Xalapa, Ver.- El contralor general del estado, Ramón Tomás Alfonso Figuerola Piñera, reconoció que la Ley de Disciplina Financiera solo permite el uso de recursos federales de 2017 para la conclusión de ciertas obras ya pactadas en años anteriores, y que serán los Ayuntamientos y los legisladores los que deban responder por sus acciones.

Detalló que si bien la Ley de Disciplina Financiera permite el uso trasanual de los recursos federales, esto no significa que se pueda hacer de manera indiscriminada, sino mediante el análisis de cada caso, contrario a lo acordado por el Congreso local, que permitió a los 212 ayuntamientos usar recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) de 2017 para obras que quedaron pendientes en años pasados

"Depende de la situación en particular, con ciertos tipos de recursos para obras que están comprometidas se pueden usar los recursos pasando el año fiscal y terminar de cubrir para que se terminen los trabajos, pero eso depende de cada caso, de cada fondo (...) En algunos casos es posible y en otros habría que verlo".

Ante el señalamiento de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal en el sentido de que los diputados locales se extralimitaron en sus funciones al aprobar este mecanismo para los Ayuntamientos, señaló que el Gobierno del Estado no avaló ni participó en esta decisión y que por lo tanto no le compete responder ante los señalamientos.

"Es un asunto que no vimos nosotros y no nos compete, lo están analizando las instancias correspondientes. No es un asunto del que estemos enterados, y lo tendrán que resolver las instancias correspondientes".

Incluso, confió en que la Federación dirima este asunto en los mejores términos y no se llegue a una denuncia o investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tal como exhorto la Sedesol federal.

"Se va a resolver de la forma correcta para que no haya problema para nadie. El Gobierno del Estado siempre ha apoyado a los ayuntamientos, pero respeta la autonomía municipal y en la medida de lo posible está haciendo todas las gestiones que requieren".

Y es que justificó que para llegar a este acuerdo, los legisladores analizaron la legalidad del mecanismo, por lo que consideró que no debe generar perjuicio ni para el Poder Legislativo ni los Ayuntamientos.

En otro tema, Figuerola Piñera señaló que el Gobierno del Estado no ha atendido las recomendaciones para rescindir los contratos con la empresa de capital brasileño Odebrecht, acusada de corrupción, porque no le compete hacerlo.

Dijo que en el caso específico de su participación en el Grupo MAS, encargado de la distribución de agua potable en la zona de Veracruz, es el alcalde y, en todo, el Congreso local, quienes deben atender a los exhortos.

"Es un asunto que le compete al Ayuntamiento y al Congreso local y el Órgano de Fiscalización Superior es el que audita a los Ayuntamientos".

Cabe destacar que la diputada federal Rocío Nahle denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por presuntos actos de corrupción en el caso Odebrecht, empresa señalada por pagar sobornos a autoridades de varios países para lograr contratos a su favor. 

Avc

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