Xalapa, Ver.- El estado ha sido omiso para dar atención integral a las familias de cientos de desaparecidos y asesinados en Veracruz, pues a casi un año de la aprobación de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz, ésta carece de reglamento, y por lo tanto no puede operar, coincidieron en señalar expertos en el tema.

La ley fue publicada en la gaceta oficial el 28 de noviembre del 2014, pero el reglamento y el programa anual del trabajo nunca se concluyeron, a pesar de la creciente inseguridad del estado y de la urgencia de medidas extraordinarias para la atención de las víctimas.

De acuerdo a los datos del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, la entidad ocupa los primeros lugares a nivel nacional por el número de personas desaparecidas, la cifra alcanza más de 600 personas. El último reporte a enero del 2016 señala que van 11 personas secuestradas, y 116 homicidios.

El 2015 cerró con 116 secuestros, 131 extorsiones, mil 124 homicidios y un número no determinado de desapariciones, la mayoría forzada y realizada por la propia policía estatal y municipal, según los datos del Colectivo por la Paz Xalapa.

La ley aprobada y homologada a su par nacional, reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, derecho a la verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.

También contempla un Fondo de Ayuda, Asistencia, Reparación integral del Daño, un Registro Estatal de Víctimas, un Plan Anual de atención a Víctimas y un Sistema Estatal de Victimas que a su vez generaría una comisión con tres comisionados, quienes darían operatividad a la ley, pero nada esto se cumplió.

Aunque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en Veracruz fue creada en 2012, fue dos años después cuando realizó la Ley, que sin reglamento pone en duda la operatividad de la dependencia y el uso de recursos por 7. 8 millones de pesos etiquetados para 2016, y los 48 millones de pesos que tiene para el fondo de reparación, según el presupuesto de egresos del Congreso 2016.

La Ley también prevé derechos como acceso pleno a los expedientes de investigación, derecho a estar en exhumaciones, la reparación del daño integral así como atención jurídica, psicológica, de salud, entre los más importantes, derechos que se desconoce si se están cumpliendo.

Investigación, un viacrucis para familiares de desaparecidos

A Sara le violaron sus derechos a una justicia pronta y expedita. Su hijo, Ivánhoe Mass González desapareció en marzo del 2010 de Boca del Río, fue la policía intermunicipal de ese entonces.

Seguir la investigación ha sido un viacrucis. Para obtener la sabana de llamadas tuvo que esperar más de un año, y a cinco años de la desaparición de su hijo ahora la autoridad le ha dicho que tiene perdidas las llamadas y las ubicaciones con quienes éste se comunicó en las últimas horas.

Integrante del Colectivo por la Paz Xalapa, reclama que el estado no garantiza la reparación del daño, ni da a las víctimas el derecho a la verdad, ni a una justicia pronta y expedita.

Junto con la denuncia de la desaparición de su hijo, denunció también el robo del auto, pero meses después el auto estaba circulando; es decir, que la Secretaría de Hacienda Estatal permitió el reemplacamiento de un auto con reporte de robo. Nadie le explicó las razones.

La única persona señalada por los hechos fue dejada en libertad por complicidad de un juez, y aunque ya tiene el expediente completo de su hijo, afirma que la mayor parte de los avances de la investigación ha sido otorgados a la autoridad ministerial por ella misma, ante la incapacidad que ha visto.

En su opinión la Ley debería ser difundida, pues pocos la conocen, pero también puesta en operación para garantizar el derecho a las víctimas a fondos para el desplazamiento forzado, o el acceso a una justicia real sin dilaciones.

"Estamos proponiendo que sean las víctimas quienes puedan participar en la elaboración del contenido, porque qué va a a saber el diputado o el gobernador, nosotros que somos las víctimas debemos estar elaborando las leyes".

Estado viola estándares internacionales

Cuando una víctima no tiene derecho al marco legal estipulado en la ley general debido a las omisiones por parte de la autoridad encargada de emitir un reglamento, sus derechos son vulnerados porque no se cierra el círculo de un verdadero acceso a la justicia.

Así lo sentenció la presidenta de la Comisión de Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, que aseguró que al no contar con las herramientas ejecutorias de la ley, la víctima no tiene posibilidad de que el daño le sea reparado, no solamente en términos económicos, sino asistenciales como la rehabilitación y la satisfacción que va encaminada a restablecer la dignidad de la víctima, lo cual viola los estándares internacionales de reparación.

