Ciudad de México. Cuatro de las 318 solicitudes de juicio político que continúan pendientes de ser atendidas por la Cámara de Diputados federal, son en contra del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Y otra más contra el ex mandatario veracruzano, Fidel Herrera Beltrán.

Así lo destacó el diputado federal y secretario de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara baja, Rafael Hernández Soriano, quien hizo un llamado a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia para que ya den trámite a todas las solicitudes de juicio político.

El legislador perredista recordó que cuando se solicitó el desafuero contra los entonces perredistas, Andrés Manuel López Obrador y René Bejarano, el propio PRD impulsó su pronta revisión, “porque la sociedad tiene derecho a conocer la verdad jurídica” de esos casos.

Añadió que en las solicitudes de juicio político que siguen sin resolverse en San Lázaro, están imputados gobernadores, ex gobernadores, legisladores federales y locales, funcionarios públicos del gabinete federal y de los gobiernos locales, jueces, ministros de la Suprema Corte, magistrados de tribunales locales, funcionarios públicos del gabinete federal y de los gobiernos locales, de diferentes partidos políticos, incluido el PRD.

El diputado Rafael Hernández Soriano recordó que la única función de la Subcomisión de Examen Previo es sustanciar los expedientes. Es decir, recibir los documentos que aporta el solicitante y emitir una opinión que debe ser revisada por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia. Y éstas, si procede, turnan la solicitud a la Sección Instructora donde se analiza el caso y se decide si el tema pasa al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación.

Proceso que puede llevar hasta un año, una vez que inicia formalmente su revisión. Por ello, el legislador perredista adelantó que el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre, presentará una propuesta de reforma a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, encaminada a acotar los tiempos para dar trámite a las solicitudes de juicio político.

“Algunos legisladores del PRI sostienen que estas solicitudes de juicio político prescriben, porque la Ley Federal dice que los funcionarios públicos pueden ser enjuiciados solamente en el año posterior al que dejan el encargo.

Y que cuando un funcionario deja un cargo para ocupar otro cargo, se suspende la prescripción. Además, dice la ley federal que también depende del delito que se le acuse a ese servidor Público. En Fin, hay muchas interpretaciones. Pero lo que no prescribe es el derecho de los ciudadanos a saber la verdad jurídica”, dijo el Hernández Soriano.

Añadió que actualmente la figura de juicio político ha sido desvirtuada, pues el sistema de gobierno lo utiliza principalmente para dos cosas: purgarse él mismo, como lo hizo contra Jorge Díaz Serrano en 1982. O también para utilizarlo como arma de vendetta contra los opositores.

En ese sentido, destacó que “hay personajes que han sido señalados y que todavía están en funciones, como Javier Duarte de Ochoa quien, por lo menos aquí en la Cámara, tiene (en su contra) cuatro solicitudes de juicio político.

“Por cierto, aprovecho para señalar que el procedimiento que le iniciaron en la PGR (a Javier Duarte) no es por los actos de desvío de recursos públicos, sino por presunto enriquecimiento ilícito. Es decir que, independientemente del resultado de las investigaciones que está realizando el SAT (Sistema de Administración Tributaria), aún no se ha iniciado el estudio de las cuatro solicitudes presentadas en esta cámara” contra el gobernador veracruzano, dijo.

“Si el PRI, como lo ha dicho su presidente nacional, Enrique Ochoa,  está decidido a combar la corrupción, pues entonces no debería encubrir ni engañar como lo hizo al enviar la investigación al SAT y a la PGR (contra Javier Duarte), pero sin incluir la revisión de los desvíos del erario público; las varias decenas de millones de pesos que desvío del área de salud, entre otras, y de las cuales está acusado aquí”, insistió.

El diputado Rafael Hernández mencionó que entre los personajes sobre los que pesa alguna solicitud de juicio político en la Cámara baja están: el Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, Andrés Manuel López Obrador, Mario Marín Torres, Felipe Calderón, Fidel Herrera Beltrán, Javier Lozano Alarcón, Luis Videgaray, entre otros.

Y aunque el legislador ofreció entregar a los medios de comunicación la lista completa de las 318 solicitudes de juicio político, hasta el momento no ha cumplido con esa promesa.