La reforma constitucional en contra del llamado "fiscal carnal" está en riesgo de convertirse en letra muerta ante la omisión de 30 Congresos locales que mantienen en suspenso las modificaciones a la Carta Magna para eliminar el pase automático de la Procuraduría General de la República (PGR) a la nueva Fiscalía que la sustituye.

A dos meses de la aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma al artículo décimo sexto transitorio para reponer el proceso de elección del primer Fiscal de la Nación, solo dos de 32 entidades han dado su aval para que las modificaciones surtan efecto.

El artículo 135 de la Carta Magna establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por al menos 17 Congresos locales para que pueda ser promulgada y vigente, no obstante durante 62 días, salvo en Tamaulipas y Chiapas, los legisladores de locales no han sometido a revisión y votación el proyecto.

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Amparados en el vacío jurídico y la falta de un plazo estipulado para aprobar asuntos de esta envergadura, los estados podrían bloquear indefinidamente la eliminación del "pase automático" de una institución a otra. Es decir, hay posibilidades de que la Fiscalía recaiga en la misma persona que el Ejecutivo Federal nombre al frente de la PGR que actualmente dirige, en calidad de encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán.

Dos meses de omisión

De acuerdo con el sistema de seguimiento a reformas constitucionales del Senado de la República, los diputados de Tamaulipas y Chiapas son hasta la fecha los únicos en ratificar el proyecto que el Congreso de la Unión envió a los estados el 15 de diciembre pasado.

Si bien diciembre y la primer quincena de enero son periodos de receso en algunas Congresos estatales, los diputados tienen la facultad de convocar a sesión extraordinaria para aprobar proyectos pendientes. Tal fue el caso de Chiapas, donde se convocó a sesión extraordinaria el 15 de enero para avalar entre otros temas la eliminación del pase automático.

El Congreso de Chiapas notificó el 16 de enero a la Mesa Directiva del Senado su voto en sentido favorable a está modificación constitucional. Tamaulipas hizo lo propio el 31 de enero, a quince días de aperturar su periodo ordinario de sesiones.

Los 62 días que han transcurrido contrastan con los plazos para la aprobación de otras reformas constitucionales. Por ejemplo, la reforma energética fue avalada por 17 congresos en tan solo 83 horas. Y la reforma educativa de 2012 (que también se aprobó en diciembre) requirió únicamente de 27 días para que se declarara constitucional.

Estrategia del ejecutivo "empantanar" reforma

Al respecto el senador Alejandro Encinas, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, consideró que la omisión de las Legislaturas locales obedece a una presunta estrategia del Ejecutivo Federal para "llevar mano" en la designación del primer fiscal de la Nación.

En entrevista con La Silla Rota, el legislador independiente aseguró que desde el Gobierno Federal se está operando para que en los estados se bloque el proceso que, antes de su aprobación en el Congreso de la Unión, confrontó a la sociedad civil con el Legislativo y el Ejecutivo.

“Esto es parte de una estrategia política para generar una situación de indefinición que le permita gran margen de discrecionalidad al Ejecutivo, no para hacer los nombramientos sino para mantener esta situación de incertidumbre. Hay que ver cómo en la PGR seguimos con un encargado de despacho a raíz de la renuncia del procurador, ni siquiera han hecho un nombramiento formal de un Procurador General de la República. Creo que tiene que ver justamente con esta intención de no tomar decisiones y seguramente querrá prolongarlo hasta que termine el proceso electoral".

El senador consideró que "Nada justifica que los Congresos locales no hayan resuelto este tema porque, cuando hay interés del ejecutivo, hasta en 48 horas se hace la ratificación de reformas constitucionales, basta ver lo que ocurrió con la reforma energética o la reforma educativa".

Ejecutivo no bloquearía un reforma: PRI

En respuesta a los señalamientos, el diputado Benjamín Medrano (PRI) rechazó una intervención de esta naturaleza y conminó a los legisladores "de todos los colores" ha asumir su responsabilidad.

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“Que poca memoria tienen. El presidente fue el impulsor de esta reforma, fue el que presentó esta iniciativa. No fue ni la izquierda de la derecha de este país, fue el propio presidente de la República (...) Yo no creo que haya ninguna intención del propio presidente en pretender retrasar el tema, primero porque son poderes autónomos y segundo si bien es cierto que el PRI tiene presencia muy importante en la mayoría de los congresos de los estados nunca se haría de esta manera", declaró.

Luego de que en San Lázaro se aprobó un exhorto a los Congresos de los Estados para dar trámite al proyecto enviado el 15 de diciembre, el legislador integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales consideró que es "muy preocupante" el retraso de las legislaturas locales, una falta que dijo "deja un mal sabor de boca pese a los esfuerzos de que no pase el fiscal carnal".

“Ahora que tienen ellos la oportunidad y el balón en su cancha no lo han hecho" recriminó tras advertir que "si no pasa esta reforma, si no se aprueba, estaremos ante un alto riesgo para la democracia de nuestro país y también pondremos un altísimo riesgo en materia de procuración impartición de justicia".

PAN buscará acercamiento con congresos locales

Por su parte el diputado panista, Marco Antonio Gama, promotor del punto de acuerdo avalado en San Lázaro para urgir a los diputados de los estados a avalar la eliminación del pase automático de la PGR a la nueva Fiscalía, aseguró que habrá acercamientos de los diputados federales con los Congresos donde el PAN es mayoría para que en breve se discuta y someta a votación la reforma.

“Por nuestra parte en los Congresos donde Acción Nacional tenga mayoría estaremos pugnando porque a la brevedad posible, estamos hablando de la próxima semana, pues se sube ya el dictamen para que sea aprobado y notificado al Senado de la República", señaló.

El legislador añadió que tratándose de una reforma "tan trascendente para el país" los legisladores locales están obligados a actuar con responsabilidad y desde el Congreso de la Unión se debe asumir el compromiso de darle seguimiento al proyecto enviado.

“Tenemos que estar involucrados todos los partidos políticos y todos los ciudadanos. Se tiene que mostrar hacia dónde queremos que vaya este país y en materia del nombramiento del fiscal general todos estuvimos involucrados y todos debemos darle seguimiento para obtener resultados y tener un fiscal general ajeno a cualquier partido político, a cualquier rango de autoridad, que realmente le sirva nuestro país y a todos los ciudadanos".

Con información de La Silla Rota

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