"Si estamos hablando de una Ley de Víctimas que carece de una reglamentación que va a desarrollar los cómo, cuándo y por qué una persona va a ser determinada como víctima y va a poder acceder a esta reparación integral, se está obviando una parte muy importante, habría una vulneración de derechos".

Apuntó que el no contar con este reglamento constituye legalmente una omisión que deja en estado de indefensión a la víctima, y que esto es responsabilidad directa de la Comisión Estatal de Víctimas.

No obstante, cabe destacar que según la ley el reglamento debería ser integrado y expedido por los comisionados que integren esta comisión; sin embargo, éstos no han sido nombrados debido a que el Gobernador no ha enviado las tres ternas dentro de las cuales deberían elegir a los tres comisionados en el Congreso del estado.

Pese al daño que esto genera a las víctimas, Matzumoto Benítez dijo que a menos que una víctima presente una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la violación de un derecho, la CEDH no puede iniciar el proceso para emitir una recomendación de manera oficiosa.

"Hay una cadena de omisiones, por un lado el Legislativo emitió la ley, de quién es responsabilidad de proponer a los comisionados, quiénes deben elegirlos, y luego deben cumplir con el reglamento".

Estado simula que cumple: Asesor jurídico

En opinión de Abiram Hernández Fernández, integrante del centro de estudios Heriberto Jara y acompañante jurídico del Colectivo por la Paz Xalapa, es una situación recurrente que cuando las familias acuden al Ministerio Público son revictimizadas, son llamadas a declarar hasta cinco veces, algunos de los expedientes se pierden, hay familias que llevan un año en espera de la sábana de llamadas y en general el 80 por ciento de los avances en el expediente son investigaciones propias.

En la revisión a los expedientes se ha notado que apenas un 20 por ciento tienen una línea de investigación clara, y muchas veces los ministerios se niegan a confrontar declaraciones con investigaciones de campo, o omiten evidencia clave en los casos.

A su consideración, el no tener una ley de víctimas operante en estado demuestra que el estado solo simula resultados, pero en realidad no ofrece resultados, pues la mayor parte de los expedientes de investigación de los desaparecidos tienen un grave rezado, “una muestra de ellos es que ninguno de los desaparecidos del colectivo ha aparecido”.

Cuestionó que a nivel nacional la Ley de Víctimas también tiene candados que impiden a los familiares acceder a los recursos y fondos.

“A veces la comisión solo opera para dar viáticos, y comida. Pero no más allá, ni siquiera puede proveer a una jefa de familia, cuyo esposo desapareció, el acceso a un trabajo, o a que sus hijos vayan a la escuela”.

Se debe obligar al estado a cumplir: Manlio Fabio

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), Manlio Fabio Casarín León, consideró grave que la Ley de Victimas para el Estado de Veracruz “se letra muerta” y que no se pueda obligar al estado a cumplir con su obligación de expedir un reglamento.

Recordó que los artículos transitorios de esta ley, señalan que a los 90 días de su expedición el Titular del Ejecutivo estatal debió enviar el reglamento que hará posible la articulación de competencias para hacer efectivo el contacto de las víctimas con las autoridades.

Se desconoce usos de recursos del Fondo de Apoyo a víctimas del delito: Ana Ledezma

Hasta el momento, se desconoce cuál ha sido el uso del recursos de más de 40 millones de pesos del Fondo de reparación a víctimas del delito y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, si no cuenta con la operatividad de la Ley Estatal de Víctimas, pues no hay reglamento, afirmó la secretaria de la Mesa Directiva del Congreso local, Ana Cristina Ledezma.

Advirtió que actualmente la ley es inoperante, en parte porque al resarcir el daño a quienes padecieron un delito o violación a sus derechos humanos, significa poner en evidencia al sistema de procuración e impartición de justicia.

La panista, lamentó que en Veracruz no exista un reglamento que regule la ley que está vigente desde el año 2014, y que debería ser una garantía para las personas que sufren algún delito o que hayan padecido la deficiencia del sistema de justicia, puedan lograr la reparación del daño.

Avc