La conclusión y puesta en operación del proyecto denominado “Túnel Sumergido de Coatzacoalcos” es un tema impostergable, por lo que se requiere que las autoridades responsables ofrezcan la información necesaria sobre las razones por las que esta obra aún está inconclusa, planteó el diputado Heber Alan Carballo Salazar, durante la sesión ordinaria celebrada ayer por la Diputación Permanente.

En el anteproyecto de punto de acuerdo, Carballo Salazar propuso que el Ejecutivo del Estado, a través del titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), informe a esta Soberanía sobre el estado en que se encuentra la obra y el motivo por el cual aún no se concluye.

En tribuna, Carballo Salazar expresó que la obra presenta un retraso de más de diez años y señaló que su costo se ha elevado en más de 70 por ciento de lo presupuestado originalmente.

Por ello, el Legislador también solicitó que el Ejecutivo Estatal, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, instruya a quien corresponda a efecto de implementar todas las medidas necesarias con el propósito de que el proyecto denominado “Túnel Sumergido” se regularice, concluya y entre en operación a la brevedad.

A partir de que el Congreso del Estado aprobó la solicitud del Ejecutivo para que previa licitación pública se otorgara la concesión para operar, explotar y mantener el túnel sumergido han transcurrido más de diez años, sin que se haya concluido el proyecto, indicó.

El representante del Distrito de Misantla expuso que en ese lapso se han realizado adecuaciones al procedimiento constructivo y proyecto original, dándose reprogramaciones y sobrecostos a la obra, con cargo al Gobierno del Estado, y al parecer en detrimento del patrimonio de los veracruzanos.

En tanto, dijo, el desarrollo regional y los beneficios sociales que inspiraron al proyecto no se han visto plasmados, al no estar concluida la obra.

El proyecto original, añadió, contemplaba una inversión de mil 784 millones de pesos. Sin embargo, con su reestructuración, a la fecha la aportación pública ha sido de 3 mil 411 millones de pesos; es decir, 71.5 por ciento más.

También abundó que la SIOP por conducto de su titular y con base en los resultados de fiscalización obtenidos, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), formuló ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) una denuncia de hechos, a fin de que se investigue si las irregularidades e inconsistencias que tuviera el proyecto constituyen conductas tipificadas en el Código Penal o en leyes especiales.