Como un hecho inédito que revela la verdad sobre la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, calificó el diputado Julen Rementería del Puerto la comparecencia ante el Congreso del Estado del secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Gerardo Buganza Salmerón, mientras que la legisladora Gladys Merlín Castro hizo suyo el reclamo de justicia de los veracruzanos, para que los recursos públicos se apliquen bien y con transparencia.

El Secretario de despacho respondió al llamado del Congreso del Estado, que en un punto de acuerdo le pidió comparecer para aclarar el estado de la obra del “Túnel Sumergido de Coatzacoalcos”, cuya inversión inicial aumentó de 2 mil 66 millones a 4 mil 913 millones –hasta la fecha–, y en diez años han podido concluir.

Durante una primera exposición, Gerardo Buganza aseguró que la obra estará lista antes de concluir la actual administración estatal, pero “haciendo justicia y llevando todo con transparencia, orden, eficacia y rindiendo cuentas al pueblo de Veracruz”. Luego, respondió a las preguntas de 14 diputados de los distintos partidos representados en el Congreso local.

Explicó que para terminar la conexión con Coatzacoalcos, al túnel le faltan 2.5 metros de la llamada “punta de cierre”, así como los accesos, y consideró correcto un estimado de mil millones de pesos, que se obtendrían de recursos federales y del Fideicomiso que administra el puente Coatzacoalcos I.

De acuerdo con el Secretario de Despacho, la obra es muy rentable, no sólo porque hará de la región un polo de desarrollo económico, sino porque al quitar el puente se hará navegable el río Coatzacoalcos, permitiendo el desarrollo de la industria petroquímica y los complejos industriales establecidos y por venir. Transitarán por el túnel más de los 30 mil vehículos que cruzan el puente día con día.

Gerardo Buganza aclaró que las irregularidades detectadas en la obra por los organismos de fiscalización Estatal y Federal “las estamos enfrentando con claridad y de frente”, y luchamos para que el Gobierno de Veracruz recupere 2 mil millones de pesos que ha pagado de más por esa obra. En diciembre pasado interpuso las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia para que investigue y proceda contra los responsables de las irregularidades detectadas y se repare el daño causado al erario público.

De lo invertido hasta el momento, más de 90 por ciento lo pusieron el Gobierno de Veracruz, la Federación y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), mientras que el concesionario –comprometido con 60 por ciento del monto total– sólo aportó 389 millones; es decir 7.9 por ciento, y en pagos. Por ello consideró justo que el Título de Concesión lo tenga la administración estatal.

Respondió también que la dependencia a su cargo no reconocerá cargo adicional ni error del constructor, que debe cargar con sus culpas, costos y gastos: “Transparentamos un hecho de tres sexenios, y venimos con la cara limpia a decir la verdad, pues queremos resolver el problema de fondo. En Veracruz hay transparencia y rendición de cuentas”, agregó.

Habló del desequilibrio financiero de la obra y de irregularidades, como las modificaciones al Título de Concesión que el Congreso del Estado nunca autorizó, o el reajuste de un Convenio que reconoció un adeudo de mil 60 millones en favor del concesionario, cuando en realidad el Gobierno estaba pagando de más.

En sus intervenciones, los diputados Fidel Robles Guadarrama y Julen Rementería del Puerto coincidieron en que independientemente de las fianzas, debido a las irregularidades debieran rescindir la concesión al Consorcio “Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, SA de CV” –integrada por cinco empresas, entre ellas la española FCC Construcciones, que de manejar 1 por ciento ahora controla 70 por ciento de esa sociedad–. El Titular de la SIOP aclaró que la rescisión es una opción, pero no la única.

Pidió al Congreso “ir juntos”, mantener una posición e impulsar lo que jurídica y legalmente corresponda: “La rescisión una vía, pero puede haber otras, incluso mejores. Esperamos que se manifiesten para hacer lo debido. Rescatar y devolver al estado esos 2 mil millones de pesos”.

Tras leer el protocolo correspondiente, la presidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Estado, Anilú Ingram Vallines, condujo las tres rondas de preguntas en las que participaron los diputados Leandro Rafael García Bringas, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Mónica Robles Barajas, Jaqueline García Hernández, Fidel Robles Guadarrama, Francisco Garrido Sánchez, Gladys Merlín Castro, Julen Rementería del Puerto, Jesús Vázquez González, David Velasco Chedraui, Ciro Félix Porras, Domingo Bahena Corbalá, Ana Cristina Ledezma López y Jorge Vera Hernández.