Como resultado de la tercera mesa de diálogo para atender la demanda de justicia a los periodistas agredidos el pasado 14 de septiembre cuando cubrían el desalojo de maestros de la Plaza Lerdo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer su recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública para que sancione administrativamente a 30 elementos y dé capacitación a las corporaciones policiacas; se cuestionó el trabajo que viene realizando la Comisión Estatal de Protección a Periodistas, ya que varios casos solo forman parte de las estadísticas sin que haya una atención real a los afectados, asimismo se logró que tomen en cuenta la opinión de comunicadores para integrar el protocolo de seguridad en la cobertura de manifestaciones y otros trabajos de riesgo a fin de que se respete la labor de los reporteros.

En esta mesa de diálogo que se realizó en el Congreso del Estado el pasado 19 de diciembre, estuvo presente el secretario de gobierno, Erik Lagos; los diputados que integran la Comisión Legislativa de Atención y Protección a Periodistas: Gabriela Arango Gib, Eduardo Sánchez Macías y Juan Eduardo Robles Castellanos; el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Federico Rivas Valdez; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fernando Perera Escamilla; el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención de Denuncias contra Periodistas y Comunicadores, José René Álvarez Márquez; el encargado de Despacho de la Dirección General de Investigaciones Ministeriales, Enoc Gilberto Maldonado Caraza; la secretaria ejecutiva de la Comisión de Atención a Periodistas, Namiko Matzumoto Benítez; el director jurídico de Contraloría del Estado, Gerardo Ramos; así como un representante del delegado de la Procuraduría General de la República, Santiago Ceballos.

Como testigos de esta mesa también estuvieron los legisladores de Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Pola Estrada y del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Alberto Vázquez Flores.

Al abordar el segundo punto de la minuta firmada entre legisladores y periodistas el pasado 22 de noviembre, se dio a conocer la recomendación que emitió la CEDH-V y se puso énfasis que se capacite a los policías para evitar que ocurran agresiones como las del pasado 14 de septiembre, a ello, el subsecretario de Seguridad Pública dijo que la SSP ha aceptado la recomendación, han sancionado administrativamente a los policías y posteriormente se determinará la situación de cada uno de ellos de acuerdo a los resultados de las demandas penales que existen: tres en la Procuraduría de Justicia del Estado y cuatro ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra la Libertad de Expresión (Feadle).

El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención de Denuncias contra Periodistas y Comunicadores, informó que las denuncias siguen su curso y no se podían revelar más datos por la secrecía que guardan los expedientes.

A la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Protección a Periodistas se le reprochó la selectividad para atender ciertos casos de agresión y otros ignorarlos, que la CEAP no ha funcionado para apoyar a algunos periodistas agredidos en la entidad veracruzana y se le hizo hincapié sobre los errores que ha tenido ésta, a través de su área jurídica, que en un caso en específico en lugar de defender al fotoperiodista instó que el agraviado recibiera un recurso económico en lugar de proceder a la demanda, por eso se acudió a proceder ante la instancia de justicia federal.

Allí en la mesa se reiteró lo que se ha venido defendiendo a lo largo de las reuniones que somos un grupo sin intereses oscuros, que no se busca recurso económico, solo el respeto al ejercicio constitucional y derecho humano de la libertad de expresión.

Por ello, se solicitó al secretario de gobierno, Erik Lagos se tomara en cuenta la opinión de periodistas para integrar protocolos de seguridad, a lo que el funcionario estatal, expresó que se aceptaba la solicitud porque el gobernador del estado, Javier Duarte, ha instruido que sean los periodistas quienes plasmen sus experiencias para evitar que sean trabajos de escritorio o corta y pega de protocolos de otros países.

El caso de la reportera Norma Trujillo Báez fue abordado en el punto final, en donde ella dio a conocer que ha interpuesto denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra la Libertad de Expresión (Feadle) en contra de quien resulte responsable de las amenazas y hostigamiento a su labor periodística.

Atentamente

Grupo de periodistas “Libertad bajo palabra”