Una cadena de reclamos sobre elecciones estatales y municipales, atropelladas durante décadas por pesados cacicazgos regionales, llevó al país a un gasto multimillonario para transformar al anterior Instituto Federal Electoral (IFE) en el actual INE, con el solo propósito de enviar la señal de que una autoridad nacional velaría por la equidad en los comicios locales. Ese propósito ha fracasado.

Mal momento será cuando los ciudadanos debamos asumir la necesidad de defender a ultranza –por ser políticamente correcto- a esta joven institución autónoma, cuya tarea es garantizar balance en la natural pugna democrática.

La democracia no sólo puede entenderse como un sistema político, sino como la cotidiana crítica social hacia ese mismo sistema. La crítica ayuda a perfeccionar las instituciones. Cerrar los ojos ante errores graves, ante fallas en las tareas que les tiene asignada la República, no colabora a darles solidez, sino al contrario.

Luego de varias rondas de procesos electorales, pero en particular a la vista de lo que ocurre hoy en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, debe asumirse que el INE, que conduce Lorenzo Córdova, ha decidido mirar hacia otro lado ante una montaña de irregularidades. El organismo no puede, no quiere o no le es permitido intervenir para garantizar procesos apegados a la legalidad.

Es probable que estemos ante la evidencia más contundente de que el sistema de partidos en México no está dispuesto a un modelo en el que exista un verdadero juez, imparcial, respetado y confiable.

Lo que el INE es hoy resulta apenas el producto del juego entre fuerzas partidistas, las que dominan la vida interna del organismo gracias a que cada comisionado responde a los intereses del partido que lo colocó en esa posición. A ello se suma la labor de zapa de la burocracia dorada del INE y, desde luego, los representantes formales de partidos, que se asocian entre sí para inducir decisiones, ejercer presión y cabildear en contra de resoluciones.

En suma, el INE parece en curso de constituirse en un órgano limitado y pusilánime, fallido, que no puede ir más allá en los temas centrales, salvo que hayan sido pactados externamente entre los partidos y el gobierno federal, típicamente la Secretaría de Gobernación.

¿Dónde ha estado el INE frente las casi cotidianas denuncias por maniobras surgidas en semanas recientes ante excesos de diversos partidos en Coahuila, donde en especial los abanderados de PRI y PAN han sido señalados de gastar dinero de origen oscuro, para decir lo mínimo?

¿Dónde han estado Córdova y el resto de los comisionados ante los señalamientos de que en el Nayarit del gobernador priísta Roberto Sandoval se ha instalado una mafia de cómplices del narcotráfico? ¿Por qué no ha existido la intervención lógica y permitida por la ley para imponer al órgano local electoral una conducta alejada de estas manobras?

¿Ha incomodado el INE al menos con el pétalo de un comunicado de prensa, de una tímida declaración, ante la grosera manipulación de dinero público en los comicios intermedios de Veracruz, donde se entrega dinero en efectivo a representantes de Morena, pero a la vez existe una burda directriz del gobierno del aliancista Miguel Ángel Yunes Linares para impulsar candidatos –bajo las siglas del PAN o del PRD-, lo que incluye a integrantes clave de la familia del gobernador mismo?

Este domingo el diario “Reforma” llamó la atención sobre el hecho de que un operador clave de Yunes Linares ha controlado durante 20 años un municipio del norte del estado, Tantoyuca, donde se han sucedido alcaldes de una misma familia cuya cabeza es Joaquín Guzmán Avilés, quien ha sido tres veces presidente municipal de ese poblado en la Huasteca veracruzana y ahora se desempeña como secretario de Desarrollo Agropecuario en el gobierno estatal.

Como Yunes Linares, el señor Guzmán fue un destacado priísta pero migró a Acción Nacional junto con su actual jefe político para seguir dando sustento a su cacicazgo y mantenerse bajo el cobijo del presupuesto público.

La hermana del señor Guzmán, Ana María del Rosario, es senadora suplente de Fernando Yunes Márquez, hijo de Yunes Linares y candidato a la alcaldía del puerto de Veracruz, desde donde con la ayuda de su padre el gobernador, espera ser postulado para la gubernatura el próximo año.

¿Lo que el país espera del INE es ser un faro que nos alerte sobre estas historias dominadas por el cinismo político, o constituirse en un cómodo grupo de burócratas con altos sueldos y oficinas de lujo? ¿No debería el INE asumir una postura para poner en relieve la bajísima calidad que está exhibiendo la alternativa partidista en el gobierno de Veracruz? ¿De no hacerlo, debemos seguir creyendo en esta institución que se dice animada por causas ciudadanas?

Incluso los analistas más mesurados asumen que las elecciones en estos cuatro estados acabarán dirimiéndose en los tribunales electorales, es decir, la entidad revisora de las determinaciones del INE, la misma de la que surgen cada vez más voces, en forma pública o privada, en el sentido de que el INE dicta resoluciones apresuradas y sin rigor jurídico.

En definitiva, como país estamos aún lejos de que dejar atrás la época en los que las denuncias de fraude electoral dominaban los comicios. Pero superar ello fue el propósito del que nacieron primero el IFE y luego el INE. ¿Debemos asumir como colectividad este fracaso, y aplicar correctivos inmediatos, o debemos esperar a que el país se asome al precipicio en los comicios presidenciales del próximo año? ([email protected]).