Xalapa, Ver. -La muerte de 29 mujeres, en un periodo de 55 días, obligó al Gobierno estatal y al Congreso local a tomar medidas urgentes para evitar la violencia feminicida. Veracruz se ubica como la segunda entidad con más asesinatos por condición de género.

Este viernes 25 de enero se presentó el programa Cero Tolerancia a la Violencia contra Mujeres y Niñas, en el que se pidieron acciones coordinadas del Gobierno estatal, federal y municipal. Feministas exigieron que superen los cursos de capacitación a funcionarios públicos y campañas publicitarias con motivo del día naranja y se cumplan con las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a los tres poderes de gobierno.

La nueva administración estatal anunció con bombo y platillo la implementación de un programa para erradicar la violencia contra el 52 por ciento de la población del Estado, pero no se delineó ninguna acción para evitar la muerte de mujeres.

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Este jueves 24 de enero el Congreso local presentó un anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado a implementar acciones de seguimiento a las dos Alertas de Género decretadas para Veracruz.

Diputadas del PRI y Verde, respaldadas por todas las fracciones parlamentarias, pidieron a Cuitláhuac García atender y concretar las recomendaciones de la Conavim, que se tienen pendientes desde el 2016 y 2017, cuando se decretó la alerta por violencia feminicida y por violencia equiparada.

La falta de resultados llevó a Morena, partido en el gobierno, a plantear desde la Cámara local crear una comisión especial para supervisar el avance en las recomendaciones. El tema sigue en análisis.

Por su parte, en el evento de protocolo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez propuso “visibilizar” el fenómeno al dar a conocer el nombre de cada una de las mujeres asesinadas, lo que implica revictimizar a las mujeres; además presumió el “bonito catálogo” para implementar acciones tendientes a reducir la violencia.

Alertó de la saña con la que se mata a las mujeres, lo que en su opinión es generado por la impunidad que prevalece en ese tipo de delito por la falta de resultados de la Fiscalía General.

A nombre del gobierno federal Alejandro Encinas, ofreció todo el apoyo para “erradicar la violencia” en la entidad; y coincidió que la falta de sanción a los responsables de la violencia contra las mujeres fomenta el delito.

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Académica exigió trabajo coordinado, mujeres no son botín político

En el evento, al que asistieron autoridades federales, de organismos internacionales y activistas, reprocharon que el tema se use como botín electoral; que los partidos sigan pensando en acciones pro mujeres en base a la rentabilidad política.

Se argumentó que ya no es momento de promesas, pues el periodo de campaña ya pasó, ahora se deben plantear acciones concretas para garantizar -a mujeres y niñas- una vida libre de violencia.

La académica de la Universidad Veracruzana y coordinadora del Observatorio de las Violencias contra las Mujeres, Estela Casados González, acusó que la muerte de mujeres representa un crimen de Estado, por la indolencia de los gobiernos de los tres niveles que no actúan ante la violencia feminicida: “no conseguirán más votos riñendo entre sí, mientras asesinan a las ciudadanas”.

La estadística del Sistema Nacional de Seguridad revela que, en el 2018, 380 mujeres murieron por su condición de género, lo que implica 33 muertes en promedio al mes. “Todo ha ocurrido en medio de una declaratoria de alerta por violencia feminicida que se decretó el 23 noviembre 2016”, insistió.

El reproche de la activista generó constantes aplausos durante su discurso, en el que denunció la ausencia de un mecanismo coordinado sólido y bien articulado para atender la emergencia que ha cobrado más vidas cada año.

“Apenas se percibe el desdén por la vida de las veracruzanas”.

Las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Seguridad revelan que, en la primera década del año 2000, que incluye al gobierno de los priistas Miguel Alemán y Fidel Herrera, se reportó la muerte de 728 mujeres. En 2016 -último año de Javier Duarte- la cifra reportada es de 137 averiguaciones ministeriales.

“Cada año y al inicio de la administración se caracteriza por un incremento de violencia hacia las mujeres. No es con capacitación a funcionarios o campañas en redes sociales, en el marco del día naranja, como se va a erradicar la violencia”, expresó en el evento público.

 La académica alertó que la tendencia histórica revela que este 2019 no pinta nada bien para las mujeres, pues durante la transición de los gobiernos han aumentado los ataques, por lo que pidió acciones concretas, más allá de las disputas políticas.

Además de etiquetar un presupuesto para atender las alertas, urgió a implementar una estrategia de seguridad específica que responda a las necesidades de la población del estado.

Cuitláhuac presume que en un mes logró reducir la estadística

En su oportunidad el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, presumió que en el primer mes de su gobierno solo se reportaron 19 asesinatos por condición de género, cuando el resto del año se registraron en promedio 33 feminicidios.

Se comprometió a responder a las obligaciones generadas por las dos alertas de violencia de género y mencionó que -el anuncio de este viernes 26 de enero- tenía por objetivo poner en marcha todo el aparato gubernamental, a los ayuntamientos, y exhortar a los poderes Legislativo y Judicial a erradicar la violencia feminicida que prevalece en la entidad.

García Jiménez dijo que de nada sirven eventos para la toma de fotos sin acciones concretas, pero evitó dar a conocer el programa estatal.

En medio de una polémica nacional por la asignación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), anunció que dentro de las ternas que remitirá al Congreso local dará prioridad a mujeres.

Federación reprocha el nulo trabajo del poder Legislativo

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aprovechó su participación como orador para reclamar a la pasada Cámara su falta de atención a la segunda alerta, por agravio comparado.

Los avances en derechos humanos no están a discusión, ni se pueden minimizar por ideales políticos o partidistas, como ocurrió en la 64 legislatura; los legisladores olvidaron que en ese caso no hay negociación posible.

“También hubo una segunda declaratoria de alertar por agravio comparada que obligaba a hacer reformas legislativas de fondo por parte del Congreso local que no se ha cumplido y que, lamentablemente, lejos de atender esta alerta, se soltó un combate jurídico, argumentando -el Congreso local- que nadie podría obligarle a legislar de determinada manera, y se equivocan”.

Los derechos se ejercen y se cumplen, no están a “contentillo” de ninguna autoridad, ni de ningún partido, por lo que pidió a la nueva mayoría cumplir con su responsabilidad de fortalecer las capacidades institucionales.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género, pidió a la pasada Cámara ampliar las causales del aborto y establecer la semana 12 como límite para la interrupción legal del embarazo.

La negativa de los legisladores a reformar la ley secundaria llevó el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien aún no se ha pronunciado al respecto.

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