Xalapa, Ver. – La propuesta para reestructurar la deuda pública del Gobierno del Estado incluye 11 créditos bancarios, 10 de ellos heredados por Miguel Ángel Yunes Linares y uno de Javier Duarte de Ochoa, así como la solicitud para contratar un préstamo por 996 millones 848 mil pesos, para constituir un fondo de reserva.

El proyecto de decreto, al que se le dio entrada en la sesión de este jueves 25 de julio y que se turnó a comisiones, plantea emitir una licitación para que alguna institución de crédito ya sea privada o de desarrollo, otorgue nuevos préstamos y se pueda liquidar lo heredado.

El proyecto establece que se dejarán como garantía de pago los 34 mil 730 millones 561 mil pesos que se ingresan anualmente como Fondo de Participaciones Generales, y que se cada año aumenta.

La iniciativa plantea licitar la deuda bancaria que asciende a 41 mil 769 millones 280 mil 619.08 pesos y pedir mil millones de pesos adicionales para constituir los fondos de reserva del o los créditos o financiamientos que, en su caso, se contraten para refinanciar la deuda bancaria del gobierno.

Se plantea que, si este año no se consolida la contratación de los nuevos préstamos, la autorización se extenderá hasta el 2020.

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Se tendrá que desaparecer el fideicomiso que creó Banobras en el año 2017 y que se usó para garantizar el pago de los créditos; y establece que el monto para negociar la reestructuración no podrá ser mayor al 2.5 por ciento de lo contratado, es decir, poco más de 800 millones de pesos.

Adicional a los créditos contratados en los años 2017 y 2018, cuatro con Banobras, dos con Santander, y uno con Multiva, Banorte, Interacciones y Monex, se integró uno convenido en 2015 -periodo de Javier Duarte- que comprometía los ingresos del FAFEF por 4 mil 501 millones de pesos.

La iniciativa de García Jiménez establece que se busca una estructura de deuda “más flexible, más eficiente, con un mejor equilibrio y menor costo, así como mejoras de liquidez que fortalezcan las finanzas estatales y permitan canalizar mayores recursos a cubrir las necesidades de inversión prioritarias de la entidad y a la mejora de los servicios públicos”.

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Se plantea bajar el plazo máximo de pago a 20 años, cuando en este momento hay préstamos a 30 años, y la posibilidad de contratar garantías de pago oportuno, con cualquier institución financiera, por un monto equivalente al 30 por ciento del monto del o los financiamientos que se celebren.

“En caso de celebrarse dos o más créditos, se podrán contratar tantas garantías parciales como créditos se celebren, las cuales serán constitutivas de deuda pública a cargo del Estado y contarán con la misma fuente de pago de los financiamientos que garanticen, es decir, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones”.

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