El gobierno federal y la iniciativa privada del país se comprometieron a resolver de manera conjunta las diferencias y problemas generados por el régimen fiscal, y emprender una cruzada en contra de la informalidad y la evasión de impuestos.

Con la firma de un convenio entre la cúpula de organismos empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se definirán mesas de trabajo regionales en todo el país para resolver las diferencias y problemas que surjan entre las empresas y la autoridad fiscal, y se celebrarán reuniones mensuales a escala nacional.

De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, según el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, quien firmó como testigo de honor, una de las cuestiones más importantes del convenio es que el gobierno se compromete a devolver saldos a favor por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) a las empresas para no afectar su desempeño operativo ni sus estados financieros.

Recordó que en el periodo 2009-2012 las devoluciones del IVA aumentaron 52 por ciento, al pasar de 182 mil millones de pesos a 275 mil millones, aunque la recaudación de ese gravamen sólo se incrementó en 27 por ciento en el periodo.

“Se observó un crecimiento de las devoluciones que no estaba soportado por la recaudación bruta; se revisó lo que ocurría y se llegó a la conclusión de que se basaba en actos franca o abiertamente ilegales, por ejemplo, derivados del extenso uso de facturación falsa. A partir de eso se determinó la aplicación de una segunda revisión de cada caso para asegurar que sea más de una persona o funcionario quienes revisan los expedientes de las devoluciones, en particular las grandes devoluciones. Estábamos deteriorando la recaudación del IVA por un proceso acelerado de devoluciones”, dijo el funcionario.

Pero ahora, con el convenio firmado y junto con el sector empresarial, se puede asegurar que las devoluciones del IVA se hagan conforme a derecho, a tiempo para no afectar la situación financiera de las empresas ni sus operaciones, y de acuerdo con lo establecido por la ley.

Sobre el combate a la evasión y la informalidad, Videgaray Caso refirió que hasta ahora, a través del régimen de incorporación fiscal (RIF, que sustituyó al régimen de pequeños contribuyentes y fue aprobado con la reforma hacendaria) ya se cuenta con 587 mil nuevos contribuyentes que antes se encontraban en la informalidad. Hasta el 22 de abril pasado, recordó, el RIF ya tiene un padrón total de 4 millones 169 mil 732 causantes. “Eso quiere decir que ya se empieza a generar la atracción de contribuyentes que antes optaban por estar en la informalidad”.

Por su parte, el sector empresarial se comprometió a cumplir con sus obligaciones fiscales y a realizar acciones para combatir la informalidad y el contrabando, “pero sin realizar acciones que sólo competen a la autoridad”, acotó el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani.

El líder empresarial explicó que la Comisión Fiscal del CCE se encargará de realizar las reuniones con la autoridad tributaria y con ellas se fortalecerá la capacidad de identificar y analizar problemas, obstáculos, oportunidades y opciones de soluciones en temas como simplificación, seguridad jurídica y procesos fiscales.

Se busca reducir los casos contenciosos

El convenio entre el SAT y el CCE busca reducir “la orientación contenciosa” del ejercicio de la autoridad, para transitar cada vez más, hacia esquemas de cooperación que faciliten cumplir obligaciones fiscales.

“El convenio que acabamos de celebrar implica rutas muy específicas de colaboración en temas de materia tributaria, pero de ninguna manera interfiere con el derecho de los contribuyentes a presentar amparos, es un derecho constitucional, y por supuesto tampoco interviene con el proceso judicial”, precisó Luis Videgaray.

Informó que en este convenio, el SAT se comprometen con la Comisión Fiscal del CCE para dar seguimiento a temas tributarios; a proporcionar información para que el organismo coadyuve a difundirla; a participar en mesas de trabajo para el análisis y modificaciones fiscales; y a revisar devoluciones de impuestos a empresas.

Sin embargo, el sector empresarial insistirá en que se realicen modificaciones legislativas a la reforma fiscal que entró en vigor el primero de enero de este año a través del convenio de colaboración firmado con el SAT.

En entrevista con Excélsior, los líderes de las principales cúpulas empresariales en el país indicaron que este mecanismo de trabajo cuyo objetivo es realizar ajustes únicamente administrativos a la legislación fiscal, les permitirá exponer los efectos que ésta ha tenido en el sector productivo para que se le realicen los cambios pertinentes.

“Este convenio es una puerta abierta al diálogo. En ese marco entablaremos la conversación sobre los efectos de esta ley para poder construir un marco fiscal ideal”, indicó Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex.

Pese a que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, descartó la posibilidad de realizar modificaciones legislativas a la reforma fiscal, el presidente del Consejo Coordinar Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que continuarán las conversaciones con los legisladores para que eventualmente se corrijan los impuestos que impactan negativamente a las empresas.