En el Salón de Plenos del Palacio de Justicia, el magistrado presidente Edel H. Álvarez Peña, representante del Poder Judicial del Estado de Veracruz, firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INLI), cuyo propósito fundamental es ofrecer  garantías y preservar los derechos humanos en asuntos legales de más de 700 mil habitantes que hablan 14 lenguas diferentes en la entidad.

En su intervención, la consejera de la Judicatura del Estado, Carla Rodríguez Gonzáles, subrayó que este convenio dará prioridad a los derechos humanos de quienes pertenecen a comunidades indígenas en su calidad de probables responsables de la comisión de algún delito, víctimas de los mismos, así como la solución a sus conflictos mediante los procesos judiciales que la ley tutela a través de personal capacitado y certificado.

Este convenio fortalece la aplicación de la justicia en sus lenguas originales como lo consagran los tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia que de ella se derivan, puntualizó.

De esta manera se generan condiciones de accesibilidad y equidad a los hablantes de lenguas indígenas a través del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI).

La licenciada Alma Rosa Espíndola Galicia, directora adjunta de Coordinación del INLI,  aseguró que en México hay un grave desconocimiento y omisión de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios.

Expuso que en el territorio nacional hay 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas.

“En Veracruz se hablan 14 lenguas y variantes: huasteco, popoluca, mixe, zoque, chinanteco, zapoteco, mazatleco, mixteco, otomí, totonaco, tepehua, náhuatl de la Huasteca, náhuatl de la Sierra de Zongolica y nahua del sur; cuyos hablantes suman más de 708 mil, que representan el 10 por ciento de la población de la entidad”, reveló.

En la ceremonia estuvieron presentes magistrados del Tribunal Superior de Justicia, consejeros de la Judicatura, jueces y servidores públicos.