Xalapa, Ver. - En su estación de Acayucan, el Instituto Nacional de Migración (INM) busca mantener en la opacidad las agresiones que se han registrado contra migrantes y las condiciones en la que se encuentran hacinados unos 3 mil indocumentados.

La falta de transparencia de la dependencia federal, ha cerrado las puertas de estas instalaciones a instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), lo que va en contra de la Ley de atención a personas migrantes y sus familias para el Estado.

A la fecha la CEDH ya inició investigaciones por 4 quejas de migrantes y 2 quejas de oficio por “ataques a la integridad personal” perpetrados en la estación migratoria en contra de los extranjeros en tránsito. Pese a esto el cerco aplicado por las autoridades migratorias mantienen cerradas las puertas para la Comisión que se ve imposibilitada a realizar sus investigaciones e incluso para los abogados de las víctimas.

De esta situación ya está enterado el contralmirante retirado de la Secretaría de Marina-Armada, Raúl Alberto Paredes Hernández, quien apenas el pasado 4 de julio rindió protesta como delegado del INM en Veracruz, en sustitución de Édgar González Suárez, fecha en que aseguró que su reto en el cargo sería “garantizar la seguridad de los migrantes”.

En el texto “Entre excremento, el INM tiene a migrantes en estación de Acayucan” publicado el 15 de julio en E-Consulta Veracruz, se evidenció que miles de migrantes centroamericanos y caribeños se encuentran en condiciones insalubres, luego de que las autoridades del Instituto en Acayucan optaron por negarles la posibilidad de buscar asilo y mantenerlos retenidos en algunos casos desde hace 40 días.

En cuanto a la estancia de los indocumentados el órgano de la Secretaría de Gobernación de la Federación a cargo de Paredes Hernández condicionó el agua potable a los viajeros, quienes no pueden bañarse y tienen que hacer sus necesidades en baños repletos de heces fecales, lo que consta en imágenes filtradas por los propios indocumentados.

A ello se suma la entrega de alimentos en mal estado y la aplicación de castigos como dormir en el suelo después de que organizaron una huelga de hambre como medida de protesta ante los maltratos.

Tras las quejas y denuncias interpuestas por los afectados algunos abogados de los indocumentados y autoridades locales como representantes de la CEDH buscaron ingresar al inmueble, no obstante, el INM argumentó haber aplicado “nuevos lineamientos” para negarles el acceso, especialmente a personal de la CEDH que acudió la estación migratoria de Acayucan a partir de las quejas que ha recibido.

Al respecto, la presidenta de la Comisión, Namiko Matzumoto Benítez refirió que el INM les niega el acceso desde hace mes y medio, sin importar que esta nueva “política” va en contra de la Ley de atención a personas migrantes y sus familias del Estado.

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Dicho marco legal establece en su artículo 45 que corresponde a la CEDH recibir y atender las quejas presentadas por agravios contra migrantes; así como brindarles asesoría legal para la realización de trámites ante las autoridades migratorias, para la presentación de denuncias y para el ejercicio de sus derechos de acceso a la justicia ante las agencias de procuración y administración de justicia.

Además, la Comisión debe de vigilar que la atención que se brinda en los albergues y casas de migrantes establecidos en la entidad sea respetuosa de los derechos humanos y vigilar se respeten las garantías de los migrantes cuando éstos sean detenidos por autoridades estatales o municipales por la comisión de delitos o faltas administrativas.

"Anteriormente visitábamos la estación migratoria de Acayucan con el objetivo de verificar las condiciones en las que permanecían los migrantes en este lugar, pero desde aproximadamente mes y medio no le permiten la entrada a personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)", reiteró Namiko Matzumoto en entrevista y refirió que dicha negativa la dictó el área jurídica de la estación.

El justificante del INM es la entrada en vigor de nuevos lineamientos, los cuales, solo permiten el acceso de visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia que siempre ha respaldado a la Comisión local en sus recorridos.

Ante tal situación, la Comisión Estatal envió un oficio al encargado de la Estación Migratoria Acayucan en el que insistió en la facultad de la defensoría local para ejecutar procedimientos a favor de los retenidos.

