Autoridades federales están enteradas que desde Sedesol y Sedatu, bajo la conducción de Rosario Robles, fue diseñada una base de datos con  los millones de familias beneficiarias de programas sociales, usando criterios tecnológicos que permitían hacerlas compatibles con programas como “Zafiro” y otros desarrollados para el PRI con el fin de permitir una estrategia que ganara elecciones.

            Según se confió a este espacio, los investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR), que comanda Alejandro Gertz Manero, disponen ya de una montaña de evidencias en el sentido de que la llamada “Estafa maestra” que desvió fondos federales mediante convenios amañados y empresas fantasma, tuvo como propósito esencial canalizar fondos al entonces partido oficial con fines electorales a lo largo del sexenio Peña Nieto.

            Las mismas fuentes aseguraron que en cualquier momento deben surgir más nombres de funcionarios implicados. Algunos de ellos, como se sabe, han acordado con la FGR actuar como testigos protegidos, lo que incluye a José Antolino Orozco Martínez, un personaje hidalguense al que se identifica con Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación y actual coordinador senatorial del PRI.

Orozco fue director general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios en Sedesol, y después jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace en Sedatu, siempre bajo las órdenes de Robles. Sus principales colaboradores identificados fueron Enrique Prado, Sonia Zaragoza, Claudia Morones y René Islas. Hasta donde se conoce oficialmente, ninguno de ellos ha sido incluido entre los imputados por este caso.

            A partir de los datos aportados a este espacio, la cifra original de 21 convenios firmados en Sedesol y Sedatu, todos ellos bajo la conducción de Robles Berlanga, se ha ido incrementando hasta superar los 100. La malversación estimada alcanza ya muchas decenas de miles de millones de pesos.

            Las indagatorias coinciden en que el oficial mayor de Robles en ambas dependencias, Emilio Zebadúa, es constantemente señalado por funcionarios de diversos niveles, así como por directivos de casas de estudios y otras entidades estatales, como el personaje que orquestó la integración de los convenios, la contratación de empresas fantasma y la triangulación de fondos, hasta llegar a retiros en efectivo en instituciones bancarias.

            Zebadúa y presumiblemente integrantes de su círculo personal, utilizaron casas rentadas en zonas como Polanco (una de ellas, en la calle de Tennyson) para citar a rectores, directivos de entidades estatales como sistemas de radio y televisión, entre otros, a los que se planteó el esquema de la operación: Sedesol o Sedatu entregaban una partida multimillonaria mediante convenio, a fin de realizar diversas tareas; la entidad beneficiaria retenía un porcentaje de ese monto, y el con el resto contrataba a una empresa fantasma que le era indicada para supuestamente desahogar el proyecto en cuestión.

            Rectores y funcionarios que aceptaron participar revelaron a los investigadores nunca haber recibido sino solo una parte del monto estipulado en el convenio, aunque los hicieron firmar por el total. Más de un rector ha declarado que rechazaron intervenir en este tipo de acuerdos, y señalaron a los funcionarios de Sedesol y en su momento, de Sedatu, que buscaron su complicidad.

            Juristas consultados expresaron inquietud por el hecho de que hasta ahora sólo Robles esté sometida a proceso penal, no así sus colaboradores clave, con el riesgo de que el caso se difumine y quede en la impunidad. Pero quizá el tema más intrigante resulte el que nadie parezca estarse preguntando si este funcionaria tuvo el poder suficiente para una orquestación de esta magnitud, sin que sus superiores (Presidencia, Gobernación, Hacienda) hayan participado o se opusieran. Es como si al centro del salón fuera colocado un elefante rosa pero todos simulan no verlo.