Xalapa, Ver.- A cuatro meses de que se termine su periodo de tres años al frente el Tribunal Superior de Justicia (TSJE), el magistrado Edel Humberto Álvarez Peña pelea por justificar la legalidad en la designación de magistrados comisionados en diversas salas como respuesta a la falta de nombramiento de 13 togados que se ha aplazado por más de un año.

Ahora, el magistrado incluso podría recibir una denuncia penal por abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, al asumir facultades que la Ley no le otorga y que son del Poder Ejecutivo y del Congreso, según opinaron abogados.

Esto debido a que los fallos emitidos por los “magistrados suplentes” están siendo rebatidos ante jueces federales, quienes ya están concediendo amparos a los quejosos que argumentan que los togados comisionados no están legitimados.

Apenas el pasado 3 de junio el presidente del TSJE y del Consejo de la Judicatura se dijo dispuesto a repetir en el cargo, si el pleno “así lo determina”.

“Yo estoy tranquilo, no creas, mis nietos me llaman”, ironizó tras conseguir que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, aceptara el proyecto de las ciudades judiciales que orquestó en la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Al inicio de su sexenio, el diciembre de 2018, el mandatario morenista aseveró que no se reunirá con el presidente del Poder Judicial hasta descartar las sospechas que tenía en su contra por posibles actos de corrupción en ese y otros proyectos, de ahí que el mismo Álvarez Peña calificó como un logro el cambio del Ejecutivo.

Sin embargo, según abogados como Jorge Reyes Peralta, los amparos de la justicia federal contra las resoluciones de “los magistrados suplentes de Edel” demuestran que es urgente un cambio en el TSJE.

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En riesgo reelección

Álvarez Peña, elegido en 2016 para el cargo, ha sido criticado por sus filias partidistas, ya que se declaró abiertamente priista en 2010, cuando el entonces gobernar Fidel Herrera Beltrán lo propuso para el cargo.

Luego apoyó al titular del Ejecutivo, Javier Duarte de Ochoa, a pesar de los señalamientos de corrupción y desvío de recursos durante su administración; posteriormente logró estar entre los afectos del panista Miguel Ángel Yunes Linares y ahora con el actual mandatario morenista, Cuitláhuac García Jiménez, la relación había sido más bien fría en un inicio.

Tras conseguir el respaldo de Cuitláhuac para la construcción de 26 ciudades judiciales con una inversión de mil 600 millones de pesos, Álvarez Peña encaminó públicamente para buscar su reelección, destacando que “es un soldado” en el Poder Judicial.

Apenas 2 meses después Álvarez Peña ahora enfrenta la mayor crisis en cuanto su trabajo al frente del Tribunal Superior de Justicia, pues el juez segundo de distrito del séptimo circuito con residencia en Xalapa, Alejandro Quijano Álvarez, determinó que el nombramiento de magistrados temporales en salas de justicia se hizo de manera indebida, puesto que esta atribución es únicamente de los legisladores y el Gobernador.

Ya desde la pasada Legislatura, diputados de Morena habían advertido sobre la intención de Edel para hacer estos enroques sin que tuvieran sustento legal; incluso, anunciaron que tomarían acciones legales en su contra.

Pese a ello, Álvarez Peña vio la oportunidad de imponer a sus magistrados luego de que el entonces mandatario Miguel Ángel Yunes decidió no enviar sus propuestas de magistrados para cubrir las vacantes en el Poder Judicial al final de su bienio.

El entonces diputado electo y actual presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, advirtió que, de lograr las designaciones, el Poder Judicial del Estado podría incurrir en responsabilidades legales, lo cual fue corroborado este martes por parte del juez en Xalapa.

El juez segundo de distrito de Veracruz, Alejandro Quijano Álvarez, resolvió que la forma en la que fue integrada la sala no cumplió con las ordenanzas legales establecidas en la Constitución, y fue más allá al señalar que las sentencias emitidas por estas salas debe ser sujetas a revisión, toda vez que sus integrantes no tienen el perfil para realizar sentencias.

La respuesta del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado fue casi inmediata pues apenas unas horas después de hacerse público el fallo envió un comunicado para sostener que no existen irregularidades en la comisión de jueces como ponentes en las salas de dicho tribunal.

“Nosotros estamos actuando conforme a la Ley; no hay nada ilegal ni irregular en la comisión del personal en las ponencias de sala; estamos trabajando todos los días para atender los asuntos en trámite porque no podemos detener ni postergar la impartición de justicia; el asunto que se ha referido no lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino un juzgado de distrito”, argumentó.

E incluso intentó basar su decisión en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin hacer referencia a cuál se refiere, en la que asegura que los tribunales colegiados de distrito pueden ser integrados con un magistrado titular y dos secretarios en funciones de magistrado, aun cuando uno haya sido designado por el Consejo de la Judicatura Federal y otro por el propio tribunal.

No obstante, aceptó que revisarán el sentido de la resolución del amparo que generó la determinación del juez segundo de distrito del séptimo circuito y que está basado en un caso de un sentenciado por violación sexual en agravio de una menor, que había logrado compurgar su pena y que los integrantes de la sala echaron abajo. 

