Hace pocos días, el Gobierno del Estado de Veracruz lanzó una peculiar campaña en medios y a través de los espectaculares que tiene contratados a lo largo del estado, para “difundir el uso responsable de redes sociales”.

Desarrollada desde la plataforma veracruzdigital.gob.mx, creada por el departamento de Comunicación Digital del gobierno estatal –que encabeza Córsica Ramírez Tubilla, prima de la presidenta del Dif Karime Macías Tubilla– dicha campaña “alerta” sobre los “peligros” de la Internet, usando frases como “pienso, luego publico”, “en Internet, aléjate de las personas tóxicas”, “desconéctate y disfruta”, con la clara intención de desalentar entre la población el uso de las redes como vehículo de expresión libre.

Es cierto. Por la red circula toda clase de mensajes e información que no necesariamente es verdadera o que incluso se podría considerar como dañina o perjudicial. Y es responsabilidad de los usuarios el uso que se dé a esta tecnología, como a cualquier otra.

Pero lo que realmente le preocupa al gobierno de Javier Duarte es que es tal su descrédito e impopularidad, que antes de que comience el proceso electoral local busca encontrar la manera de controlar lo que se dice en las redes, así como controla ya a buena parte de los medios de comunicación tradicionales.

No por nada en sus recientes reuniones con directivos de medios y reporteros para “celebrar” la libertad de expresión, Javier Duarte fue muy insistente en el tema del “buen uso” de las redes sociales y cómo hay que “adaptarse” a lo que representan.

No es la primera vez que el duartismo ataca a las redes sociales. Es bien recordado cómo al principio de la administración, el gobierno le inventó el ridículo cargo de “terrorismo” a la tuitera María de Jesús Bravo Pagola, aguda crítica del régimen, por lo cual hasta a la cárcel fue a dar.

Tampoco hay que olvidar que en septiembre de 2011, cuando la violencia se disparaba de manera brutal en la entidad, el Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal de Veracruz conocida como “Ley sobre perturbación del orden público”, aunque popularmente bautizada como “ley antituiteros”, en la que se castigaba con uno a cuatro años de prisión y multas de 500 a mil días de salario mínimo, a quienes fueran acusados de terrorismo, sabotaje y propagación de información falsa desde las redes.

En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la “ley antituiteros” de Javier Duarte por considerar que era violatoria de los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la información, la legalidad, la seguridad jurídica y la exacta aplicación de la ley penal.

Pero al parecer el duartismo no entiende y se empeña en inhibir la libertad de expresión en las redes sociales, ahora con una costosa campaña a costa del erario, cuando en Veracruz hay muchísimas otras prioridades, como resarcir el desfalco financiero que tiene a la entidad en medio de la peor crisis económica de su historia.

En general, la clase política detesta la libre expresión de las ideas y las críticas a su desempeño público. Y más aún, la libertad que las redes han dado a los ciudadanos de a pie para echarles en cara su deshonestidad e incapacidad. No es casualidad que en Sonora una diputada del Partido Verde pretenda castigar con multas a quien difunda “memes” que “injurien” a los “pobrecitos” políticos.

Lo que tienen es terror a los ciudadanos.

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