Gobierno del Estado aplica en el caso Jalcomulco, la misma estrategia que utilizó para sacar adelante el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz: instala mesas de diálogo, cita para una fecha, luego promete estudios y habla de realizar recorridos.

En el caso del proyecto de ampliación portuaria, las reuniones, consultas públicas, mesas de diálogo, solo sirvieron como instrumentos para dar largas a los pobladores, y mantener las inconformidades controladas; mientras la empresa avanzaba en la sustentación de proyecto.

Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), quien ha abanderado diferentes causas ambientales, lo sabe muy bien, y así hizo ver al subsecretario de gobierno, Marlon Ramírez Marín.

En la reunión realizada el lunes por la tarde en el Congreso del Estado, y la cual duró más de tres horas, sin llegar a un acuerdo en concreto, sólo el de programar otra mesa de diálogo para la próxima semana, echó en cara  a las autoridades la desinformación y las largas que le dan al tema.

“Lo que están haciendo en el caso Jalcomulco, es el mismo juego que nos hicieron con los arrecifes veracruzanos, y luego, cuando uno se da cuenta, ya los tiene encima,  quedan 24 horas para actuar, y así no se puede”, dijo Rodriguez Curiel.

Autoridades ambientales se “echan la bolita”

En la reunión realizada en el Congreso, como parte de la estrategia para ganar tiempo a favor del proyecto, participaron 56 ejidatarios representantes de las comunidades asentadas sobre la cuenca del río.

También estuvieron representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y de la empresa brasileña encargada de dicho proyecto, Odebrecht.

Al inicio de la reunión, ambientalistas fueron directamente contra Conagua, quien otorgó el permiso de realizar estudios y sondeos en el río de Los Pescados a pesar de que éste cuenta con dos vedas.  Reclamaron que le ya permitido realizar  perforaciones para estudiar las condiciones del subsuelo, rellenar una parte del río, y permitirle construir un terraplén en el cause.

La dependencia trató de esquivar los señalamientos. La dependencia federal aceptó haber otorgado los permisos, pero dijo no estaba fuera de la legalidad. Aclaró que sólo permitió cuatro perforaciones dentro del lecho del cauce del río y eso no está impedido en las vedas que datan de los años 1935 y 1955.

Opositores al proyecto volvieron a increpar a la dependencia. En la zona donde se presente construir la presa hay un total de 30 sondeos y algunos de ellos ya no estaban dentro del cauce. La conagua evadió el señalamiento, y le pasó el caso a la Profepa, quien le transfirió el caso a Gobierno del Estado.

“Mientras no tengamos nosotros ese acuerdo que les entregó de manera ilícita Conagua, ni el contrato que firmó la Odebrecht con la Caev, estamos hablando otra vez en la desinformación y es lo que no queremos. El mismo juego nos hicieron con los arrecifes veracruzanos y ya cuando te das cuenta, ya los tienes encima y tienes 24 horas para actuar, así no se puede”, denunció Guillermo Rodríguez.

Odebrecht se deja defender por las autoridades

Pocas fueron las ocaciones en que Odebrecht intervino en la reunión. Siempre estuvo la Semarnat, la Profepa, el Gobierno del Estado, para hablar a su favor, de la necesidad del proyecto, y la importancia de mostrar apertura a “la inversión” y “el desarrollo”.

Cada vez que un ejidatario hacía un pronunciamiento a contra de los abusos que ha cometido Odebrecht en la etapa de exploración del suelo, alguna autoridad estatal tenía voz, interés, por explicar las razones o la legalidad de las acciones.

De las pocas veces que Odebrech intervino, cuenta la participación de Gonzalo Bussalleu, uno de los dos representantes de la empresa brasileña, presentes en la reunión. Cuando decidió participar fue porque Semarnat y Pofepa se quedaron sin argumentos para defenderlo.

En su exposición, el hombre se defendió de las acusaciones entorno a que la Semarnat le autorizó cuatro perforaciones, y ellos han realizado más de 30.

Dijo que están haciendo unas perforaciones donde debería quedar la cortina de la presa para determinar la capacidad de carga del suelo, la permeabilidad del mismo “y una serie de estudios que son necesarios para poder tomar las decisiones respecto a cómo va a ir el proyecto”.

Asimismo, agregó que hasta el momento no han interferido en el caudal del río, “no hemos utiliado el agua o algo por el estilo, sino definir el estado de la geología en el punto donde se podría construir el eje de la cortina de la presa hidroeléctrica”.

Ejidatarios & Oderbrecht

José Luis Hernández Beltrán, integrante del Movimiento Pueblos Unidos de la Cuenca de La Antigua por los Ríos Libres, quien parecía darse cuenta del reguego de las autoridades, que buscan ganar tiempo a favor del proyecto, tomó la palabra y argumentó:

“Sí en esa reución estan todos los representantes de la Cuenca, desde donde nace, en la comunidad de Barranca Grande, hasta donde culmina, y ni uno de ellos está a favor de la presa hidroeléctrica, lógico es que el proyecto no se realice.

“¿Quién la quiere?, nadie la quiere. Muchos de ellos ya tienen el conocimiento de que ahí pasa la falla de San Andrés, que hay constante movimiento telúrico, entonces esa situación hace que no entremos en la discusión de si la quieres o no la quieres, simple y sencillamente no la queremos”

Insistió en que no es necesario “darle tantas vueltas al asunto”, ningún ejidatario está a favor del proyecto. Y señaló a las autoridades que la única acción que debería proceder en el momento, es la clausura de la presa y la expulsión de la maquinaria de Odebrecht.

A esta voz se sumó Rodríguez Curiel, quien sostuvo que Oderbrecht es una empesa “invasora”, que pretende adueñarse de los ríos, que en México no son propiedad de nadie en particular, sino de la nación.

 “Yo sostengo que la Odebrecht es una invasora en mi país, nadie le autorizó que se fuera a meter a destruir nuestro río. Hoy leí otra vez la constitución y los ríos siguen siendo propiedad de la nación y de todos los mexicanos”, afirmó el activista.

E insistió a las autoridades estatales que  la empresa brasileña abandone el estado de Veracruz debido a que está violentando la ley avalada por la Conagua y la Profepa, pero que sobre todo está atentando contra la seguridad de cientos de miles de familias que además, viven del río y de la tierra que han cultivado por generaciones.

Después de todas las participaciones por parte de actores políticos, autoridades estatales y federales, así como de los activistas y ejidatarios, se acordó una nueva reunión para la proxima semana. En el aire quedó la misma incertidumbre entorno a las dimenciones del proyecto. Y sobre todo quedó erradicada, por omisión al tema de parte de las autoridades,  la petición de los ejidatarios, de suspender la obra.

Habilidoso, el subsecretario de gobierno, Marlon Ramírez decidió que se siguieran instalando las mesas de diálogo a futuro para continuar con las aclaraciones de dudas, concluyendo así una reunión de más de tres horas en la que los 56 ejidatarios presentes expresaron su rechazo total al proyecto.