Estefanía Murillo | La Silla Rota

Senadores y diputados de la LXIII Legislatura llegan a la recta final de su ejercicio como legisladores con una gran lista de pendientes, entre nombramientos, leyes y reformas, algunas de las cuales ocupan la "congeladora" desde el año 2014.

Con apenas ocho sesiones por delante, las Cámaras de Senadores y de Diputados trabajan a contrarreloj para desahogar una robusta agenda que de no concluir tendrán que resolver en periodos extraordinarios, o de lo contrario heredar los asuntos a los legisladores que resulten electos en julio próximo.

Temas como Mando Mixto Policial, robo de hidrocarburos, además de los nombramientos del Fiscal General, Fiscal Anticorrupción, de 18 magistrados que también forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), titular del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), son sólo algunos de los temas que deberán resolver antes del 30 de abril, según el compromiso que asumieron en la primer semana de marzo las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso.

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LOS NOMBRAMIENTOS PENDIENTES:

Fiscal General de la República

La reforma constitucional en materia político-electoral del 2014 incluyó la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Fiscalía General de la República, un órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio.

Para lograr la transición hacia la nueva Fiscalía se requiere de una ley orgánica que defina su funcionamiento, la cual está pendiente en el Senado desde diciembre de 2014 cuando la Cámara de Diputados avaló un proyecto en ese sentido.

Aunado a ello está pendiente, en la mayoría de los Congresos locales de las entidades federativas, la reforma constitucional del artículo Decimosexto Transitorio que aprobó el Congreso en diciembre pasado, a fin de eliminar el ´pase automático´ para fiscal General de la República a quien ocupe el puesto de procurador General.

Mientras estén en suspenso tanto la reforma como la ley orgánica, el nombramiento del fiscal General de la Nación no podrá ser una realidad.

Fiscal anticorrupción

Otro nombramiento que está pendiente y que también deriva de las reformas constitucionales de 2014 es el del titular de la Fiscalía Anticorrupción, principal brazo operativo del Sistema Nacional Anticorrupción, en temas como transparencia, rendición de cuentas, investigación de actos de corrupción, así como aplicación de sanciones.

Este asunto se pretendía desahogar desde el año pasado, no obstante se complicaron las negociaciones tras las denuncias de los partidos de izquierda, que aseguraban un intento de "repartición de fiscales" entre las fuerzas mayoritarias del PRI-PVEM con el PAN.

Esta designación estará en suspenso en tanto no se definan el diseño, funciones y características de la Fiscalía General de la República.

Magistrados anticorrupción

Pendientes, también en el Senado, se encuentran los nombramientos de los 18 magistrados que forman parte del SNA y que ya fueron propuestos por el presidente de la República.

La Cámara de Senadores deberá cumplir con los principios de transparencia, parlamento abierto y máxima publicidad para eventualmente ratificarlos. De observar que alguno o algunos no cuenten con los conocimientos jurídicos, el perfil, la honorabilidad ni la experiencia para ocupar el cargo, la petición es que sus nombramientos se rechacen a efecto de que el Ejecutivo Federal designe a otros candidatos en su lugar.

Nombramientos en el INAI

Abierta en la Cámara alta también están las convocatorias para ocupar titularidad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cargo que dejó Ximena Puente, hoy candidata del PRI a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal.

Además en el INAI hay dos vacantes para integrar el Consejo Consultivo. Estos nombramientos también le competen al Senado de la República.

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INICIATIVAS QUE ESTÁN EN LA CONGELADORA:

Otros temas que han ocupado la agenda legislativa desde hace más de tres años, tienen que ver con asuntos en materia de seguridad como el Mando Mixto Policial y el combate al robo de hidrocarburos, que desde octubre de 2017 tanto senadores como diputados se comprometieron a avalar.

Mando Mixto Policial

Para senadores y diputados del PAN y del PRD, una de las prioridades en la agenda por casi tres años ha sido el Mando Mixto Policial, proyecto que derivó de la iniciativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2014 tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que actualmente está atorada en San Lázaro.

El proyecto fue aprobado (con cambios) por el Senado en junio de 2016, y aunque contó con el aval del PRI y del PVEM en la Cámara baja, tuvo un rechazo de estas fuerzas a las que se sumó Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social.

Los senadores establecieron que las corporaciones de Policías Municipales no desaparecerían como lo sugirió el presidente, sino que se coordinarían con fuerzas estatales de seguridad. Creaban además un Sistema Nacional de Seguridad Pública que propondría indicadores para la evaluación y supervisión de las corporaciones policiales. Es decir, se acordó un "mando mixto" y no un "mando único" como lo sugirió el Ejecutivo federal.

Es justo esta diferencia de visiones la que frena el tema.

Debido al rechazo que terminó por sepultar la minuta, ambas Cámaras del Congresoacordaron realizar una consulta popular en las urnas junto a las elecciones de 2018, sobre si el ciudadano desea el Mando Único o el Mando Mixto para los cuerpos policiacos del país.

Robo de hidrocarburos

Aunque es un tema que ha ocupado el debate en el Congreso desde 2014, fue en abril de 2017 cuando la Cámara de Diputados aprobó con cambios y devolvió al Senado la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Sin embargo, los senadores la tienen "congelada" debido a que quedaron inconformes con las modificaciones hechas en San Lázaro.

De acuerdo con los términos de la minuta modificada, se propone incrementar con penas de hasta 30 años de cárcel y multa de 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, a quien sustraiga o aproveche sin consentimiento hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos de Petróleos Mexicanos.

De igual forma, se establecen penas de hasta 8 años de prisión y multa de 8 mil veces el valor de UMA vigente, al arrendatario, propietario o poseedor de algún predio donde exista una toma clandestina y tenga conocimiento de esta situación.

Contratación de Obras Públicas

Entre los pendientes que se enlistan, en el Senado también se encuentra la expedición de una Ley de Contrataciones de Obras Públicas para establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que anulen espacios de discrecionalidad, opacidad y fomenten procedimientos de contratación competitivos e imparciales.

Este tema fue especialmente para el PRD y el PAN una prioridad que reafirmaron tras la suscripción del Frente Ciudadano por México (ahora coalición "Por México al Frente"), el cual no pudieron ni siquiera llevar a comisiones.

Apenas en febrero de 2017, senadores de ambos grupos parlamentarios presentaron una iniciativa para expedir la Ley de Contrataciones de Obras Públicas, con el propósito de asegurar la competencia, transparencia, equidad y eficiencia en los procesos de contratación de obra pública y armonizar la legislación mexicana con las mejores prácticas internacionales.

Con información de La Silla Rota

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