Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez vetó la más reciente reforma a la ley de Aguas del estado de Ignacio de la Llave, que promovió la diputada local de Morena, Daisy Juan Antonio, en la que se involucra a los municipios en la obligación de garantizar el servicio de agua potable y se permite la concesión del servicio.

En la correspondencia se dio entrada al oficio 34/2020, remitido el pasado 05 de febrero en el que pide a los legisladores locales una nueva revisión de la legislación, para una nueva discusión.

La reforma, que se aprobó el pasado 16 de enero, establece que la Oficina Operadora de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), es el órgano encargado de prestar los servicios en la demarcación territorial de los municipios que se requieren.

Obliga a la creación del Sistema de Información Hidráulica del Estado de Veracruz, el cual contendrá datos, derivado del conjunto de bases de datos e información relacionada con los inventarios de los cuerpos de agua; la que derive de la infraestructura hidráulica; las inversiones realizadas en materia hidráulica; la cartera de estudios, proyectos e información climática, hidrográfica e hidrológica de las cuencas del estado de Veracruz, incluyendo los registros de los títulos de concesión de agua y permisos correspondientes y la que resulte de la red de monitoreo en cantidad, calidad y padrón de usuarios.

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Detalla que el Gobierno Estatal a través de la CAEV y los Municipios, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para su participación en la conservación, actualización y desarrollo del Sistema de Información Hidráulica del Estado de Veracruz.

La CAEV, con la participación de los Municipios, fungirá como organismo rector de las políticas, lineamientos y normatividad técnica para la planeación, formulación, promoción, instauración, ejecución y evaluación de la Programación Hidráulica en el Estado, quienes serán responsables de la integración, coordinación, planeación y supervisión.

De igual manera, los Municipios podrán concesionar los servicios con personas físicas o morales, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros temas. 

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