Existe una inmensa y grosera diferencia entre lo que se paga a productores y el costo que pagan los consumidores, es una riqueza que han saqueado acaparadores y comercializadores solapados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), junto con los gobernadores de los estados.

Lejos de llevar a cabo una verdadera Cruzada contra el Hambre, lo que el gobierno plantea es el sometimiento absoluto de los productores a la voluntad de los coyotes y monopolios de los alimentos, llevándose de paso la economía y la alimentación de los mexicanos.

Es sumamente irresponsable que las dependencias gubernamentales encargadas de promover la producción de alimentos en nuestro país digan que el mercado regula los precios de alimentos básicos, y que como hay una mejor cosecha de frijol y de maíz, está justificada la caída de precios al productor.

Si el Gobierno Federal quiere dar verdaderas señales de atención a la crisis de precios que azota a los productores de frijol, maíz, sorgo y café, entre otros, debe detener y castigar las acciones de los “coyotes” que utilizando supuestas “leyes del mercado”, obtienen excesivas ganancias en la compra-venta de productos básicos para la población que, por una parte, castigan los precios de los productores, impidiéndoles recuperar sus costos de producción, impidiéndoles pagar sus créditos y proyectar ciclos de producción futuros y otro lado, mantienen elevados precios a los consumidores que destinan hasta 70% de sus ingresos para la compra de alimentos.

El Gobierno Federal tiene que promover de inmediato las denuncias contra los acaparadores en los términos que señalan los artículos 253 y 254 del Código Penal de la Federación, y que aborda lo relativo a Delitos contra el consumo y la riqueza nacionales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe investigar a todas aquellas empresas de acopio y comercialización que realizan compras de granos sin entregar factura, se deben además establecer aranceles más claros para frenar la importación subsidiada a maíz y frijol.

Se deben eliminar las restricciones estatutarias de Diconsa y debe dotársele de presupuesto y de un mandato, para que intervenga activamente en la compra, almacenamiento y distribución de granos, para que se convierta en un competidor que ayude a la regulación del mercado, como en el caso de Liconsa, y elimine con ello el imperio de los “coyotes”. Diconsa debe tener capacidad para vender productos básicos a las mismas dependencias federales, como DIF, SEDENA, SEMAR, a fin de evitar que el pago de estos recursos públicos caiga de nuevo en manos de unos pocos y, por el contrario, con su intervención se establezcan pisos mínimos de compra-venta y se pueda beneficiar a pequeños y medianos productores.

La SHCP debe otorgar facilidades para que pequeños y medianos productores puedan comercializar sus productos, corrigiendo la actual política recaudatoria que orilla especialmente a pequeños productores a regalar sin factura su producción a los acaparadores.

Tampoco se debe ignorar que los costos de los insumos agropecuarios han aumentando, como se observa en el caso de los fertilizantes, en la gasolina y el diesel, en los impuestos por uso de energía y de agroquímicos. Incluso el costo de la mano de obra, aunque el gobierno trata de mantener en la miseria a los trabajadores, también representa un costo en el manejo de las siembras y las cosechas.

De lo contrario, el poder económico que hoy tienen los “coyotes” y el oligopolios de los centros comerciales puede terminar por reventar la capacidad productiva en el sector rural en no más de tres ciclos de producción, dejando a la población a expensas de las importaciones con un tipo de cambio cada vez más lejano que el que se tenía hace 20 años cuando se firmó el TLCAN.

El gobierno federal está obligado a garantizar precios justos por los productos del campo, como lo ofreció en octubre de 2013, cuando anunció la estrategia de comercialización del frijol para respaldar el ingreso de los productores. También está obligado a respaldar a los productores de maíz. Las dependencias del gobierno federal responsables de apoyar a la producción del campo, como ASERCA (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria) deben dejar de subsidiar y apoyar a los grandes monopolios que no lo requieren o a los “coyotes”, para respaldar realmente al productor.

