Hospitales abandonados o a medio construir son símbolo de la corrupción que vivió Veracruz durante los últimos dos sexenios de Fidel Herrera y Javier Duarte. Los fondos fueron desviados y las comunidades se quedaron sin acceso a la salud. 183 obras hospitalarias, con un total de casi 165 millones de dólares en inversión, quedaron inconclusas.

Flavia Morales

El bebé de Luz Gabriela, de 40 días de nacido, no paró de llorar en toda la noche. Ante la emergencia se trasladó al Centro de Salud de su comunidad, en el Remolino, municipio de Papantla, Veracruz. Pero antes que ella, una docena de personas esperaba la consulta. Primero le pidieron sacar ficha, insistió, gritó, pero nadie la escuchó. La doctora le dijo que esperara, había muchos turnos.

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Alguien de ahí se compadeció, le dio dinero para ir a un médico particular. “La camioneta casi voló, pero cuando llegamos el bebé ya estaba muerto”, recuerda Alicia, la abuela del bebé.

Brandon convulsionó, se puso morado y ya no pudo extender sus brazos. Alicia dice que esa muerte es una cicatriz que nunca se va a borrar. Un hospital equipado que desahogara presión en los centros de salud, quizá hubiera salvado la vida de su nieto.

En Papantla, solo hay dos hospitales en funciones que concentran la atención de 16 municipios de la sierra norte, pero están saturados y la atención es deficiente. La tercera opción, es el Hospital Regional Bicentenario, pero la obra está parada hace nueve años y aunque se invirtieron ahí más de 126 millones de pesos (7 millones de dólares) en construcción y equipo médico, el dinero nunca llegó a su destino.

Esta obra se suma a las 183 inconclusas en Veracruz durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) y Javier Duarte (2010-2016), que suman más 2 mil 933 millones de pesos (165 millones de dólares), originalmente etiquetados para construcción, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de centros de salud y hospitales. Los recursos federales llegaron a la Secretaría de Finanzas Estatal, pero no se entregaron.

La investigación se concentra en los casos más graves: 12 hospitales que en su tiempo fueron anunciados como la solución a problemas de saturación de otros sanatorios , o incluso serían Centros de Servicios Ampliados para municipios y comunidades donde el servicio público de salud más cercano está a dos horas de camino.

El desorden administrativo en estas obras es latente, tres solicitudes de información obtenidas por transparencia revelan inversiones dispares en las mismas obras.

Pero, en sus informes de gobierno, los ex mandatarios anunciaron una inversión de más de 1 mil 585 millones de pesos (89.4 millones de dólares) solo para estas obras , que en la realidad , son cascarones deteriorados, con paredes cuarteadas y techos cayendo a pedazos que tienen diez años en abandono.

Para desviar los recursos utilizaron un esquema de corrupción que incluyó: empresas fantasma, simulación de licitaciones, adjudicaciones directas y la desaparición del dinero a través de la Secretaría de Finanzas Estatal.

Para el gobierno federal, quien aportó la mayor parte de los recursos, algunas de estas obras ya están concluidas, así lo revela el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud.

Alicia está consciente que el Hospital nunca será concluido.

La obra iniciada en junio de 2008, se edificó sobre un terreno de alto riesgo, con hundimientos y deslaves. Por ese motivo, Protección Civil Municipal ordenó parar la obra, el hospital apenas alcanzó el 50% de avance.

Cuando la construcción tenía siete años abandonada, el gobierno estatal pidió más recursos: 47 millones de pesos (2.6 millones de dólares) para continuar su edificación y dotarla de equipamiento médico, pero los recursos nunca llegaron.

Sentada en el patio de su casa, Alicia recuerda:

“Mi hijo se enojó mucho, fue con el bebé muerto y le dijo a la doctora, aquí esta tu obra; ella solo respondió: Discúlpame, no lo pude atender a tiempo”

Para ella la salud es un derecho, que se compra, que cuesta dinero y tiempo. Lo sabe porque además de la muerte de su nieto por negligencia médica, ella tuvo que esperar casi ocho años una operación de la vesícula en el actual hospital civil de Papantla, además de pagar el material de curación y el medicamento.

CORRUPCIÓN TRIPLICARÁ COSTO DE HOSPITALES

En México un Centro de Salud de Servicios Ampliados de atención primaria tiene una inversión promedio de 35 millones de pesos (17.7 millones de dólares), así lo demuestran los inaugurados en estados como Puebla, Jalisco y Tlaxcala. Pero en Veracruz, la corrupción y el desvío de recursos triplicó su costo.

