Juan Carlos G. Partida

Guadalajara, Jal. Habitantes de Huajimic, Nayarit, mantenían cerrado el paso de vehículos y víveres para los wixaritaris (huicholes), quienes el jueves tomaron posesión legal de 184 hectáreas en las cercanías de un pueblo ganadero, donde instalaron un campamento en el que permanecen al menos 600 indígenas comiendo tortillas con chile por falta de suministros.

Ganaderos y agricultores mestizos de Nayarit invadieron su territorio ancestral en la primera mitad del siglo pasado y los indígenas hicieron válida hace unos días la primera ejecución por 47 juicios agrarios, a fin de recuperar un total de 10 mil hectáreas en disputa con 23 pequeños propietarios.

Una camioneta cargada de agua, aceite, huevos, galletas, frutas, verduras, frituras y refrescos destinada a abastecer el campamento fue retenida el viernes al mediodía. El sábado por la tarde permanecían en ella dos indígenas, quienes, según los habitantes, podían irse cuando quisieran pero a pie y sin comida.

“No se las vamos a entregar (la pick up con víveres) hasta que haya algo favorable para nosotros; ellos no están retenidos ni privados de la libertad. Les dijimos que la camioneta con su contenido aquí se va a quedar, que ellos pueden irse, están ahí porque quieren. Ayer fueron militares y funcionarios porque dijeron que los teníamos amarrados y dieron fe que todo eran mentiras”, dijo el ganadero de Huajimic Alejandro Quintanilla.

En el campamento de los wixaritaris en los predios recuperados conocidos como Piedra Bola y Bola Negra, a 15 minutos al norte de Huajimic en las faldas de la cordillera de Pajaritos y al cual se llega por un camino de vados caudalosos, el numeroso grupo indígena aguantaban el hambre y las lluvias en lonas y algunas tiendas de campaña.

Rubén Ávila, abogado de la comunidad indígena que recibió las 184 hectáreas en Huajimic en una histórica primera ejecución sobre 10 mil hectáreas demandadas, dijo que hay gestiones para que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas envíe un helicóptero con comida y agua.

También informó que una reunión entre propietarios y líderes indígenas planeada para este domingo en Puente de Camotlán en busca de acuerdos, fue suspendida en respuesta al bloqueo que mantienen habitantes de Huajimic contra el campamento en el predio recuperado.

El ganadero Quintanilla, quien forma parte de un grupo de 23 pequeños propietarios de Huajimic que representan 60 por ciento de las 10 mil hectáreas en litigio, dijo que todo se resolvería tan fácil como que el gobierno federal dispusiera fondos para pagar la tierra a un precio justo, tras un avalúo independiente.

“No nos pueden despojar de nuestras propiedades, fue una irresponsabilidad esa primera ejecución sin pagar antes a su dueña (Enriqueta Montoya). De menos el magistrado (Aldo Saúl Muñoz López, del Tribunal Agrario 56, con sede en Tepic) deberá evitar dar más ejecuciones en tanto se resuelve el pago de nuestras propiedades, puede haber derramamiento de sangre”, agregó.

Quintanilla integró al grupo de propietarios que se reunió en Tepic la tarde del sábado con funcionarios del gobierno de Nayarit, incluido su fiscal general Edgar Veytia, ante quienes reiteraron que continuará el bloqueo.

Fuentes oficiales señalaron que era “inminente” la intervención federal mediante el Ejército Mexicano para, al menos, liberar la camioneta con víveres y custodiar su traslado hacia el campamento, lo cual no ha sido confirmado.

El gobierno federal cuenta con el programa de atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosemer) que otorga fondos para evitar y aliviar conflictos agrarios como el de Huajimic, el cual se maneja a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Tanto pequeños propietarios de Huajimic como la comunidad wixaritari han insistido desde que los indígenas comenzaron a ganar juicios, que se paguen los predios a sus posesionarios a través de Cosemer para evitar rencillas tras la restitución de tierras.

Los propietarios han presentado en los juicios escrituras de las 10 mil hectáreas que datan de 1906, pero los juicios iniciados hace 10 años por los wixaritaris se van resolviendo en su favor, porque éstos mostraron títulos virreinales que datan de 1717.

El abogado Ávila dijo que ha sido permanente la insistencia para liberar recursos a través de Cosemer y que han tenido reuniones con funcionarios de la Sedatu para insistir sobre el tema, pero en una de ellas Gustavo Cárdenas, subsecretario de Ordenamiento Territorial, les dijo que sólo cuando hubiera derramamiento de sangre Huajimic sería considerado foco rojo y apto para recibir recursos.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2016/09/25/estados/027n1est