Texto: José Ignacio De Alba y Daniela Pastrana, Fotos: Mónica González. 

Xalapa, Veracruz.- El 6 de enero de 2014, Gibrán Martiz Díaz, Sergio Martínez Hernández y José Eduardo de la Cruz rentaron un departamento amueblado en la colonia 7 de noviembre. Martiz, de 22 años, andaba en busca de nuevas oportunidades después de la pequeña fama que ganó al participar en la tercera temporada del popular programa televisivo “La Voz México”. La dueña del departamento reconoció al músico de ascendencia panameña, a quien había visto por última vez en la tele un domingo por la noche.

El arrendamiento quedó pactado para esa tarde y los tres amigos estrenaron su nuevo hogar con una reunión en la que, según la reconstrucción hecha por las autoridades, a José Eduardo se le disparó por error un tiro de una pistola tipo escuadra que sacó para presumir.

Al día siguiente, a las 4 de la tarde, un vecino vio llegar a los tres jóvenes en un auto color arena escoltado por tres patrullas, en las que iba una veintena de policías estatales. Dos oficiales con el rostro cubierto condujeron a José Eduardo, esposado, a su departamento. El vecino, curioso, quiso saber qué estaba pasando, pero sólo recibió la respuesta de un policía, que le dijo que “era una bronca muy gruesa” y no podía darle más información.

Luego de unos 10 minutos, se fueron con los muchachos. En los días siguientes, la dueña del departamento presentó una denuncia contra “desconocidos” por el allanamiento de su domicilio y los padres de Gibrán y Sergio --de 17 años--, presentaron denuncias por la desaparición de sus hijos. Pero nada se supo hasta el 18 de enero, cuando los cuerpos de ambos jóvenes se ubicaron en un paraje del municipio Puente Nacional, a una hora y media de Xalapa, tras un supuesto enfrentamiento entre criminales. José Eduardo no ha aparecido.

El caso originó la única recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, por las acciones de la policía estatal en contra de la población civil.

“Este organismo nacional cuenta con elementos que permiten evidenciar la detención arbitraria y la desaparición forzada de V1, V2 y V3, vulnerándose con ello los derechos a la libertad personal, integridad y seguridad personal, legalidad, seguridad jurídica y a un trato digno”, dice la recomendación 14/2015, emitida en mayo pasado.

La investigación de la Comisión Nacional documentó, además, que después de desaparecidos, el teléfono de los jóvenes registró actividad en la zona donde está ubicada la Academia Estatal de Policía, conocida como El Lencero. La conclusión de la CNDH involucra a 14 agentes del estado: siete policías estatales que participaron en la detención ilegal y desaparición forzada de los tres jóvenes; cuatro agentes ministeriales que “no siguieron las líneas de investigación” tendientes a localizar a José Eduardo y a determinar las causas de muerte de Gibrán y Sergio; y tres peritos que no determinaron las condiciones en las que se localizaron los cuerpos de los jóvenes asesinados. Todos están libres.

Y no es un caso aislado. En tres años, la oficina estatal, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ha investigado y acusado tortura, asesinato y detenciones arbitrarias por parte de la policía que comanda Arturo Bermúdez.

La desaparición

Según los testimonios que ha recopilado Efraín Martiz, padre de Gibrán, a su hijo lo sacaron “con lujo de violencia” de su departamento; no lo detuvieron en la calle.

Los policías implicados dieron sus propias versiones, que han sido desmentidas por la CNDH. Según ellos, detuvieron a los tres jóvenes cuando circulaban por la calle 16 de septiembre, en el centro de Xalapa, debido a que su auto llevaba los vidrios polarizados, lo que está prohibido en el estado. A José Eduardo le encontraron un arma fajada en el pantalón (un revólver calibre 25), y después –sin motivo aparente-- confesó tener otra arma en el departamento recién rentado (una escuadra 38 especial). Gibrán, por su parte, alegó que su amigo iba armado porque era su guardaespaldas y pidió a los policías no comprometer su carrera.

La declaración del primero de los siete policías involucrados en la detención parece sacada del manual del policía ejemplar: “AR1 precisó que toda vez que V1 le pidió que “le echara la mano porque si no se iba a arruinar su carrera como cantante”, decidió dejarlo en libertad con V2 y V3 por el “Bosque de la Estación”, donde los bajó y les recomendó que “no quería que se repitiera la portación de arma de fuego, que era algo de lo que iba a estar al pendiente”; les entregó su vehículo, sugiriéndoles que le quitaran los vidrios polarizados (…) también asentó que no devolvió las armas de fuego aseguradas a las víctimas “por temor a que se malinterpretaran sus acciones”, ya que a los cuatro o cinco días de los hechos conoció la noticia de que habían sido secuestrados”

Sin embargo, el informe SSP/ REGION XX/J.O./0149/2014, que el jefe del departamento de operaciones de la policía estatal en la conurbación de Xalapa envió a las autoridades federales, asegura que “no existe registro” que los agentes que tripulaban la unidad No. 1, “hayan realizado” la detención de los muchachos. Esto, según la CNDH acredita el intento inicial de la policía estatal de ocultar la información.

