibilidad de aplicar el nuevo sistema acusatorio que se cumplan los tiempos establecidos”.

¿Cuál es el primer paso, y qué sigue de después de ese paso?- se le preguntó.

"El primer paso es capacitar a los funcionarios y el segundo es construir las salas, aun cuando se hayan construido las salas debe haber gente capacitada para operar en ellas”, sentenció.

Y es que aunque ya se aprobó hace cuatro años el nuevo sistema penal acusatorio, en Veracruz no hay avance en infraestructura y en capacitación de servidores públicos para llevarlo a cabo.

Edgar Cinta Pagola aseguró que a pesar de la vigencia de este nuevo sistema penal registrado en el código de procedimientos, no se ve algún cambio en ministerios públicos y juzgados de distrito del Estado.

“Ya se estableció su vigencia en toda la República Mexicana, pero para poder estar en condiciones para cumplir con la ley deben de existir los medios para ello, hacen falta salas para los juicios orales, hacen falta jueces capacitados, ministerios públicos capacitados y la profesionalización de los abogados”.

Aunque en algunos estados ya se está implementando, asegura que en Veracruz no tiene informes de que se estén cumpliendo los tiempos.

“Increíblemente estos estados son los de mayor pobreza, en los estados de Oaxaca, Chiapas, Coahuila ya está funcionando, (pero) en Veracruz yo no tengo informes de que se esté cumpliendo con los tiempos que se habían señalado para estructurar el sistema acusatorio y los juicios orales”.

A lo mucho, dice, se han llevado a cabo por los colegios de abogados, convocatorias a diplomados para que capaciten los abogados. “No veo avance en la procuración de justicia ni tampoco en el tribunal porque no están las salas, físicamente establecidas, que yo tenga conocimiento no existen, creo es Córdoba la que tiene una sala como tal para juicios orales”, explicó.

Aunque dice que no existen estas salas, en el caso de menores infractores ya opera un sistema de juicios orales, pero sin cumplir en su totalidad los requisitos.

“En todos los distritos judiciales debería existir cuando menos una sala por cada juzgado”, aseguró.

El retraso en esta materia ha dado como consecuencia que a las personas detenidas se les concedan amparos por no llevar los protocolos y el debido proceso correspondiente que generan las condiciones para que exista un juicio justo.

“(Esto) ha dado como consecuencia que al no conocer los procedimientos tanto las autoridades de la procuraduría como los abogados postulantes, los cuerpos federales de administración conceden al presunto responsable el amparo y eso han sido consecuencias.

Por ejemplo el caso de la francesa (Florence Cassez), al no haber considerado el debido proceso, los órganos internacionales de procuración de justicia ordenaron que hiciera una resolución y como consecuencia fue liberada", concluyó.