Ciudad de México.- Los tres proyectos para desaparecer poderes en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz fueron recibidos en el Senado de la República, pero entraron en el limbo de una "subcomisión" o "grupo de trabajo plural" que tendrá en análisis el tema, por decisión de la Comisión de Gobernación.

Así busca la Cámara alta desahogar las polémicas propuestas para que los gobernadores en turno salgan del poder. Dicha facultad se le otorga al Senado en la fracción V del artículo 76 Constitucional, en materia de desaparición de poderes.

En el caso de Guanajuato, senadores de Morena plantean en el dictamen que la entidad padece una grave crisis de violencia e inseguridad desde hace cinco años, deteriorando progresivamente las condiciones de vida de los pobladores sin que se advierta la presencia o acción del gobierno estatal para brindarles protección.

Los legisladores federales aseguran que se presencia un escenario de "real ausencia del estado de derecho". Señalan que el gobierno del panista Diego Sinhué Rodríguez ha dejado de manifiesto la incapacidad para preservar la seguridad pública y jurídica de la población, así como garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones del estado.

"Es muestra de que el orden Constitucional se ha quebrantado y no es posible que continúen en funciones los poderes de dicha entidad", afirmaron.

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En el caso de Tamaulipas, los senadores de Morena plantean que la tasa de los índices delictivos aumentó de manera inmensa desde que, en 2016, Francisco Javier García Cabeza de Vaca asumió su mandato como gobernador del estado.

Los morenistas afirmaron que actualmente Tamaulipas es una de las entidades federativas más violentas del país donde sus habitantes se encuentran en un estado de vulnerabilidad sin precedentes.

Detallaron que deben enfrentar los estragos causados por el crimen organizado y, al mismo tiempo, están expuestos frente a los cuerpos de seguridad que las autoridades estatales utilizan de manera injustificada para reprimirlos, esto a través del indebido uso de la fuerza y de malas prácticas policiales que son empleadas en nombre de fallidas estrategias de seguridad.

Destacaron como ejemplo que el pasado 5 de septiembre las autoridades locales informaron que policías estatales se enfrentaron con presuntos delincuentes en un domicilio ubicado en Nuevo Laredo, donde aseguraron una camioneta blindada y varias armas de fuego. Sin embargo, el caso derivó en la ejecución extrajudicial de al menos ocho ciudadanos, a quienes presuntamente se les quiso hacer pasar por militares y se les plantaron armas.

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En el caso de Veracruz, donde gobierna el morenista Cuitláhuac García, fueron los senadores del PAN los que solicitaron la desaparición de poderes.

En sus argumentos, los legisladores panistas refieren como caso principal la destitución del fiscal estatal, Jorge Winckler, por lo que piden un informe detallado, debidamente fundado y motivado, sobre las razones por las cuales ha desconocido la personalidad de fiscales que no han sido designados por la encargada de despacho, en asuntos radicados bajo su jurisdicción.

Los blanquiazules solicitan que el Congreso de Veracruz proporcione el expediente relativo al "Acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura que como medida cautelar, control y defensa de la supremacía constitucional, resuelve separar temporalmente al C. Jorge Winckler Ortiz del cargo de Fiscal General del Estado por el presunto incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondiente para la permanencia en el cargo".

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