La tarde del 2 de octubre de 1968 es recordada en México como una de las más trágicas de su historia; el movimiento estudiantil y su represión, constituyen un parteaguas en la historia mexicana del siglo XX: La noche más triste, aquella en la que las fuerzas del Estado se volvieron contra sus propios jóvenes.

En 1968 —cuando el país tenía los reflectores del mundo puestos en él, ya que se preparaba para celebrar los Juegos Olímpicos— comenzó un movimiento articulado que cuestionaba el uso de la fuerza excesiva del Estado y la falta de mecanismos para solucionar conflictos, pues la violencia había sido utilizada para terminar con un enfrentamiento de dos grupos de alumnos de vocacionales y preparatorias, ocurridos el 22 y 23 de julio de dicho año. El incidente fue creciendo hasta transformarse en un movimiento social que cimbraría las bases mismas del sistema político mexicano.

La intransigencia del gobierno para dar respuesta a las demandas de dicho movimiento derivó en el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en contra de los estudiantes que se reunieron en un mitin el 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, culminando en un hecho violento conocido como la Masacre de Tlatelolco. Este acontecimiento evidenció la postura que el Estado mexicano mantenía ante quienes consideraba disidentes al tiempo que dejó ver sus carencias en materia de defensa de derechos humanos.

En este sentido, la represión a los estudiantes en Tlatelolco en 1968 y posteriormente a los movimientos sociales que surgieron derivó en un amplio uso de las ejecuciones, arrestos arbitrarios, tortura y desapariciones forzadas como acciones de contrainsurgencia para someter a los grupos inconformes con el sistema.

Durante 50 años, el Estado mexicano se negó a reconocer su responsabilidad frente a la masacre, y se impuso un silencio oficial que ha retumbado en la conciencia de un México que quiere salir de la indiferencia. En el origen de la violencia que nos asola hoy, se encuentra la vergüenza silenciada de un país. Tenemos una deuda histórica con las víctimas mortales del 68 y con sus sobrevivientes. Tenemos una deuda que, de no saldarse, continuará pasando factura, en los libros de la historia y en el futuro que nos depara como Nación.

Por ello, hace una año, con motivo del 50 aniversario de la tragedia, siendo en ese momento titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tuve el honor, en nombre del Estado mexicano, de hacer el primer reconocimiento formal de responsabilidad en torno al sufrimiento de las víctimas y a la importancia de la memoria y la verdad. En esa cita con la historia, señalé que lo acontecido esa tarde fue un crimen de Estado y emití la Resolución "Por la que se determinan medidas de satisfacción de carácter colectivo, como parte del derecho a la reparación colectiva, a favor de las víctimas de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968".

A este reconocimiento se sumaron algunas medidas concretas, a saber: las iniciativas denominadas Colección M68. Ciudadanías en Movimiento y la Intervención Tlatelolco 68-18.

La Colección M68. Ciudadanías en Movimiento consiste en una amplia recopilación de documentos en formato digital, integrada por decenas de acervos públicos y privados, que dan cuenta de los distintos ciclos de movilización social que, desde la década de los sesenta hasta la fecha, han contribuido al reconocimiento de derechos en México. Su objetivo es preservar y divulgar la memoria, a través del acceso libre, público y gratuito a expedientes, fotografías, grabaciones y documentos que permiten la reconstrucción de los hechos, así como distintos procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Por su parte, la Intervención Tlatelolco 68-18 es una intervención artística contemporánea, instalada en el patio central del Centro Cultural Tlatelolco, que propicia la construcción de un espacio simbólico para las víctimas del Movimiento Estudiantil de 1968. Como lugar accesible a la colectividad, en sí mismo permite advertir la importancia de los hechos ocurridos durante la década de los sesenta.

La memoria es el corazón de la reparación colectiva. Desde luego no se desestimó la importancia de las medidas de rehabilitación o el seguimiento de las investigaciones penales, sin embargo se estimó indispensable que una reparación que es apenas el inicio de un camino aún muy largo por andar de restitución individual y del tejido social partiera de la base irreductible, elemental pero poderosa, de hacer oír la memoria de las víctimas de su viva voz.

Una de las más nobles misiones encomendadas a la Ley General de Víctimas desde su creación ha sido contribuir a aliviar el dolor histórico que México arrastra.  Para muchas víctimas de violencias más recientes, las víctimas del 68 son sus más antiguas compañeras, las que han esperado más tiempo por verdad, justicia y reparación.

La pacificación del país que ha impulsado el presidente de la República, la liberación de presos políticos, las disculpas públicas que se han emitido durante el año por violaciones graves a los derechos humanos y la Comisión de investigación para el caso Ayotzinapa, son muestra de una voluntad de construir un proceso de justicia transicional que coloque a México a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos. Ello sólo será posible si el Estado mexicano satisface su deuda con las víctimas más antiguas: es la hora de la justicia para las y los jóvenes del 68. La Fiscalía General de la República debe retomar de inmediato las investigaciones que quedaron inconclusas en la extinta Fiscalía especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y generar una investigación consistente que termine con medio siglo de impunidad: verdad, justicia y reparación serán la llave para abrir la puerta de la reconciliación nacional, que tanto necesitamos.

Con información de La Silla Rota

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