Ejidatarios que representan a las 42 comunidades afectadas por el interés de la empresa Ordebrecht de construir una planta hidroeléctrica en sus tierras denunciaron que les dieron un trato de segunda en el Congreso del Estado.

“Las horas que pasamos ayer en el Congreso, fue frustrante, sobre todo porque a nosotros nos pusieron como mil pruebas de seguridad y a los de la empresa Ordebrecht los dejaron pasar como si estuvieran en su casa”, dijo el ejidatario de Jalcomulco, Jorge Vilar.

Además reveló que mientras estaban en pláticas, Arturo Jaramillo, de Infraestructura de Gobierno del Estado, les dijo que “no se podían echar para atrás porque habían diez millones de pesos en juego”.

“Un funcionario de nombre Arturo Jaramillo nos dijo que no se podían ya echar para atrás en el proyecto porque tenían en juego diez millones, pero no especificaron si fueron para los estudios técnicos de suelo con máquinas barrenadoras en la zona o como garantía para ellos” detalló.

También refirieron que no van a negociar su tierra y que el riesgo de construir una presa en su tierra se debe a que el río pasa, según un estudio hecho en 1920, en  una zona sísmica.

“Sería catastrófico para los pobladores cuenca abajo. Si ellos construyen la presa será tanta la presión que cuando sea un sismo la presa se romperá y los primeros afectados seremos nosotros”.

Jalcomulco se encuentra ubicado a diez kilómetros donde estaría la presa. Además el ejidatario dice que el permiso que tiene Ordebrecht es exploratorio y no de construcción, y que ya han modificado el cauce del río talando árboles.

“No puede ser posible que para dar 7 mil empleos indirectos que dicen tendrá de beneficio la presa quieran afectarnos a 42 comunidades, estarían afectando a cerca de un millón doscientos mil personas”.

Por su parte, el ejidatario Ramiro Villegas, de Apazapa, que se encuentra ubicado cuenca abajo del Río La Antigua, detalló que todas las actividades de su pueblo se verían afectadas si se construye la presa.

“La agricultura, la pesca, la ganadería, toda la parte fértil no se podrá sembrar el maíz, el frijol y echarían a perder las plantaciones y los bosques, nosotros pedimos que ya nos dejen vivir tranquilos”.

Apazapa se encuentra a 15 kilómetros de donde estaría instalada la presa y tiene alrededor de mil quinientas personas que hacen su vida allí.

Por su parte, en la comunidad del Vado, en Tlaltetela, sienten miedo de que la presa sea construida porque afectaría también las actividades de siembra, pesca y ganadería.

“Todo lo pasan por alto, quieren que uno respete las leyes y ellos no respetan nuestras tierras, igual que con las reformas cuándo nos consultaron; lo terrible es que hacen negocio con nuestras tierras y ni siquiera consultan primero” dijo el ejidatario Jorge.

En Tlaltetela explica que se siembra maíz, caña, limón, mango, café y plátano. Desde hace tres años regresó a ser campesino porque fue despedido de la empresa Maquinarias de Veracruz (Maver).

“A mí la presa, sin mentirte, me va a quedar a unos doscientos cincuenta metros de mi patrimonio, es una infamia eso” finalizó.