Una de las escenas más recordadas de la película mexicana “La ley de Herodes”, del director Luis Estrada, muestra al protagonista de la cinta, el corrupto presidente municipal de San Pedro de los Saguaros, Juan Vargas, arrancar hojas y reescribir sin pudor alguno sobre el texto de la Constitución de la República para “acomodarla” a sus particulares y soeces intereses, caricaturizando esta imagen el comportamiento de la clase política mexicana con un exceso que parecería hasta absurdo.

Sin embargo, la realidad suele superar a la ficción, pues algo parecido está sucediendo en Veracruz a raíz de que el Partido Revolucionario Institucional perdió la elección de gobernador del pasado 5 de junio. Desde el Ejecutivo estatal, se promueven modificaciones legales para evitar que los actuales gobernantes sean llamados a cuentas una vez que entreguen el poder.

En este espacio hemos dado cuenta del desaseado procedimiento que se sigue para nombrar al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, que recaerá, si otra cosa no sucede, en el ex alcalde de Córdoba y ex procurador estatal Francisco Portilla Bonilla, quien cuando menos cubre un perfil más menos aceptable para ocupar ese cargo, aunque está indisolublemente ligado al régimen saliente y, por ende, no garantiza imparcialidad en la aplicación de la justicia.

Pero donde no hay el mínimo asomo de vergüenza es en lo que pretenden hacer en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), organismo supuestamente “autónomo” al que han convertido en un remedo de lo que debería ser el garante de la transparencia en el estado de Veracruz.

En la penumbra, sin previo aviso y al límite del plazo para hacerlo, se registró como aspirante a comisionado del IVAI ni más ni menos que Gabriel Deantes Ramos. Sin temor a equivocarnos, el arquetipo de la corrupción más descarada del sexenio duartista.

Dotado de un enorme poder durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Deantes Ramos fungió como el “operador” electoral del régimen (dando pésimos resultados, como salta a la vista), así como uno de los funcionarios que más se enriqueció a su paso por oficinas gubernamentales como la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Finanzas y Administración, de donde salió con una no necesariamente inexplicable fortuna que lo convirtió en dueño de diferentes propiedades y negocios en el estado.

Gabriel Deantes hizo y deshizo durante el sexenio desde sus diferentes posiciones de poder, colocando alfiles suyos en diversas dependencias y órganos, entre éstos el Organismo Público Local Electoral y su antecesor, el Instituto Electoral Veracruzano, e incluso en el propio IVAI, a donde busca ahora, él mismo, llegar.

Y decimos que su fortuna no es necesariamente inexplicable porque, además de la evidencia física de sus lujosas residencias, como la del exclusivo fraccionamiento Monte Magno en la capital veracruzana, sobre Deantes pesan denuncias del orden federal por malversación de fondos públicos, mismas que presentó la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República, como la que consta en el Dictamen Técnico DGARFT-B/DH/047/2015, en el que se le imputa haber omitido el control de recursos financieros a la Secretaría de Salud por más de mil 500 millones de pesos, de los que “no existen elementos con los cuales se pueda corroborar que los recursos transferidos hayan sido aplicados para los objetivos del programa” (del Seguro Popular).

Este personaje, que antes de llegar a Veracruz y convertirse en potentado era vendedor de teléfonos celulares en su natal Tampico, intenta convertirse en “respetable” comisionado del organismo encargado de garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública, en la que consta, entre otras cosas, el desfalco que él, entre varios otros, propinaron al estado. El (mal) chiste, se cuenta solo.

Como dice el refrán que da título a la película referida en un principio, con esta clase política en Veracruz nos tocó la ley de “Herodes”: ¡te chingas, o te jodes!

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