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Contralor debió haber hecho notificaciones hace año y medio

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Francisco Garrido consideró que Ricardo García Guzmán le estaba cubriendo la espalda a alguien, por eso no actuó.

Xalapa, Ver.- Es ocioso y absurdo afirmar que se está notificando a funcionarios y ex funcionarios públicos que incurrieron en irregularidades administrativas en los últimos 12 años, afirmó el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Francisco Garrido Sánchez.

En entrevista, el legislador crítico la más reciente declaración del Contralor General, Ricardo García Guzmán, quien afirmó que se iniciaron procesos administrativo a quienes no aplicaron correctamente los recursos en la administración de Fidel Herrera y Javier Duarte.

Garrido Sánchez afirmó que esas observaciones las tenía que haber hecho hace un año y medio, cuando llego a la Contraloría y no ahora que la ASF ha puesto en evidencia el mal manejo de los fondos.

Consideró que García Guzmán le estaba cubriendo la espalda a alguien, por eso no actuó a su llegada a la dependencia estatal y ahora busca deslindarse de la responsabilidad al anunciar procesos legales a 60 días de dejar el cargo.

Explicó que sin duda los ex funcionarios que serán notificados de los procesos administrativos en su contra, enmarcaran el documento y lo podrán en su sala como un recuerdo.

“En las cuentas públicas 2011, 2012, 2013, 2014 y las subsecuentes podrá actuar de manera profunda en relación a los temas que se determinen y que se hayan hallado en anomalías, en los otros años es ocioso y hasta mediático”.

Criticó la visión de la administración de García Guzmán al señalar que sólo solo él ve, como la buena comunicación con la Auditoria Superior de la Federación (ASF), y que se ha logrado solventar el manejo de los fondos públicos.

Cuestionó hasta a dónde alcanzará la justicia para poder fincar alguna responsabilidad a quien malverso los fondos públicos, pues algunos delitos ya deben haber prescrito.

Pidió que se den a conocer los nombres de los funcionarios a los que se les inicio un proceso administrativo por malversar los fondos del estado, para que se limite su participación en campañas o la posibilidad de que lleguen a la administración estatal o federal, “deben inhabilitarlos”.

Avc