Xalapa, Ver.- Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de julio de 2019 (ocho meses) Veracruz se posicionó como primer lugar a nivel nacional en denuncias por feminicidio. En promedio, una mujer es privada de la vida por su condición de género cada 48 horas.

En contraste, datos aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE) revelan que entre el 01 de diciembre de 2018 y el 20 de agosto de 2019 (nueve meses) únicamente han sido detenidos 22 presuntos feminicidas. Es decir, más del 81.6 por ciento de victimarios permanecen en libertad.

Este 20 de agosto, Winckler Ortiz rindió un informe sobre el número total de denuncias por feminicidios en la entidad, luego de que la dependencia a su cargo fuera criticada por el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Maldonado, de alterar las cifras ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNS).

Gutiérrez Maldonado acusó que una importante cantidad de casos reportados como feminicidios, a lo largo de las investigaciones incumplen con alguna de las siete hipótesis contempladas en el artículo 367 del Código penal vigente en Veracruz y, no obstante, no son recategorizados como homicidio doloso.

En su respuesta, Winckler detalló el número total de carpetas de investigación iniciadas por feminicidio. Aunque en su ponencia también informó sobre el total de carpetas judicializadas por estos crímenes (59), de personas detenidas (22) y de sentencias (10).

Con base en cifras del SESNSP, en los ocho primeros meses de gobierno de Cuitláhuac García, se han registrado 119 denuncias por feminicidio. Los datos oficiales a su vez, indican que entre junio y julio de 2019 hubo una reducción en este delito del 27.2 por ciento.

Al comparar el registro de denuncias por feminicidios (de diciembre de 2018 a julio de 2019) con el número de acciones emprendidas por la Fiscalía veracruzana, se concluye, en primer lugar, que solo el 18.4 por ciento de probables feminicidas han sido capturados.

Lo anterior, para el abogado penalista Celestino Espinoza Rivera, no garantiza justicia. "El informe juega con la ambigüedad, puesto que mezcla las cifras de detenidos sin hacer una diferenciación entre los detenidos en flagrancia -en donde casi siempre el trabajo es realizado por la policía preventiva- y los detenidos por la ejecución de órdenes de aprehensión, mientras que en cuanto a las carpetas judicializadas no menciona en cuáles se ha logrado la vinculación a proceso ni medidas cautelares adecuadas”.

En lo que respecta a las sentencias obtenidas en el mismo periodo de tiempo (8 meses) se hablaría de solo un 8.4 por ciento de sentencias obtenidas, en comparación con los 119 feminicidios acumulados. Ello, precisó el penalista, sin ignorar que las sentencias pueden derivar de casos de más de dos años de antigüedad, es decir, ocurridos antes del inicio del gobierno de izquierda o que se trate de sentencias obtenidas en el sistema penal tradicional. Ello, apuntó, “Hablaría de trabajo realizado por fiscales conducidos por anteriores titulares”.

En tanto, el propio Winckler Ortiz, reconoció durante su ponencia del pasado 20 de agosto que “El hecho de que hay un solo delito contra mujer sin resolver nos preocupa y nos obliga a redoblar esfuerzos para trabajar mucho más fuerte”.

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Feminicidios que prevalecen impunes; ningún detenido

1.- Empresaria. El 14 de febrero de 2019, se confirmó la muerte de la empresaria Susana Carrera Ascencio, luego de estar una semana privada de la libertad por secuestradores que pedían más de 4 millones de pesos por su rescate. Su cuerpo fue localizado decapitado en la colonia Benito Juárez, en Coatzacoalcos, al sur del estado. Criminales dejaron una cartulina dónde culpaban a la familia por no pagar el rescate de la empresaria.

Por este crimen no hay responsables en prisión, pero tampoco los hay para las autoridades que filtraron a medios tres fotografías del cadáver decapitado de Susana Carrera sobre las planchas del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Coatzacoalcos. Aunque la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) confirmó que abrió una queja de oficio, la Fiscalía Anticorrupción no ha anunciado sanciones administrativas ni penales.

2.- Policía. El 22 de julio, fue hallado el cadáver de Guadalupe Pérez, una oficial administrativa de la policía municipal de Paso del Macho, quien cumplía 72 horas desaparecida.

La víctima fue emboscada mientras conducía su camioneta Tracker color roja, sobre la carretera estatal Atoyac- Córdoba. Su asesinato significó el feminicidio número 107 en el gobierno de Cuitláhuac García.

3.- Taxista. El 29 de marzo, Sara Martínez Sandoval de oficio taxista fue privada de su libertad en Boca del Río, tras ser abordada para un servicio a la localidad de Zempoala, a una hora y media de ese lugar.

El 5 de abril, autoridades confirmaron que el cadáver de la mujer de 46 años fue encontrado a la altura del panteón La Esperanza en la localidad de Paso del Toro, en Medellín de Bravo. El cadáver estaba tapado con varias llantas y presentaba signos de violencia. Este caso tampoco ha sido esclarecido pese a su trascendencia en medios.

4.- Petrolera. El 15 de agosto fue hallado el cuerpo de Silvia “N”, de 25 años de edad, calcinado en un basurero clandestino ubicado a un costado de la autopista Minatitlán/Villahermosa, cerca del puente Coatza 2.

La autoría del feminicidio gira en torno a la ex pareja de la joven, identificado como Aldo, obrero del Complejo Petroquímico Cosoleacaque.  Fuentes indicaron que el individuo amenazó públicamente y en repetidas ocasiones a Silvia, quien trabajaba en la refinería "Lázaro Cárdenas del Río".

5.- Maquillista. El 13 de agosto, el cuerpo de Amairani Batiza, de apenas 22 años de edad, fue localizado a la altura de la comunidad de Simón Tiburcio, en el municipio de Papantla. La víctima cumplía 56 días desaparecida.

El cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición. Pobladores dieron aviso a autoridades, luego que observaron a un perro olfatear los restos, depositados en una bolsa negra. La víctima fue asesinada a golpes.

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