Con todo y las artimañas utilizadas para mantener el control de Acción Nacional en Veracruz, al grupo yunista y a su títere José de Jesús Mancha Alarcón no les será tan sencillo sostenerse.

El gobierno de Veracruz inició una investigación sobre los millonarios contratos otorgados durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares a empresas ligadas al impugnado –porque el proceso en contra de su reelección aún será llevado hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- dirigente estatal del PAN, lo que podría resultar en abuso de autoridad, tráfico de influencias y los delitos que surjan.

Los contratos en cuestión fueron otorgados por las secretarías de Desarrollo Social y de Infraestructura y Obras Públicas a las empresas Biodiversidad del Golfo S.A. de C.V., Izal Inmobiliaria S.A. de C.V. y Multiservicios El Elemento S.A. de C.V., en las cuales funge como propietaria, entre otras personas, la esposa de José Mancha Alarcón, la diputada local del PAN Monserrat Ortega Ruiz.

El monto que está sujeto a la indagatoria asciende a 52.2 millones de pesos. Pero habrá que recordar que este caso no es nuevo. Ya había sido ventilado en los medios en 2018 y el monto total de lo asignado a dichas empresas por el régimen yunista es de más de 70 millones de pesos, ya que incluye contratos concedidos por la Fiscalía General del Estado y por la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, que en ese momento era controlada por la bancada de Acción Nacional.

Por ahora, esos contratos no forman parte de lo que se someterá a la investigación que encabeza la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General del Estado, dependencias que determinaron que existirían violaciones a las leyes General de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de Obras y Adquisiciones del Estado.

Junto con José Mancha y Monserrat Ortega, la indagatoria también incluiría determinar la responsabilidad que tendrían en la autorización de esas transacciones irregulares los ex titulares de las dependencias respectivas, que para entonces eran los ahora senadores de Acción Nacional Indira Rosales San Román y Julen Rementería del Puerto.

Ahora bien, que sean los panistas investigados no quiere decir que necesariamente vayan a ser imputados. Menos aún, con un fiscal general como Jorge Winckler Ortiz, quien es integrante del mismo grupo político yunista y que, como resulta evidente, no procederá en su contra por ningún motivo. Exactamente igual como no lo hizo cuando salieron a la luz los “negocitos” de Mancha al amparo del poder durante el pasado bienio.

A menos, claro, que en los contratos que les fueron asignados a los Mancha Ortega por obra y gracia de su militancia panista se haya dispuesto de partidas presupuestales provenientes de programas federales, ya que en ese caso, le correspondería proceder a la Fiscalía General de la República que, como hemos visto, en estos días anda con la espada desenvainada.

Lo increíble es que aún a sabiendas del desprestigio social que carga el PAN por su asociación con la corrupción de regímenes anteriores, los militantes de ese partido político sostengan como líder a un personaje impresentable como José Mancha Alarcón y permitan que los Yunes sigan mangoneando a un instituto político que alguna vez fue honorable.

En el pecado llevarán la penitencia.

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