Artículo 19 /

A dos años del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la Revista Proceso en Veracruz, el crimen continúa impune. Las autoridades veracruzanas, se encuentran a la espera de que un Tribunal de Justicia Federal resuelva si el móvil del homicidio -que señala que a Regina la asesinaron para robarla- es apegado a la realidad. 

Desde agosto de 2013, Ángel Alfonso Martínez, hermano de Regina,  interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), para revertir la liberación de Jorge Antonio Hernández Silva, acusado por la Procuraduría de Justicia Veracruzana  del asesinato de la periodista. Hernández Silva fue liberado en agosto de 2013, después de que los magistrados locales consideraran que fue torturado durante su declaración en la que señaló que a Regina la asesinaron para robarla.

Paradójicamente, el amparo interpuesto por la familia obstaculiza que se investiguen otros posibles móviles del homicidio, porque de concederse y recapturar a Hernández, se dejaría de investigar el entorno laboral de Regina, que de acuerdo con sus compañeros de la Revista Proceso y organizaciones como ARTICLE 19, podría ser la principal causa del crimen.

Tanto la Revista Proceso, como las organizaciones sociales defensoras de la libertad de expresión, consideran que existen suficientes elementos para presuponer que a Regina la asesinaron por su actividad periodística crítica de la administración pública (Federal y Estatal). Sin embargo, la Procuraduría veracruzana en ningún momento mostró interés en iniciar una línea de investigación relacionada con su ejercicio profesional.

La otra posibilidad es que los integrantes del Tribunal  Federal avalen la decisión de los magistrados en Veracruz,  y dejen en libertad  a Hernández Silva. De esa forma el caso prácticamente volvería a su punto de partida, lo que significaría que el móvil de robo de la Procuraduría de Veracruzana no es sostenible.

“En ese momento la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) tendría que tomar completamente el caso, es decir, para plantear desde el inicio lo qué ocurrió”, dijo una fuente autorizada de Proceso, entrevistada por ARTICLE 19.

Ante la gran expectativa que hay sobre la decisión que habrán de tomar los magistrados del Tribunal Federal, se han conocido supuestos conflictos de intereses. El pasado 3 de abril la defensa legal de Jorge Antonio Hernández Silva, interpuso una queja para que no se pronuncie uno de los tres magistrados federales asignados al caso, ya que actualmente es el esposo de una alta funcionaria de la administración de Javier Duarte, gobernador de Veracruz.

De acuerdo a la queja interpuesta ante el Consejo de la Judicatura Federal y reproducido en la Revista Proceso (edición 1955), los abogados del acusado consideran que el Magistrado Agustín Romero Montalvo, podría entrar en un posible “conflicto de intereses” ya que su decisión sobre el amparo puede ser influenciada por  su esposa María Dolores Silva Obando, integrante del  Consejo Directivo de la Central Estatal de Justicia Alternativa.

Como resultado, la defensa de Hernández solicita que el Magistrado Romero se “excuse” de hacer un pronunciamiento jurídico sobre el caso. Además, piden que la solicitud se resuelva “sólo con criterios jurídicos y no por compromisos políticos”.

La Revista Proceso también alega que la relación familiar entre el magistrado y la funcionaria del gobierno de Duarte enturbia la decisión judicial. “Hay un evidente conflicto de interés porque el Gobernador ha nombrado a la esposa de uno de los Magistrados que está a cargo del expediente del caso como funcionaria de gobierno.  Y ojo que esto es muy importante: el Congreso designó a la esposa por petición de Duarte en diciembre del año pasado, cuando se sabía desde octubre de ese mismo año que el caso estaba radicado en ese Tribunal Colegiado”, aseguró el representante del medio.

ARTICLE 19 exige al Poder Judicial de la Federación (PJF) que se garantice la independencia e imparcialidad de los integrantes del órgano jurisdiccional que resolverán el amparo interpuesto por el hermano de la periodista Regina Martínez.

Además, ARTICLE 19 solicita  al Gobernador Javier Duarte, así como a los integrantes de su gabinete,  abstenerse de presionar directa o indirectamente a los magistrados del Tribunal Federal que en estos momentos tienen la responsabilidad de avalar o desechar la hipótesis de que a Regina Martínez la asesinaron por robarla y no por su ejercicio periodístico crítico de la administración estatal y federal.

De no resolverse de forma transparente la solicitud de amparo, se corre el riesgo de que la decisión se mantenga bajo una sombra de impunidad. Se debe evitar a toda costa que la impunidad se vuelva en un doble asesinato para Regina, sin justicia ni reparación del daño, tanto para los familiares de la periodista asesinada como para los comunicadores en Veracruz.