De ese oficio, comentó Matzumoto Benítez, no existió respuesta. Por lo tanto, se solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos recabar quejas dentro de la estación contra servidores públicos estatales y remitirlos al órgano veracruzano.

"El día viernes de la semana pasada, en colaboración con la CNDH, asistió el delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Anselmo Cruz Mendoza) y nuevamente le fue negada la entrada, aduciendo los nuevos lineamientos que nosotros desconocemos hasta la fecha”, dijo.

“En el primer oficio pedí que nos dijeran su fundamento legal por el que nos negaban la entrada a la estación migratoria, se le hizo al superior jerárquico y estamos a la espera de que nos digan las razones por la que a la Comisión Estatal le impiden el acceso a la estación", agregó la presidenta.

Ante este escenario ya intervino el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con sede en Ixtepec, Oaxaca, Carlos Cabrera Simón, para gestionar una visita conjunta de la CNDH con su homóloga estatal para la siguiente semana, es decir a casi dos meses de que comenzaron las denuncias de irregularidades en la estación.

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Estación de Acayucan viola Derechos Humanos y se encubre

Previo a la negativa del INM para abrir sus puertas en Acayucan, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió solicitudes de intervención, orientación, gestoría y la expedición de cartas de vulnerabilidad por parte de los indocumentados, quienes buscaban garantizar su trámite de regularización ante el INM.

"Previo a esto, nosotros habíamos estado ya recibiendo solicitudes de intervención, orientación, gestoría y la expedición de cartas de vulnerabilidad que les apoyan para su trámite de regularización ante el Instituto Nacional de Migración y esto lo hacemos en una vía de colaboración con los cónsules para verificar la nacionalidad de las personas y a través de esto extender las cartas de vulnerabilidad", explicó Matzumoto Benítez.

Incluso la Comisión Estatal recibió cuatro quejas formuladas por inmigrantes y dos de oficio, estas últimas por agresiones a la integridad personal de los extranjeros en tránsito.

"Tenemos hasta ahora cuatro quejas interpuestas por migrantes y dos quejas que se abrieron de oficio por situaciones que involucran ataques a la integridad personal, todas las quejas están en integración y nosotros esperamos que se supere esta circunstancia que impidan que personal de la CEDH pueda hacer revisiones de las condiciones de la estación migratoria porque no hay una razón jurídica para que lo impidan, hasta donde entiendo fue el área jurídica de la estación quien señaló que no iba a permitir la entrada y dio la instrucción de que no se permitiera la entrada de personal de la CEDH".

A lo anterior, Matzumoto Benítez agregó el oficio dirigido al delegado del INM en Veracruz, en el cual le solicita sustentar jurídicamente la negativa del acceso de la Comisión Estatal a la estación de Acayucan; aunque desde su punto de vista no existe razón jurídica para violentar los derechos migrantes.

"No hay ninguna razón para vulnerar derechos humanos, esa es la respuesta clara y contundente, no hay razón para vulnerar derechos humanos, aun cuando la circunstancia migratoria de estas personas sea irregular, una vez que ingresan al territorio mexicano gozan de todos los derechos por disposición constitucional, no hay razón para vulnerar derechos humanos, puedo entender que la estación está rebasada en su capacidad pues quienes están al frente de la estación tienen la obligación de realizar las gestiones necesarias para que la estancia de los migrantes sea una estancia digna", opinó.

A la vez, Matzumoto Benítez enfatizó que a los migrantes no se les puede negar su derecho de solicitar asilo político, siempre y cuando reúnen las condiciones para acreditar tal estatus.

"Lo que no se les puede negar el derecho a que soliciten el estatus de refugiado, asilado, corresponderá a las comisiones determinar si reúnen las condiciones para darles el asilo, porque el refugio es una calidad que se adquiere de facto y esas decisiones deberán asistir a las instancias jurisdiccionales correspondientes, (…).

"Todos los migrantes deben considerarse como un grupo vulnerable porque nadie sale a migrar por gusto sino por mejores condiciones de vida, así que, sin importar la nacionalidad del migrante, el solo hecho de ingresar a un país sin cumplir con los requisitos legales implica un grado de vulnerabilidad", externó.

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