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Traiciones y amarres: 5 puntos claves sobre la reforma a la Constitución de Veracruz

  • Isabel Ortega
Cuarenta y nueve de los 50 diputados sesionaron de forma presencial pese a la contingencia por covid, su edad y sus condiciones de salud

Xalapa, Ver.- Procesos de expulsión a militantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano por actuar en contra de los estatutos de sus partidos; el amague de recurrir a la Suprema Corte para echar atrás acuerdos y supuestas diferencias familiares, fue el resultado de la reforma a la Constitución local que promovieron y avalaron el partido Morena y sus aliados.

Apenas el pasado 5 de mayo se modificó la ley Orgánica del Poder Legislativo, para incluir la posibilidad de sesionar a distancia, debido a la contingencia sanitaria, sin embargo, este martes 12 de enero se presentaron 49 de los 50 diputados, sin importar que algunos son mayores de 65 años, una de ellas está embarazada y otros tienen sobrepeso, lo que es factor de riesgo para contraer el covid-19.

La reunión de trabajo se retrasó por más de hora y media, pues no se había circulado el dictamen que modifica 8 artículos de la carta magna. Y aunque el PAN pidió regresar el documento a comisiones para poder leer las adecuaciones Morena no lo permitió.

Para lograr los votos necesarios la izquierda sumó el apoyo de los diputados Rodrigo García Escalante, Andrea Yunes Yunes, Antonio García Reyes, Alexis García y Gonzalo Guízar Valladares.

Estos son los puntos clave de lo que pasó en la sesión de este martes 12, durante la votación del dictamen: 

1.- Las traiciones y la expulsión

Este lunes las dirigencias de los partidos PAN, PRI y PRD, validados por los comités nacionales, externaron su malestar por la reforma a la Constitución, y confiaron que sus diputados no apoyarían la reforma, pues Morena necesitaba cinco votos para tener la mayoría calificada.

A pesar de lo dicho por las dirigencias el panista Rodrigo García y el priista Antonio García Sánchez votaron en bloque, lo que llevó a los dirigentes Joaquín Guzmán Avilés y Marlon Ramírez anunciar el inicio del proceso de expulsión. En el caso del PRD, la diputada Brianda Kristel Hernández se abstuvo de validar el acuerdo.

Aunque Movimiento Ciudadano no había emitido algún posicionamiento sobre la reforma, este martes anunciaron que revisarán el actuar del diputado Alexis García Sánchez, quien milita en su partido, pues la votación a favor de la reforma, expusieron dirigentes, representa una violación a sus estatutos.

2.- Héctor Yunes critica a Morena, usuarios de redes recuerdan que su hija los apoyó 

En el caso del Verde, no fijó postura sobre el actuar de la diputada Andrea Yunes Yunes, que llegó a la curul por la vía plurinominal. Sin embargo, su padre el diputado federal del PRI, Héctor Yunes criticó el actuar de Morena y sus aliados.

El excandidato a gobernador subió a sus redes sociales un video en el que acusa que hay un desmantelamiento de las instituciones y los partidos políticos.

La grabación tenía comentarios de usuarios que le pidieron revisar el sentido del voto de Andrea Yunes y acusaron que mientras el priista golpea al partido en el poder, su hija recibe prebendas de Morena.

3.- Ley Nahle, un distractor

A la par de la reforma electoral se presentó una propuesta de cambio a la redacción del artículo 11 de la Constitución. El diputado Amado Cruz Malpica pidió que se reconozca como veracruzanos a padres de niños nacidos en territorio estatal.

La propuesta recibió el nombre de Ley Nahle, con la intención de permitir que la hoy Secretaria de Energía pueda ser candidata al gobierno de Veracruz, sin embargo, el tema no se incluyó en el dictamen.

Dirigentes partidistas señalaron que el tema era solo “pirotecnia mediática” para distraer la atención de la reforma electoral.

4.- Los puntos polémicos de la ley

Los temas que se aprobaron y generan controversia son: el artículo 15 de la Constitución, en el que  se promueve la participación de los ciudadanos a través de la Consulta Popular, sin embargo, prohíbe revisar la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos; la materia electoral, el sistema financiero y los ingresos y gastos, así como el Presupuesto de Egresos.

Por lo que, aunque a nivel nacional se promueve la revocación del mandato, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Veracruz se blindó al gobernador y alcaldes.

El Artículo 19, regula el financiamiento público a los partidos políticos locales; con el objetivo de garantizar recursos para sus actividades, estructura, sueldos y salarios. En ese caso, se determinó reducir en un 50 por ciento el dinero que se entregará anualmente. En el 2021 se va a generar un ahorro de 177 millones de pesos.

Al cambiar la redacción del artículo 66, se determinó que, en los consejos distritales locales, serán los responsables de organizar y contar los votos de la elección de gobernador, diputados y alcaldes. 

Y se crean la figura de consejos municipales especiales, que sería reducir el número en proporción a los distritos electorales de Veracruz que son 30, y en un solo consejo se contarían los votos de uno y hasta 20 municipios, tal es el caso del Distrito de Zongolica que incluye a dos decenas de demarcación.

En el artículo 70, se reduce a tres años el periodo de los alcaldes, lo que abre la posibilidad de que se puedan reelegir a partir del 2021.

5.- Partidos políticos crean bloque opositor a Morena

Los dirigentes de partidos políticos PRI, PAN y PRD, anunciaron que impugnarán en bloque lo que se reformó a la Constitución, llevarán el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que lo votado es inconstitucional.

Y confirmaron la integración de un bloque opositor contra Morena y su intención de reducir el gasto en la organización de las elecciones.

En septiembre del 2019, los ministros invalidaron la reforma que recortaba  el financiamiento a partidos políticos en Tabasco. El PRI, el PVEM y el PRD promovieron una acción de inconstitucionalidad por considerar que las reglas de financiamiento están previstas en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que los congresos estatales no tienen injerencia para alterarlas.