Por ejemplo, en el municipio indígena de Soledad Atzompa, se construirá uno de los centros más caros del país, y aunque será austero, su inversión total es 138.6 millones de pesos (7. 7 millones de dólares) de los cuales más de la mitad fueron desviados durante las pasadas administraciones.

La primera etapa de la Torre Pediátrica en el Puerto de Veracruz tendrá un costo de 627 millones de pesos (35.3 millones de dólares). La obra abandonada desde 2013, presenta graves deterioros, con un avance del 63 % se tendrán que demoler dos pisos y reforzar la estructura de otros tres.

Con el recurso invertido en esta torre de cinco pisos, se podrían haber construido tres Hospitales pediátricos, como el de León, Guanajuato que tuvo un costo de 211 millones de pesos (11.9 millones de dólares).

Pero en Veracruz, simular licitaciones para continuar la construcción y equipamiento de hospitales inexistentes se hizo práctica común para el gobierno. Aun cuando las construcciones eran obra negra, solicitaba al gobierno federal más recursos para continuar la segunda o tercera etapa, y comprar equipamiento e instrumental médico. En algunos casos no licitaba ni adjudica la obra, para evitar complicaciones con las empresas proveedoras y constructoras, adjudicaba directamente o simulaba licitaciones con empresas fachada.

El ejemplo es el municipio de Misantla, donde invirtieron 125.8 millones de pesos (7 millones de dólares) para la construcción de un hospital de 30 camas que es obra negra.

Su terminación es una promesa sin cumplir desde el 2009 cuando la obra fue abandonada de forma definitiva. Aún así, cuatro años después, la Secretaría de Salud de Veracruz pidió a la federación fondos por 64.3 millones de pesos para la segunda etapa, además de equipamiento médico. El contrato de equipamiento se otorgó a una persona física falsa, Andrés Mejía Rivero.

Entre 2008 y 2013, el esquema se repitió. El gobierno de Javier Duarte y Fidel Herrera usaron a Andrés Mejía y María Angélica Arellano Domínguez, cuyos domicilios fiscales no corresponden a empresas sino a casas familiares para desviar casi 130 millones de pesos (7.2 millones de dólares) destinados a dotar de equipamiento médico, mobiliario administrativo e instrumental a varios hospitales de Veracruz, algunos de los cuales eran obras abandonadas. La información se puede corroborar en la plataforma ContratoBook.

Otro modus operandis fue dar contratos a empresas de funcionarios ligados con el partido en el poder.

Es el caso de Grupo SABAI SA de CV, cuyo representante legal, Daniel Antonio Baizabal, es ex funcionario municipal, líder municipal del PRI y candidato a presidente municipal por la alianza PAN-PRD.

El acta constitutiva de su empresa creada en 2011 tiene más de 17 actividades, desde reparación de equipamiento eléctrico, hasta construcción y exportación de semillas, aunque ninguna está relacionada con salud, ganó contratos por 73 millones de pesos para dotar de equipamiento médico a cinco hospitales en Veracruz.

CORRUPCIÓN PERMITIÓ CREACIÓN DE EMPRESAS

Rafael Fentanes, constructor desde hace más de 20 años y ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), señala que en Veracruz la obra fue un gran pastel, que se repartió entre unos cuantos y las excepciones de la ley, como adjudicaciones directas e invitaciones restringidas fueron la puerta de atrás para nuevos constructores.

Al amparo de los ex gobernadores, se crearon miles de nuevas empresas solo para ganar licitaciones de obra, así funcionarios públicos, miembros del partido oficial y personas sin experiencia obtuvieron contratos.

Para Fentanes esto es parte de la falla en el sistema de contraloría general, pero también de la corrupción a todos los niveles para adjudicar obras.

Daniel Reyes Morán, notario adscrito a la notaría pública número 14 de Xalapa, señala que aunque no es irregular que varias empresas compartan domicilios fiscales y apoderados legales, pues la ley lo permite, si hay alertas cuando estas empresas compiten en una sola licitación pública.

A su consideración el carácter de empresa “fachada” o “fantasma”, no se define cuando se crean ante un notario, sino en su operación, y son las dependencias gubernamentales quienes deberían verificar a las empresas que compiten en las licitaciones.

SIMULACIÓN DE LICITACIONES

En las obras investigadas, están involucradas al menos 30 empresas y personas físicas con actividad empresarial, la mayoría creadas en los sexenios de Fidel Herrera y Javier Duarte entre 2007 y 2012.

Aun cuando la ley de Obra Pública estatal y federal, obliga a que una empresa esté inscrita en el Registro Público de Comercio (RPC) y en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), para participar en licitaciones, algunas de las empresas no aparecen en el registro.

