Conforme se diluye de la agenda mediática y política nacional el multihomicidio del pasado 31 de julio en la Ciudad de México, en Veracruz el clima se tensa y crece el riesgo para quienes ejercen la crítica al régimen de Javier Duarte de Ochoa.

Este miércoles, activistas pro derechos humanos y civiles, así como periodistas, denunciaron un clima de acoso e intimidación en su contra, muy similar al que en el mes de junio hizo público el reportero gráfico Rubén Espinosa y que lo motivó a dejar Veracruz: hostigamiento afuera de los domicilios particulares de quienes han participado en las marchas de protesta o han señalado públicamente la responsabilidad del gobierno estatal en ésta y otras agresiones.

“(Hay) gente cercana a Rubén Espinosa que está siendo acosada en este transcurso de ocho y diez días, hay persecución y sí exigimos que se nos respete nuestro derecho a la libertad de expresión, nuestro derecho a manifestarnos y nuestro derecho a exigir justicia”, afirmó la reportera de La Jornada Veracruz, Norma Trujillo, quien ha sido activa participante de las protestas en contra de las agresiones contra la libertad de expresión durante el gobierno de Javier Duarte.

De igual manera, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” publicó un desplegado dirigido al gobernador Javier Duarte en el que alerta también sobre la intimidación contra quienes demandan justicia en este caso y señalan al gobierno estatal.

“Alertamos contra la criminalización de la protesta y contra los jóvenes por parte del gobierno de Veracruz y nos sumamos a la exigencia de que se investigue el móvil político de los asesinatos, pues numerosas organizaciones de Veracruz, el gremio periodístico y organizaciones de la sociedad civil han elevado la responsabilidad del gobernador Javier Duarte Ochoa, como principal señalado por Rubén Espinosa y Nadia Vera en diversos medios, en relación con las amenazas contra su vida y con la persecución policiaca de la que fueron objeto y que les obligó a dejar esa entidad y autoexiliarse en la Ciudad de México.

“Nos parece de suma gravedad que la denuncia y exigencias de la sociedad civil organizada en Veracruz y quienes nos hemos manifestado y solidarizado con sus causas, sean ignoradas. Nuevamente elevamos nuestra profunda preocupación por la situación de riesgo en que se encuentran activistas, defensores y periodistas en el estado de Veracruz”, sentencia en su desplegado el Centro Pro.

Y es que el gobernador de Veracruz no oculta su molestia por lo que llamó “linchamiento público”, en referencia al maremoto de críticas y señalamientos en su contra que, fundados o no, se profirieron desde que se supo del asesinato de Rubén Espinosa y Nadia Vera, particularmente, porque ambos lo responsabilizaron con antelación de cualquier agresión contra su integridad física.

Así que del pasmo inicial, el régimen de Duarte comenzó a dar respuesta, primero cabildeando en la prensa de la Ciudad de México para obtener opiniones favorables que lo deslinden del crimen de la misma manera como, desde el otro extremo, lo han vinculado: sin pruebas contundentes.

No sólo eso. Después de casi 15 días con la cabeza enterrada en la tierra, los burócratas estatales y los militantes priistas fueron “conminados” a defender a su jefe el gobernador desde sus redes sociales personales, manifestándole, voluntariamente a fuerza, su “apoyo”.

Pero el encono está en el aire. Durante un acto partidista público, el dirigente estatal del PRI, Alfredo Ferrari Saavedra, dijo que “el silencio no será la respuesta a los infundios de quienes escudados en la libre expresión que el Estado garantiza, pretendan debilitar a nuestras instituciones”.

Bajo la premisa de que las críticas y la libertad de expresión pretenden “debilitar” a las instituciones, ¿qué se puede esperar de un gobierno que se maneja con las vísceras?

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