Xalapa, Ver. - Las fracciones del PRI y Juntos por Veracruz en el Congreso local, respaldaron la postura del Morena, que pidió se clarifique la subasta de más de 400 vehículos y maquinaria de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), que se autorizó el pasado 15 de febrero.

En respaldo al anteproyecto de punto de acuerdo que presentó el coordinador de Morena, Roberto Zenyazen Escobar, los legisladores del tricolor pidieron que el dinero que se va a recaudar se deje en caja para la próxima administración.

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De esa manera el nuevo gobierno, que encabezará Cuitláhuac García Jiménez, contaría con fondos para el pago de salario, aguinaldo y pensiones para la burocracia, ya que el cubrir con las prestaciones de ley implican un alto costo para la administración pública.

Desde la máxima tribuna, pidió información detallada sobre el nombre de los participantes, el monto recaudado y la aplicación de recursos obtenidos tras la venta. De esa forma se dará cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Transparencia.

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La ley regula los procedimientos administrativos de enajenación de bienes muebles “y están fuera de ese marco jurídico, la venta del parque vehicular y la maquinaria pesada a precios sospechosos, hechos que irritan a la población, y no es con estos actos de sabotaje como se recuperara la confianza ciudadana, evitemos subastas, todavía faltan 71 unidades vehiculares y maquinaria pesada”, planteó en la sesión ordinaria de esta martes 27 de septiembre.

Escobar, criticó el avalúo que realizaron los peritos, que establecieron montos de venta de risa, “una camioneta Chevrolet Pick-Up 2007 con un precio de 4 mil pesos, lo que demuestra que el Gobierno estatal malbarata el parque vehicular con el que se cuenta”.

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Un volteo Remada 2004 el cual tiene un costo promedio de mercado de 330 mil pesos, se ofrece por un precio de 112 mil 200, un 66 por ciento por debajo del valor de mercado.

Lo irregular del proceso de venta y subasta, radica que los avalúos sobrepasaron el periodo permitido por la ley, “Y nos llama fuertemente la atención que haya sido la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía, la que haya emitido dichos dictámenes, donde no sabemos el perfil ni la capacidad profesional para emitir avalúos fuera de un procedimiento judicial. Esta situación nos genera sospecha”.