Las que sí están inscritas en el RPC, comparten entre sí desde direcciones fiscales, hasta socios y apoderados legales, lo cual las vincula entre sí, con el fin de simular licitaciones.

TAREK ABDALÁ SIMULÓ LICITACIONES CON EMPRESA A MODO

Tarek Abdalá Saad, era tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, cuando en 2013, simuló una licitación pública con empresas afines, el objetivo de que la empresa Sheba Constructores SA de CV, cuyo apoderado legal es su padre, Hissan Abdalá, obtuviera el contrato de construcción del Hospital de 30 camas en Perote.

Aun cuando la obra fue abandonada en 2009, con un avance del 60%, el gobierno de Veracruz licitó una segunda etapa que nunca se concluyó.

Para quedarse con la obra, Tarek Adbalá creó dos empresas afines: Out 27 Constructora SA de CV y Grupo Recreo SA de CV, con quien comparte apoderado legal y la misma dirección fiscal.

Aunque la obra está abandonada, el plan de infraestructura de la Secretaría de Salud federal, señala que el hospital de Perote de 30 camas está concluido con una inversión de 57 millones 154 mil pesos (3.2 millones de dólares).

Tarek Adbalá ahora diputado federal, fue tesorero de Veracruz entre 2012 y 2014, fue inhabilitado por la Contraloría del estado, y se le sigue un proceso de desafuero por el desvío de fondos federales.

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CORRUPCIÓN QUE CONTINUA CON GOBIERNO DE YUNES

El sistema de corrupción parece no acabar con el gobierno de Javier Duarte. El actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares adjudicó de forma directa un contrato para la construcción de un Centro de Salud con Servicios Ampliados en Soledad Atzompa, a la misma empresa que en 2015 y 2016, ganó contratos sin hacer la obra y simuló licitaciones con empresas inexistentes.

Grupo Constructor Velasco SA de CV, es la misma que entre 2015 y 2016 ganó contratos por 79.1 millones (4.1 millones de dólares) para la construcción del centro, y avanzó apenas 20%.

También para ganar una licitación pública nacional, simuló una competencia con Consorcio Constructor Inmobiliario Baipe SA de CV, empresa cuyo domicilio fiscal es una casa en una colonia popular en el Puerto de Veracruz.

A través de Baipe, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa simuló inversiones por 52.2 millones de pesos (2.9 millones de dólares) para la construcción de cinco centros de salud y hospitales, que no se concluyeron.

Grupo Constructor Velasco SA de CV y Baipe están ligadas a su vez, a una persona física: Rubén Miguel Velasco Ocampo quien obtuvo contratos por 94.9 millones de pesos (5.3 millones de dólares) para la construcción de tres obras que también están inconclusas.

Estas dos empresas y la persona física se vinculan entre si a través de socios, representantes legales y la misma dirección oficial para recibir notificaciones.

Aun con estos antecedentes de corrupción, Yunes adjudicó de forma directa la terminación de la obra –aunque en el lugar no había más que cimientos-, del Centro de salud por 39.9 millones de pesos (2.2 millones de dólares), cuyo avance físico actual es de 40%.

Para aclarar el tema, esta reportera buscó una entrevista en varias ocasiones con el Secretario de Salud de Veracruz, Irán Suárez Villa a través de la Dirección General de Comunicación Social, pero no se obtuvo respuesta.

LA COMPLICIDAD Y LA OMISIÓN

Los recursos federales y estatales para obras hospitalarias fueron concentrados en un Órgano Público Descentralizado de la Secretaría de Salud de Veracruz: la Comisión Constructora de la Salud, creada en diciembre del 2005 durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán y que durante el gobierno de Javier Duarte cambio de nombre y se extinguió en dos ocasiones para blindar y reservar la información de montos de inversión, licitaciones y contratos públicos en materia de infraestructura hospitalaria.

Durante dos sexenios, la administración de los recursos de salud de Veracruz fueron dejados en manos de cinco funcionarios ligados al PRI, que ahora son acusados de corrupción y desvíos millonarios, pero en su momento no fueron señalados por los sistemas de fiscalización y contraloría.

La red de corrupción para lograr el desvío de recursos en salud también incluyó la complicidad de los Secretarios de Finanzas y Planeación donde se concentraban recursos en una cuenta para desviarlos sin destino preciso y de los titulares de la contraloría general quienes fueron omisos pues nunca interpusieron denuncias en contra de quienes firmaron contratos con empresas inexistentes.

Sin embargo, hasta el momento ningún funcionario está en la cárcel por estos desvíos.

LAS DENUNCIAS

Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el propio Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), señalaron inconsistencias en los avances físicos y financieros de estas obras desde el 2009, apenas en este año se interpusieron denuncias penales.