No se puede seguir subsidiando a empresas como Bimbo, El Alazan, Verde Valle, o Grupo Maseca, cuyas utilidades, en el caso de esta última, antes de operaciones discontinuas aumentaron en más de 100%, de 725 millones de pesos en enero-septiembre de 2012, a 1,509 millones en el mismo período de 2013.  Este gobierno no puede seguir apoyando a los monopolios que destruyen la economía de millones de productores y ganan con altos precios al consumidor.

Cabe destacar, que en el caso de Zacatecas, los centros de Acopio que los Gobiernos Federal y Estatal no han recibido ni el 20% de la producción de frijol, sin embargo, los “coyotes” han ya acaparado y sacado de Zacatecas y Durango más de 170 mil toneladas a precios que no sirven al productor ni para recuperar la inversión.

Por otra parte, es falso el argumento de que esos excedentes de producción de maíz, trigo y soya en el mundo, superan las necesidades de la población, cuando cerca de mil millones de personas padecen hambre.

Es cierto que aumentó la producción mundial y nacional de granos, gracias a los esfuerzos de los pequeños productores y a un clima favorable, pero la única forma de garantizar que los productores sigan proporcionando alimentos es asegurando un precio justo por su esfuerzo. No pueden actuar como si el clima favorable fuera permanente, al contrario, cada vez es más incierto.

Esos funcionarios no pueden afirmar que el mercado regula los precios, cuando el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que la población en pobreza por acceso a alimentos en México sumó 27.4 millones de mexicanos en 2012.  ¿POR QUÉ NO SE UTILIZAN LOS ALIMENTOS BÁSICOS PRODUCIDOS POR LOS MEXICANOS PARA SATISFACER ESAS URGENTES NECESIDADES? ¿CÓMO PRETENDEN DAR CONTINUIDAD AL ESFUERZO DE LOS PRODUCTORES SI CUANDO TIENEN UNA BUENA COSECHA SE LAS QUIEREN MALPAGAR? ¿POR QUÉ SIGUEN IMPORTANDO GRANOS PARA BENEFICIAR A LOS PRODUCTORES DE OTROS PAÍSES?

Los funcionarios no pueden ignorar que las políticas que aplican, de importar bienes a “bajos precios”, semejantes a las aplicadas por los gobiernos panistas, sólo aumentan el malestar social en el campo y provocan pérdida de bienestar. No pueden omitir su responsabilidad ante el hecho de que el no garantizar el pago justo por las cosechas de maíz, frijol, sorgo y café reduce la posibilidad de que los productores mejoren su producción.

Y, lo más grave, van a empujar a millones de mexicanos debajo de las condiciones mínimas de bienestar. Ya el Coneval informó que la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar pasó de 59.6 millones en 2010, a 60.6 millones en 2012. ¡Y TODAVÍA PREGUNTAN, COMO SI FUERAN INOCENTES, CUÁL ES LA CAUSA DEL DETERIORO SOCIAL EN NUESTRO PAÍS!

Es urgente una política pública que reconozca la importancia de la producción campesina como garantía para la producción de los alimentos para la población nacional.

Se debe transformar esa relación que sólo beneficia al intermediario y al industrial, y castiga a los productores y consumidores. El Estado debe intervenir para regular el mercado y con su capacidad de compra debe adquirir volúmenes que pueda orientar a cubrir las necesidades más urgentes.

Basta  de omisiones, basta de apoyar a monopolios, coyotes y productores extranjeros, basta de falta de planeación, basta de corrupción y mucho menos pensar en una reforma latifundista del campo.

Urge una estrategia que tome en cuenta a los pequeños productores agropecuarios, que proporcione bienestar y seguridad alimentaria a los mexicanos.

Por último, es importante anunciar que el día 1 de Febrero del presente año, se estarán reuniendo miles de productores de Maíz, Frijol, Sorgo, Café, Trigo, Carne y Leche  en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para emprender una gran campaña contra los coyotes, monopolios y oligopolios de la comercialización de alimentos.

Se iniciará la promoción de jornadas de boicot contra las “grandes marcas”  de frijol a partir del mismo 1 de Febrero y dará inicio las jornadas de abasto Campo-Ciudad.

La paciencia del campo, los productores y los consumidores tiene un límite y cada vez se acerca más.