“Los amparos son algo natural, forman parte de la propia labor jurisdiccional; nosotros los atendemos y los vemos conforme van llegando; es parte del derecho que tienen los justiciables; desde luego, que vamos a revisar el sentido de esa resolución, pero lo que puedo decir es que hemos actuado siempre dentro del marco de la ley”.

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Habría responsabilidad penal de Edel Álvarez

Pese a los intentos de justificar la designación de jueces como magistrados, Edel Humberto Álvarez Peña habría incurrido en dos responsabilidades de tipo penal, de acuerdo con el abogado Jorge Reyes Peralta.

Esto incluso podría derivar en una denuncia contra el actual magistrado presidente del Tribunal con alcances no solo para sus aspiraciones de reelección sino con impactos en su carrera y vida personal.

“Con la conducta que está asumiendo el magistrado Edel Álvarez se podría presentar una denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad y de ejercicio indebido del servicio público”.

No obstante, el abogado descartó que sea posible que todas las sentencias emitidas por las salas del TSJ vayan a quedar nulas o canceladas por esta decisión del juez federal, pero advirtió que “le dieron hasta con la cubeta” a Edel porque “bien merecido se lo tiene”, ya que el Tribunal no trabaja como debiera.

“Maneja el Poder Judicial como una oficina de las empresas periodísticas que tiene y no como un Poder Judicial del estado, se le fueron encima porque se pone al descubierto que un juez federal dice que no está trabajando el Tribunal como lo debe hacer, con magistrados nombrados como marca la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado”.

Señala que el amparo otorgado por el juez federal no tiene efectos inmediatos, de manera que puede ser revisado por tres magistrados federales que deberán determinar sobre este.

“El amparo no beneficia a la colectividad ni se van a anular todas las sentencias que han hecho porque el amparo solo beneficia al que lo promueve, no es un amparo colectivo, se ha distorsionado mucho esto”.

Reyes Peralta indicó que el gobernador Cuitláhuac García debe cumplir con su responsabilidad de enviar las propuestas para cubrir las vacantes en el Poder Judicial del Estado, ya que dijo ni siquiera se tiene claridad en si son 13 o 16; además de que esto serviría para evitar el manejo arbitrario con el cual es usado el Poder Judicial de Veracruz.

Aun así, otros abogados vieron una falla en la designación de los magistrados comisionados y han comenzado a buscar amparos para sus clientes, como en el caso del vicepresidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz, Rubén Hernández Vázquez.

Detalló que en su calidad de defensor promovió un amparo indirecto (754/2019) ante el juzgado décimo séptimo de Xalapa, en contra de la determinación de la segunda sala especializada en materia de familiar del TSJ por negar la posibilidad de amparo a su cliente en torno al caso de sucesión testamentaria en la que la sala habría modificado el resolutivo dictado anteriormente.

“Son nombramientos que no tiene fundamento, no existe en la ley que el magistrado presidente pueda nombrar a otros magistrados porque para que los magistrados puedan cumplir con su encargo primero tienen que rendir una protesta ante el Congreso del Estado, si no rinden esa protesta no se les faculta para que puedan ejercer (...) los magistrados suplentes no fueron nombrados ni de acuerdo a la ley ni rindieron la protesta”.  

El argumento es el mismo con que el juez federal determinó: el magistrado provisional Gustavo Beristaín Bazán, que revisó el caso en sustitución de la magistrada Irma Dinorah Guevara Trujillo, no cuenta con facultades para emitir o realizar proyectos de sentencias pues fue nombrado por Edel Humberto Álvarez Peña, que, de acuerdo con el abogado, tampoco tiene las facultades para nombrar a magistrados.

“Manifiesto que no tiene facultades para poderlo hacer, es cierto que hay una omisión de un deber legal por parte del Gobernador para que haya magistrados, pero también es cierto que ante esta situación el magistrado presidente no puede violar la ley y nombrar magistrados a quienes quieran”.

En el documento Hernández Vázquez señala que los magistrados en retiro están facultados para seguir trabajando, como provisionales, mientras no se designan a los magistrados por parte del Congreso del estado y el gobernador.

“Los cuales, si bien no pueden ser designados como titulares para integrar sala, sí es posible designarlos magistrados suplentes o provisionales hasta en tanto se designa el magistrado que ocupará la vacante definitiva de magistrado, con lo anterior no se viola la ley ya que los magistrados en retiro no están imposibilitados a trabajar, solo tienen el derecho de aceptar o negarse o realizar esa labor judicial”, dicta la solicitud de amparo.

El abogado señaló que, aunque la jubilación o retiro de los magistrados debió preverse esto no da pie para que el magistrado presidente Edel Álvarez haya decidido designar magistrados sin tener fundamento legal para hacerlo. 

“Se tenía que haber previsto, fue algo irresponsable haberlo hecho así, pero independientemente de eso, los magistrados pueden seguir como magistrados provisionales porque ya rindieron protesta y están facultados”.