No se puede tapar el sol con un dedo, afirmó el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, Carlos Gabriel Fuentes Urrutia, al manifestar su desacuerdo con la entrega de un reconocimiento del gobierno federal al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo Bermúdez Zurita.

El también presidente de la Comisión de Gobernación de la LXIII Legislatura en el Congreso local, indicó que en Veracruz aún se viven episodios de violencia y casos de brutalidad policiaca contra quienes buscan ejercer la libertad de expresión.

Recordó que en fechas recientes se han reportado continuamente ataques a periodistas, defensores de Derechos Humanos y sacerdotes, mismos que permanecen impunes.

El diputado panista citó como ejemplos el repunte de robos a mano armada en la entidad y el abuso de autoridad por parte de elementos de las corporaciones policiacas.

“Tenemos las detenciones arbitrarias que han ido en aumento y el clima enrarecido de robos, asaltos y homicidios en los que permea la sospecha de participación policiaca", explicó.

Señaló que los medios de comunicación en Veracruz -a pesar de la difícil situación- han reportado el clima de inseguridad en el que viven comunidades de todo el estado.

Al continuar con el trabajo legislativo en el Congreso local, Fuentes Urrutia indicó que “hay cosas que se hacen bien en materia  de seguridad”, pero enfatizó que en la entidad “no se puede tapar el sol con un dedo”.

El diputado de Acción Nacional se refirió al caso de los siete cuerpos semienterrados hallados en playas de Alvarado.

“El Gobierno del Estado impidió que los medios locales lo publicaran; pero no pudieron hacerlo del todo, y menos con los medios nacionales”, remarcó.

Enfatizó en que la noticia tuvo alcance internacional al publicarse en medios de comunicación de Inglaterra, Estados Unidos, Uruguay, Colombia y España como BBC Mundo, Prensa Latina, Univisión, El Tiempo, Tele Sur y El País.

Por último, el legislador blaquiazul pidió la intervención al gobierno del estado para evitar lo que calificó como un posible “desenlace fatal” en contra de ambientalistas de Amatlán y del sacerdote Julián Verónica, quienes han recibido amenazas por el trabajo que realizan en defensa de los derechos humanos.