Xalapa.- Ante la imposibilidad de pagar los adeudos con empresarios, el Gobierno de Cuitláhuac García optó por recurrir a los bancos para hacer frente a este compromiso heredado por pasadas administraciones.

La propuesta de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) es que aquellos proveedores que quieran sus pagos pendientes tendrán que acudir a una institución bancaria a vender sus cuentas por cobrar o facturas, generando liquidez o dinero en efectivo que el gobierno deberá saldar.

Se trata del esquema del factoraje, una propuesta que en su momento impulsó el candidato a gobernador por la alianza “Por Veracruz al Frente” del PAN-PRD-MC, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Con este método el banco deduce del importe del crédito comprado una comisión, el interés y otros gastos y luego este cobra al Gobierno del estado por el servicio, a una tasa que debe de ser acordada o establecida.

En su momento, el fallido candidato panista dijo que sería una posibilidad para ir pagando poco a poco a los empresarios, dependiendo de la disponibilidad financiera de la administración estatal.

“Tenemos que ser prudentes y entender la situación financiera del Estado; hay en cuentas por cobrar solamente con proveedores 11 mil millones de pesos, no es un tema sencillo, no es que en un año puedas llegar y pagarles ese dinero”, dijo el panista en un foro con empresarios antes de las elecciones en el que participó Cuitláhuac García, quien resultó vencedor en la contienda.

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EL BANCO, EL GRAN GANADOR

Cabe señalar que el factoraje permite obtener liquidez inmediata haciendo efectivas cuentas por cobrar, ya que con este esquema "el pasivo se convierte en efectivo" en una cuenta por cobrar que en este caso será al gobierno. De esta manera los empresarios podrían tener liquidez mediante créditos que serían pagados por el Estado.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Xalapa, Bernardo Martínez, informó que aunque la Sefiplan ya reinició el pago de algunos adeudos desde el lunes pasado, la propuesta del Gobierno es recurrir al factoraje.

“Es para los empresarios que así lo deseen, se contrata un banco, él paga al empresario el recurso, le hace un descuento de una tasa y después el Gobierno del estado al cabo de un plazo determinado por ellos les paga al banco”.

No obstante, aseguró que se trata de una propuesta a la que no están obligados los empresarios, y consideró que se trata de “un buen esquema” para mantener la liquidez en el Gobierno y en la iniciativa privada.

“Es un esquema que ya existe y que lo toma a quien así lo desee, siempre y cuando le convengan las condiciones, para un empresario también es importante tener el dinero líquido y disponible con una tasa que no le represente un costo adicional”.

Adicionalmente, dijo que les informaron sobre la reactivación de cadenas productivas con el Gobierno del estado, lo cual les representará que vuelvan a ser proveedores.

Cabe recordar que el Gobierno de Veracruz le debe a por lo menos 15 empresas agremiadas a la Canaco, con un monto no mayor a los 70 millones de pesos.

Cuando Cuitláhuac García Jiménez recibió el Gobierno de Veracruz la deuda con proveedores, que aún sigue en validación ante la Sefiplan y las contralorías internas de las dependencias, ascendía a 5 mil millones de pesos, de acuerdo con los propios acreedores.

Sin embargo, el gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que eran menos de 80 los empresarios que lograron acreditar los adeudos. Además dijo que entre quien reclamaban los pagos había “coyotes” y prestanombres de exservidores del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, entre ellos el diputado federal Edgar Spinoso.

“Se están analizando algunos pasivos, habrá alguna cosa que se debe, pero otros quieren cobrar por servicios que no prestaron. No son empresarios, son coyotes, no tienen empresa y así se les tiene que llamar: ‘coyotes’”, señaló en su momento.

Esto generó que algunos hombres de negocios interpusieron solicitud de amparo contra la decisión del Gobierno de Veracruz de validar los adeudos por considerarlos inconstitucional. 

En ese tiempo, el abogado de la firma Aguirre & Montoya, Argel Humberto Aguirre García, informó que 20 empresarios lograron el amparo contra la administración panista.

Ya durante el Gobierno del morenista, los empresarios aplaudieron su decisión de reconocer la deuda y emprender una nueva revisión.

Tal y como implementó su antecesor, la administración de García Jiménez inició un nuevo y lento proceso de validación de los adeudos, lo cual provocó inconformidad de los acreedores por atrasar la liquidación de pendientes que ya estaban comprobados.

En abril, cinco meses después de asumir el Gobierno, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) realizó un primer abono de ocho millones de pesos a algunos proveedores.

No obstante, tras este primer pago el proceso de validación de facturas se detuvo, y los empresarios acusaron una dilación tanto en las dependencias como en la Sefiplan.

El presidente de la Asociación Civil Empresas SOS, Jesús Castañeda Nevárez, acusó que tan solo a su organización el Gobierno le debe 450 millones de pesos a 110 empresas que participaron como proveedoras de obras, bienes y servicios en dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública, el sector salud, la Secretaría de Educación de Veracruz y la de Infraestructura y Obras Públicas.

Posteriormente, el 30 de octubre, la Secretaría de Finanzas y Planeación adelantó un siguiente abono, aunque desde el punto de vista del Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, Octavio Augusto Jiménez Silva, es ínfima la cantidad saldada por el Poder Ejecutivo.

"De acuerdo a los ahorros del gobierno, van a seguir pagando más adelante, (...) se pagó un tres por ciento y esperemos que aumente ese porcentaje considerablemente" dijo.

Ahora, con la propuesta de la Sefiplan los empresarios deberán decidir si están dispuestos a pagar un porcentaje del dinero que les deben con tal de lograr el pago inmediato de los recursos que están pendientes desde 2015.

Además, el Gobierno del Estado no ha aclarado si este nuevo esquema implicará la contratación de más créditos que le permita pagar los adeudos con instituciones bancarias con quienes se haga el factoraje.

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