Muy difícilmente le bastará al Gobierno del Estado con su recientemente anunciado plan de austeridad para sacar a flote las finanzas públicas. Están con el agua hasta el cuello de deudas.

Porque además de la deuda pública reconocida oficialmente por la administración estatal, que asciende a casi 43 mil millones de pesos después del último crédito autorizado por el Congreso del Estado, lo que se debe a los proveedores está asfixiando al gobierno a tal punto, que los acreedores le saltan por todos lados.

Tan sólo a los proveedores de la iniciativa privada agrupada en las cámaras empresariales se les deben mil 500 millones de pesos, deuda que se arrastra desde el sexenio pasado y que se intenta cubrir en “abonos chiquitos”.

Y como fue señalado desde hace al menos dos años, la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en noviembre del año pasado se convirtió, a causa de los malos manejos financieros de los fondos enviados para ello, en un desastre para Veracruz.

Hace dos semanas tuvo que salir el presidente de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), Héctor Cardona, a reclamarle al gobierno estatal el pago de 600 mil dólares que estaban pendientes de cubrir desde el año pasado, toda vez que la propia federación deportiva y las delegaciones que acudieron a las competencias tuvieron que sufragar con recursos propios el pago de viáticos y servicios.

Pues bien, ahora fue la empresa Autobuses de Oriente (ADO), la que salió a exigirle al gobierno, con una demanda de por medio en contra del Comité Organizador de los Juegos, el pago de 21.4 millones de pesos por concepto de los servicios de traslado de los deportistas y demás miembros de las delegaciones durante las competencias, para lo cual puso a disposición de la administración estatal 186 autobuses de pasajeros de lujo, así como 35 camionetas Sprinter, que operaron en las sedes de Veracruz, Xalapa, Boca del Río, Córdoba, Coatzacoalcos y Tuxpan.

A ello hay que sumar lo que se le adeuda  a los ex trabajadores que laboraron durante los Centroamericanos, y que exigen el pago de más de 84 mil pesos. Ni siquiera eso quiere pagar el gobierno.

Es tan grave la situación de las finanzas  estatales, que a los candidatos a diputados federales del PRI –a algunos, al menos– ya se las “cantaron”: no recibirán apoyo económico de la administración estatal para sus campañas. Tendrán que obtener fondos de otra parte y caminarle mucho si quieren ganar.

Cuando un gobierno opta por anunciar un “plan de austeridad” como el que se anunció, no es signo de buena administración. Es señal de que se dilapidaron los recursos y se pretende salvarse del naufragio a través de medidas desesperadas.

Más que un plan de austeridad, lo que haría falta en Veracruz es un plan de honestidad y contra la impunidad de quienes han saqueado al estado los últimos años.

Pero eso sí es mucho pedir.

Agradecimiento

Un servidor expresa su más profundo agradecimiento a todos quienes solidariamente repudiaron, directamente y en las redes sociales, la amenaza velada que desde la cuenta de Twitter @400Pueblos se hizo contra mi persona, luego de la publicación de la anterior entrega de esta columna, titulada “400 Pueblos: lenocinio, corrupción de menores e impunidad”.

También manifiesto mi solidaridad con la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, Yadira Hidalgo, quien también es hostigada por este mismo grupo al que la autoridad de este estado no se atreve a poner en orden.

Seguiremos adelante. No nos callarán.

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