Las irregularidades encontradas en las auditorías fueron similares: Expedientes incompletos, falta de bitácora, inconsistencias entre los avances físicos y financieros, falta en pagos de anticipos, y abandono de las obras.

Los señalamientos continuaron en los siguientes años, pero no se señaló daño patrimonial, apenas inconsistencias de carácter administrativo.

Las denuncias del Orfis y de la ASF, incluyen ocho obras de las 183 inconclusas en Veracruz.

Una de ellas es por fraude de 82 millones de pesos (4.6 millones de dólares) en la construcción de la Torre Pediátrica, y por la cual un constructor y un subdirector administrativo estatal están en la cárcel.

La orden de aprehensión fue girada para otros seis ex funcionarios de la secretaría de salud , uno de ellos el ex Secretario de Salud, Juan Antonio Nemi dib, quien pagó un millón de pesos por un amparo.

COMPLICIDAD FEDERAL

El desvío reiterado de recursos federales de salud no pudo ser posible sin la complicidad y omisión del gobierno federal, señala José Kirch Sánchez, diputado local de PRD, y Presidente de la Comisión de Salud en el Congreso Local de Veracruz.

“Hubo omisión federal porque debieron haber supervisado la inversión, la fiscalización esta para exigir, no para solapar, ni para hacer omisión del asunto, pero bueno ese es el tema que se tiene analizar y ver quienes fueron los cómplices en ese sentido y que la justicia actúe”, considera.

En su opinión aun cuando Javier Duarte está detenido, hay una red de corrupción a la que se le debe seguir la pista para saber dónde quedó el dinero desviado.

“Aquí no podemos tapar el sol con un dedo de todo lo que ocurrió, la investigación tiene que ser , exigir que se castigue hasta el empleado mínimo que participó, hasta ese que se prestó”.-

SISTEMA DE SALUD COLAPSÓ ANTE DESVÍOS

Un campesino promedio en la Sierra del Totonacapan en Veracruz, debe gastar entre 100 y 200 pesos para acceder al sistema de salud que supuestamente es gratuito, lo que es un lujo cuando el salario diario ronda apenas los 100 pesos diarios (6 dólares), señala Alejandra Jiménez, del Observatorio por el Derecho a la Salud en la sierra del Totonacapan.

En 2014, un estudio entre comunidades de la región norte, detectó y denunció las graves fallas en el sector, entre ellas que los centros en comunidades solo atienden de lunes a viernes, no hay especialistas y tienen un factor común: Falta de medicamentos.

Cuando hay un enfermo de gravedad, ni siquiera puede ser atendido ahí, debe ser enviado al hospital más cercano, lo cual satura y colapsa el servicio, lo que favorece el crecimiento de servicios médico privados que son inaccesibles por su costo para un ciudadano común.

El diputado José Kirsch coincide en este punto, la situación se repite en otras regiones de Veracruz, advierte que los desvíos provocaron una grave crisis en el sector salud , pues la atención médica que antes se concentraba en una zona, ahora tiene que diversificarse y buscar la atención en otros lugares.

LAS OBRAS QUE NUNCA SE CONCLUIRÁN

Con recursos recuperados de bienes muebles incautados al ex gobernador Javier Duarte, que suman 700 millones de pesos, (39.5 millones de dólares) el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares anunció la rehabilitación, mantenimiento y equipamiento médico de 76 obras hospitalarias, pero de las 183 inconclusas, solo serán rescatadas unas cuantas: La Torre Pediátrica, los Centros de Servicios Ampliados de Soledad Atzompa y Tatahuicapan.

Yunes reconoció que las condiciones económicas de Veracruz no permitirá concluir la mayoría de las obras en abandono “Enfocamos los recursos a las obras con mayor impacto en la población, y aquellas donde había un avance importante”.

En julio pasado, el gobernador anunció una inversión de 18 millones de pesos (un millón de dólares) para el mejoramiento del Hospital General en Papantla, pero ahí existe una obra en abandono desde hace ocho años, el Hospital Bicentenario.

El gobernador reconoció la necesidad de un nuevo hospital en la región, y prometió la elaboración de por lo menos el proyecto ejecutivo, nada se mencionó del Hospital inconcluso donde se invirtieron 126 millones de pesos (7.1 millones de dólares).

De las 12 obras investigadas para este proyecto donde se invirtieron 1 mil 585 millones de pesos (84.4 millones de dólares), solo dos serán rescatadas, el resto junto con Papantla seguirán siendo cascarones deteriorados, monumentos a la impunidad y la corrupción.

Una investigación de Flavia Morales para CONNECTAS

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