Pero no fue lo único que ocultaron. Seis meses después de la detención de los jóvenes se supo, a través de la información que dio la empresa telefónica Radiomovil Dipsa SA de CV, que el teléfono celular de Gibrán reportó actividad los días 8 y 9 de enero en el kilómetro 11.5 de la carretera Xalapa-Veracruz, donde se ubica la Academia Estatal de la Policía, más conocida como El Lencero. También fue usado los días 12, 13 y 14 de enero en una zona de Boca del Río conocida como Loma del Diablo.

Según la CNDH, los jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada. “Dichos agentes detuvieron a las víctimas y las subieron a vehículos oificiales y se los llevaron (…) jamás las pusieron a disposición de la autoridad ministerial competente”.

Los policías – concluye la CNDH-- no acreditaron haberlos puesto en libertad el 7 de enero de 2014, como declararon, y “fueron los últimos en tener la custodia de las victimas”.

Academia de Policía Xalapa

La policía “modelo”

El comercial presume “la segunda policía más equipada del país”: oficiales con uniformes moteados y boinas, equipamiento “de última generación” --que incluye helicópteros, lanchas y tanquetas--, unidades de “inteligencia especializada” y “centros de control” del C4. En escena, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, jura que la seguridad de los veracruzanos ha sido su mayor reto. Y aclara: “Hemos construido un modelo ejemplar de control a la delincuencia”.

El gobierno de Veracruz reservó por seis años la información relativa a la “difusión de mensajes sobre programas gubernamentales” de diciembre de 2009 a agosto de 2014, por lo que no es posible, por ahora, saber cuánto costó a los veracruzanos la promoción de su policía ejemplar con imágenes de guerra tipo Hollywood. Lo que sí se sabe es que, sin considerar los recursos federales, en los cinco años que lleva de gobierno, Javier Duarte multiplicó el gasto de la secretaría de Seguridad Pública estatal que encabeza Arturo Bermúdez Zurita.

La información que se desprende de las cuentas públicas anuales indica que el presupuesto de esa secretaría pasó de mil 417 millones de pesos en 2010 a 3 mil 673.5 millones en 2015; un aumento del 2% al 3.58% del presupuesto total del estado.

En octubre de 2014, Duarte anunció la creación de una súper policía de élite: la Fuerza Civil, integrada –en una primera etapa-- por 2 mil policías estatales que fueron seleccionados para entrenarse seis meses en el Ejército. El presidente Enrique Peña Nieto visitó Veracruz en la víspera de la presentación y auguró que será la policía “más moderna del país”.

Pero los resultados son muy pobres. Veracruz es el estado con más policías reprobados en los exámenes de confianza, según el informe de 2015 de la organización Causa en Común. Cuatro de cada 10 policías, de los 9,600 que integran la fuerza estatal (incluidos los de la Fuerza Civil) no pasaron los controles de confianza, aunque siguen activos.

La policía estatal es temida por los habitantes de Veracruz. Más que la federal, la Marina o los militares. Una funcionaria del gobierno estatal cuenta, off de record, que una vez que la iban a detener en la carretera ordenó a su chofer que acelerara, porque prefería caerse a un barranco que dejarse detener por los estatales. Y no es un temor exagerado. La desaparición y asesinato de Gibrán y su amigo no son un caso aislado.

Entre enero de 2011 y diciembre de 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió 95 recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública del estado por detenciones ilegales y tortura cometidas por policías estatales en funciones. Casi dos por mes, durante la gestión de Bermúdez Zurita, quien asumió el cargo en julio de 2011.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal no son claras y no establecen que son graves violaciones a los derechos humanos, ni siquiera en los cuatro casos en los que las detenciones terminaron en asesinatos:

-          Recomendación 52/2012. El 5 de marzo de 2012 policías estatales detuvieron violenta y arbitrariamente a un muchacho en Xalapa. Lo trasladaron al Cuartel General de la Policía Heriberto Jara Corona; seis horas después, los agentes se comunicaron con la madre del tenido pidiéndole que se presentara en las oficinas de la Agencia Primera del Ministerio Público con el acta de nacimiento de su hijo, debido a que había fallecido.

-          Recomendación 23/2013. El 17 de noviembre del 2012, policías estatales hicieron el alto a un hombre que manejaba una camioneta en Tlacolulan. Era casi la medianoche y el hombre no se detuvo. “Un policía empezó a disparar con sus armas de cargo, provocando que el vehículo que conducía el hoy occiso, se impactara en contra de una barda, provocando y causándole tiempo después la muerte”. Las Constancias de la Investigación Ministerial refieren que a los policías se les dictó auto de libertad “en virtud de no haberse encontrado elementos suficientes que constituyeran conducta ilegal” contra el muerto.

-          Recomendación 45/2013: El 13 de abril de 2013 agentes de la policía estatal entraron en la casa de una pareja que veía televisión el municipio de Banderilla. Iban encapuchados. “Sin mayor explicación y con lujo de violencia los sometieron y tiraron al suelo a “C1”, donde lo empezaron a golpear, patear y darle toques eléctricos en diversas partes del cuerpo […] tuvo que ser canalizado y hospitalizado, donde finalmente y días después, falleció”.

