Redacción /

Gregorio Jiménez de la Cruz “no es un caso cerrado, porque aún faltan demasiadas cosas por investigar", resaltó este miércoles la Misión de Observación de Periodistas y Organizaciones a Veracruz en su informe sobre la investigación del asesinato del periodista veracruzano.

Los integrantes de la agrupación quienes recabaron datos, testimonios y expedientes tras una visita y reuniones en el sur de la entidad, días después del hallazgo del cuerpo de Jiménez de la Cruz, hicieron hincapié sobre la línea de investigación ligada a su ejercicio periodístico que ha sido aislada por el gobierno estatal.

En su reporte destacaron que una de las notas publicadas por Gregorio Jiménez no se tomó en cuenta en la investigación, como la del 29 de noviembre del año pasado, sobre una casa de seguridad en donde rescataron a tres víctimas de secuestro.

Es importante porque Gregorio y los periódicos donde trabajaba vincularon la casa a una de las empresarias de la zona que tenía restaurantes, ligada a autoridades de la zona, indicaron.

María Idalia Gómez, periodista mexicana miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), denunció que el expediente de las autoridades de Veracruz sobre el caso del homicidio del periodista presenta “carencias graves”.

Reveló que “sólo hay confesiones (de los implicados), pero sin documentación ni verificación de las autoridades”.

Además, no hubo órdenes de cateo para ingresar a la casa de seguridad donde tenían secuestrado a Gregorio Jiménez ni al rancho en Las Choapas (Coatzacoalcos) donde fueron encontradas las fosas. Y tampoco resultados de toma de huellas de los supuestos asesinos.

¿Cómo llega la autoridad a los acusados? "Por arte de magia”, expuso la Misión, quien recordó que quienes descubrieron los restos del reportero llegaron al lugar preciso cuando no hay testimonios ni un dictamen que diga que tal persona los acompañó y ubicó el lugar.

Por ello, exigieron a las autoridades federales conocer por qué no atrajeron el caso de inmediato; al congreso local, promover una ley de protección de derechos para el gremio, y a la Comisión de Atención para la Protección de Periodistas de Veracruz un reporte sobre cómo ha actuado respecto al asunto del periodista asesinado en febrero pasado.

La Misión de Observación recomendó lo siguiente:

1. La PGJE de Veracruz debe reconocer que el asesinato de Gregorio Jiménez se vincula fuertemente con su labor periodística.

2. La PGJE debe subsanar las fallas señaladas en este informe, aclarar, precisar y abundar hasta agotar la línea de investigación sobre trabajo informativo del periodista Gregorio Jiménez.

3.- Que PGJE Veracruz permita a esta Misión el acceso a otros expedientes de investigación de asesinatos y desapariciones de periodistas en el estado.

4.- Exigimos que la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR (FEADLE) atraiga la investigación, concluirla y consignarla ante un juez federal, para que éste procese y sancione a los responsables.

5.- Que la FEADLE publique un reporte detallado de por qué no atrajo de forma inmediata el caso del periodista Gregorio Jiménez.

6.- La Misión de Observación exige medidas de seguridad a la familia de Gregorio Jiménez, ya que no sólo son víctimas sino testigos de un delito.

7.- Que el gobierno de la entidad establezca un fondo permanente de apoyo a familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz, y que su implementación se realice bajo la supervisión de organizaciones de la sociedad civil y periodistas.

8.- Es necesario que los tres poderes de Veracruz reconozcan públicamente la situación adversa que enfrentan periodistas y medios de comunicación de esa entidad.

9.- Es urgente promover una ley de protección de derechos del ejercicio periodístico y reestructurar la Comisión de Protección a Periodistas en Veracruz, de manera que esta instancia tenga capacidad para ser un mecanismo de protección eficiente.

10.- La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas debe rendir cuentas de los recursos e informar cómo ha actuado en el caso de Gregorio Jiménez.

11.- Tipificar como delito grave las acciones que obstruyan o atente contra periodistas, instalaciones de medios de comunicación y cualquier persona que ejerza la libertad de expresión y de información.

12.- Que la Contraloría Estatal revise de manera autónoma el desempeño de la PGJE en las investigaciones de delitos contra periodistas y sancionar por omisión o negligencia a quienes hayan incumplido en sus funciones.

13.- La Fiscalía de Atención a Periodistas y Delitos Electorales de Veracruz debe dar un informe, amplio y detallado, de los avances de todas las investigaciones a su cargo.

14.- Debido a las altas cifras de agresiones a periodistas en Veracruz es necesaria la creación de una fiscalía autónoma.

15.- Debe crearse una ley que regule la publicidad oficial en el estado de Veracruz.

16.- Es urgente que empresas periodísticas de Veracruz cumplan con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. La seguridad de los periodistas empieza por recibir un trato profesional y que se garanticen sus derechos laborales.

Recomendamos también crear protocolos de seguridad, así como dar capacitación a los voceadores de prensa, para que difundan las noticias de manera profesional y no contribuyan a incrementar el riesgo a la labor de los periodistas.

17.- A las empreas Notisur y Liberal del Sur se les pide que establezcan fondo de apoyo económico para manutención de la familia de su trabajador Gregorio Jiménez de la Cruz.