Xalapa, Ver.- El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, se abstuvo de informar los avances en el rancho La Gallera, ubicado en el municipio de Tihuatlán y que habría sido empleado por la delincuencia organizada para el exterminio de personas desde el año 2011.

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Este domingo 06 de agosto, durante la reunión número 35 del Grupo de Coordinación Veracruz, realizada en Tuxpan, el ejecutivo estatal fue cuestionado sobre ese rancho, donde fueron exhumados seis cuerpos el 30 de enero de 2017 por autoridades estatales y más tarde, el 1 de marzo, fueron encontradas prendas de vestir, un horno con cenizas y 22 fosas con al menos 100 restos óseos carbonizados gracias al trabajo familiares de desaparecidos.

Yunes Linares esquivó la pregunta asegurando que el tema de la reunión fue analizar la incidencia delictiva en la entidad. Y señaló que los casos de desaparecidos están cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de autoridades federales.

“Lo que podría anunciar es que la próxima semana estará aquí el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación -Roberto Campa Cifrián- en una reunión precisamente relativa al problema de desaparecidos en general, no al problema en específico de lo que usted se refiere”.

Para Celestino Espinoza Rivera, abogado penalista y asesor  del caso de cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, en el año de 2016, las omisiones y tardanza en el procesamiento de indicios y restos humanos en casos como el de La Gallera, resulta violatorio de derechos fundamentales como lo son el derecho a la verdad y el derecho al acceso pleno a la justicia.

“El retraso en el procesamiento de restos humanos alarga el tiempo de incertidumbre para las víctimas, contribuyendo a amplificar los daños inmateriales como el daño psicológico. En caso de que el daño sea provocado por negligencia de las autoridades debe ser restituido o indemnizado”, sostuvo.

Sobre la declaración de Miguel Ángel Yunes Linares, Maricel Torres Melo -integrante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera- señaló que no han habido  acciones de parte de ninguna instancia de gobierno, desde la última reunión sostenida el 08 de junio de 2017.

“Quedamos con Roberto Campa de reunirnos en la PGR, con Eréndira Cruzvillegas Fuentes -fiscal Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas-. Íbamos a hablar sobre una besuquead extensiva en La Gallera. Supongo que, como es  su costumbre,  antes de la próxima reunión del 18 de agosto van a reaccionar”, contestó Torres Melo.

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Cabe señalar que el propio Campa Cifrián, declaró al término de una reunión con familiares de desaparecidos -el pasado 08 de junio- se comprometió a un trabajo coordinado de la Fiscalía y de la PGR.

Por su parte, Sara Irene Herrerías Guerra solicitó tiempo a los familiares, pues dijo, “aquí hay una investigación; tenemos que cuidar cadena de custodia y todo el proceso porque se trata también de encontrar a los responsables”.

Cinco días posteriores a dicha reunión, el 13 de junio, Roberto Campa cumplió una de sus promesas y resguardó el rancho con dos patrullas de la Fuerza Civil, de la Secretaría de Seguridad Púbica de Veracruz. No obstante las madres siguen a la espera de buscar más indicios que elementos de la FGE olvidaron.

“Yo les digo que no voy a dejar olvidado el predio La Gallera hasta que se haga la búsqueda extensiva, porque hay muchas posibilidades de que ahí esté mi hijo, como el de otras compañeras. Consideramos como una ofensa que un tema tan importante para nosotras sea ignorado por las autoridades”, culminó la madre de Iván Eduardo Castillo Torres, desaparecido desde el 21 de mayo de 2011.

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