-          Recomendación 35/2014: 26 de diciembre del 2014. “Después de pasar por el Puesto de Revisión del Alcoholímetro, en donde los citados elementos se encontraban comisionados, sin ningún motivo arremetieron en su contra, provocándole lesiones a dos de los quejosos con sus armas de cargo, perdiendo la vida uno de ellos”.

En otros casos, el patrón se repite: “Al salir de un evento público fue agredido físicamente con el arma de fuego a cargo de “S1”, provocándole con ello tres heridas de bala en ambas piernas, motivo por el cual tuvo que ingresar al área de urgencias del hospital civil”…“Ingresaron a su domicilio sin contar con orden escrita emitida por autoridad competente, siendo privado de su libertad de manera violenta y trasladado a un lugar que refiere desconocer, toda vez que iba con los ojos vendados”… “fue trasladado a un lugar cerca de la carretera, en donde le quemaron en varias partes de su cuerpo, causándole diversas lesiones graves en su integridad física, configurándose actos de tortura”.

El asesinato y el negado derecho a la verdad

Los cuerpos de Gibrán Martiz y Sergio Martínez fueron hallados en una zanja, a unos metros de donde se encontraron otros dos cadáveres de hombres que, según el expediente oficial, vestían uniformes apócrifos de Policía Federal Ministerial (en otra parte de la investigación dice que eran de la SEIDO); estos hombres, que no son identificados en la investigación, “portaba en sus manos un arma de fuego larga AK-47 y una pistola en la cintura”. También se encontraron paquetes de droga (mariguana y cocaína).

Los peritos de balística de la fiscalía estatal concluyeron que las armas con las que fueron asesinados los jóvenes fueron las mismas que portaban los otros dos hombres que usaban uniformes falsos. Sin embargo, según la recomendación de la CNDH, los peritos “omitieron describir minuciosamente las lesiones, así como el trayecto de los proyectiles”.

¿Cómo los encontraron? Según la declaración del comandante de la policía delegación Fortín de las Flores (a unas dos horas y media de Xalapa), poco después de las 8 de la noche del 18 de enero –cuando los jóvenes llevaban 11 días desaparecidos-- le reportaron por radio que vehículos con gente armada se dirigían hacia la carretera federal Huatusco-Conejos. El agente y un grupo de policías se trasladaron a ese lugar y, en el kilómetro 98 escucharon detonaciones que provenían del monte, por lo que se internaron en un camino de terracería. Un kilómetro adelante el comando policiaco fue atacado a balazos y respondió a la agresión. En el lugar, siempre según el testimonio del comandante, quedaron una camioneta Ford-Escape color arena y un Seat-León, color negro. La fiscalía dijo después, en un comunicado, que ambos vehículos tenían reporte de robo.

A unos metros encontraron dos cuerpos de hombres que vestían ropa azul con logotipos de la Policía Federal Ministerial y más adelante, sobre una pequeña zanja, localizaron otros dos cuerpos, que después fueron identificados por los familiares de Gibrán y Sergio.

La policía del estado dijo que fueron asesinados cuando iban a ser rescatados. Pero el dictamen de criminalística de la PGR, del 10 de agosto de 2014, es concluyente: la posición de víctima victimario de los dos jóvenes fue: “hincado mientras que su victimario se encontraba de pie, frente a él un plano ligeramente superior”. El “evento” donde perdieron la vida “tiene las características típicas de homicidio de personas previamente sometidas”.

En su recomendación, la CNDH destaca varias fallas en el proceso judicial que impiden el derecho a la verdad de los familiares. Por ejemplo, que hasta el 11 de enero de 2014, a través del oficio UIPJ/XAL/9/0088/2014 solicitó al titular de la SSP los nombres y domicilios de los agentes policiales; y la respuesta llegó el día 13. Que los policías ocultaron información “que podría ayudar a dar con el paradero de las víctimas”, cuando estaban aún vivos Gibrán y Sergio. Que no se investigara la conexión posible entre la desaparición forzada y el asesinato.

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Los siete policías que participaron en la detención de los jóvenes fueron detenidos el 21 de enero de 2014. El 18 de diciembre de ese año, el juez Florencio Hernández Espinoza les otorgó la libertad bajo fianza y, tras pagar 5 mil pesos, los policías salieron del Centro de Readaptación social de Pancho Viejo, Veracruz. Cuando el 6 de mayo de 2015, el personal de la CNDH se comunicó al juzgado para conocer el estado del proceso, la respuesta fue de antología: “que no se podia proporcionar la información solicitada por el sigilo del caso”.

“Nadie se mete con la policía estatal”, dice, desde el anonimato, un investigador de la Universidad Veracruzana.

La recomendación de la CNDH es concluyente: la actuación de los servidores públicos involucrados “no refleja la existencia de un marco mínimo necesario en materia de acceso a la justicia y atención a víctimas”.

La desaparición forzada de los tres jóvenes y el posterior asesinato de Gibrán y Sergio, siguen impunes.