A menos de cuatro meses de los comicios federales, estalló una crisis al interior del órgano electoral.

La discusión sobre el uso electoral que los gobiernos hacen de los programas sociales fue impedida ayer en el Instituto Nacional Electoral (INE), en una sesión que mostró las divisiones en su Consejo General.

Incluso, los representantes de los partidos de oposición abandonaron la sala en protesta.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, el consejero Marco Antonio Baños fue quien solicitó que se pospusiera la discusión de dos acuerdos.

Uno, del presidente del INE, Lorenzo Córdova, para emitir normas sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos, y otro de la consejera Pamela San Martín, para que los Gobernantes garanticen que los programas sociales no se usen con fines electorales.

Horacio Duarte, representante de Morena, acusó a Baños de defender al PRI. El del PRD, Pablo Gómez, criticó que se evitara la discusión de los temas.

San Martín y el consejero Ciro Murayama objetaron que no se fundamentara la petición de Baños, quien defendió que querían mejorar el documento de los dos acuerdos.

Benito Nacif, Javier Santiago, Enrique Andrade, Adriana Favela y Beatriz Galindo avalaron el planteamiento de Baños y ganaron la votación.

En contra lo hicieron el presidente Córdova, San Martín, Murayama, Roberto Ruiz y Arturo Sánchez.

Tras la votación, Javier Corral, representante de los legisladores del PAN, anunció que siete partidos de oposición abandonaban la sesión.

Consejeros sólo ven intereses del PRI y del Verde

Horacio Duarte, representante de Morena, dijo que el PRI tiene “secuestrado” al INE por medio del consejero Marco Antonio Baños, quien durante la sesión de ayer, denunciaron los partidos, operó para que se evitará la discusión sobre la equidad de la contienda.

“Me sorprende políticamente que el Consejero Baños, fiel defensor de quien lo puso aquí en este Consejo, de su partido el Revolucionario Institucional, quiera bajar estos dos temas”, manifestó.

A su parecer, esta acción para bajar normas reglamentarias sobre imparcialidad pues ya sabemos por qué no le gusta, a quién pretende beneficiar. Pensé que no se atrevería pero sí se atreve, por lo menos tiene valor, Consejero Baños, de defender bien a su partido”.

A los señalamientos se sumaron los demás partidos, Pablo Gómez, representante del PRD, les inquirió a los consejeros que su fuerza política no estaba representada “en ninguno de ustedes, otros partidos pueden decir que sí, pero nosotros, el PRD, no. A pesar de que hizo propuestas para la conformación de este Consejo, no estamos representados, pero sentimos que el PRI sí lo está”.

Según otra nota del diario 24 Horas, Javier Corral, consejero legislativo de Acción Nacional, manifestó: “estamos en febrero, han pasado etapas fundamentales del proceso, han pasado las precampañas y esta dilación, esta táctica dilatoria de un bloque de consejeros, lo único que abona es a la inequidad de las contiendas electorales”.

El acuerdo que generó el debate buscaba la colaboración de los gobiernos federales y locales para que se comprometieran a evitar el uso de programas sociales con fines electorales, y otro sobre las medidas de seguridad para los candidatos a diputados federales.

Por su parte, el consejero Marco Baños se defendió y dijo que “no estamos promoviendo un acuerdo ni acuerdos que favorezcan a ninguna fuerza política sino que establezcan con toda claridad cuáles son las normas a las cuáles se tienen que sujetar todos los servidores públicos”.

La protesta de los siete partidos orilló al consejero presidente, Lorenzo Córdova, a suspender la sesión que continuó una hora después pero ya sin los representantes de los siete partidos, incluidos sus consejeros legislativo.

Al respecto, el PRI, a través José Alberto Rodríguez Calderón, lo consideró “una actitud de berrinche, es una actitud de simple y sencillamente un chantaje que están haciendo y al cual no debemos hacerle el juego a estas situaciones; en la democracia se gana por mayoría, la unanimidad no regularmente implica el encuentro total de los consensos, en ese sentido, la mayoría es válida.

En un pronunciamiento conjunto, los siete partidos coincidieron en que el INE actúa de manera parcial y exigieron que los consejeros den celeridad a las denuncias contra el Partido Verde por el uso excesivo de publicidad.

El PAN amenaza con dejar discusión de ley de transparencia

El grupo parlamentario del PAN en el Senado amenazó con abandonar las negociaciones en torno a la Ley General de Transparencia, debido a la presunta “intromisión” del gobierno federal en este proceso, con la intención de  limitar los alcances de la nueva legislación.

En conferencia conjunta, los senadores Javier Corral Jurado, Víctor Hermosillo y Celada,  Ernesto Ruffo Appel  y Marcela Torres Peimbert, denunciaron que el presidente Enrique Peña Nieto, a través del consejero jurídico Humberto Castillejos Cervantes, pretende “achicar” este ordenamiento complementario de la reforma constitucional, aprobado en noviembre de 2013.

Marcela Torres Peimbert, secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, acusó que el consejero jurídico ha presentado a senadores un documento de trabajo donde se plantea la modificación a 80 de los cerca de 300 artículos contenidos en la ley de transparencia y se omiten las observaciones que los propios comisionados del IFAI entregaron al Senado sobre este particular.

En ese sentido, advirtió que su grupo parlamentario (PAN) no aceptaran la discusión de ninguna propuesta de modificación que atente contra el derecho de acceso a la información pública,  ni darán su voto a una ley regresiva.

“Vemos que hay regresiones, achicamientos, no se cumple este decálogo que propone el IFAI (…) desde luego el Partido Acción Nacional no signará de ninguna forma una ley que solamente lave la cara y dé la apariencia de que el gobierno está trabajando en materia de transparencia cuando en realidad no es así”, advirtió la legisladora según otra nota de diario 24 Horas.

Por su parte, el senador Javier Corral Jurado reiteró que los planteamientos del Gobierno federal representan “auténticas regresiones”, particularmente en los temas que tienen que ver con prueba de daño, transparencia en fideicomisos y fondos públicos, declaraciones públicas, declaraciones patrimoniales, además de la pretensión de otorgar a la Consejería Jurídica y no al IFAI la facultad de impugnar las negativas de información sobre órganos de transparencia locales.

“Realmente hay intenciones del presidente de la república de retroceder en un derecho conquistado por la sociedad mexicana (…) hay una visión y una concepción profundamente autoritaria del Ejecutivo que puede hacer avanzar regresiones en la ley secundaria y contradicciones constitucionales”, alertó.