Al cierre del primer periodo de sesiones ordinarias, que duró tres meses, la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales de la Legislatura local dictaminó cinco de las 21 iniciativas propuestas por el Congreso del Estado, el Ejecutivo estatal y las Cámaras de Diputados y de Senadores.

El presidente de esta Comisión, diputado Ciro Gonzalo Félix Porras, dijo que de las cinco iniciativas con resolución, una de las más importantes fue la emitida por el Ejecutivo estatal, en la que se reforma el Código Civil para que la edad mínima para contraer matrimonio sea 18 años.

Respecto a dicha ley, explicó que “Veracruz se guiaba por usos y costumbres. Veíamos en localidades a niños casándose y teniendo hijos desde los 11 años, niños que todavía no terminan su desarrollo físico ni psicológico”.

Al recordar que esta reforma se aprobó de manera unánime por la LXIII Legislatura, subrayó que en la familia se sientan las bases de la sociedad y que, por lo tanto, los niños no pueden transmitir conocimientos a sus hijos. Además, esta ley está en armonía con las recomendaciones de distintos organismos internacionales.

Otra de las iniciativas, propuesta por la diputada Mónica Robles Barajas y turnada también a la Comisión Permanente de Equidad, Género y Familia, se refiere a la creación del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso local, con lo que se refuerza este tema en las leyes veracruzanas.

El propósito, indicó, es crear un equilibrio real y que haya un espacio para todos, en el ámbito del respeto a los derechos humanos.

También se aprobaron las iniciativas referentes a la creación de las Comisiones Permanentes de Atención y Protección a Periodistas y de Transparencia y Acceso a la Información, además de las emitidas por la Cámara de Diputados sobre las candidaturas ciudadanas y la minuta en la que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

Todo trabajo legislativo, puntualizó, debe estar apegado a los principios normativos, para que no se ponga en duda la actividad de los diputados.