México, DF.- El 7 de febrero, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) indicó que pone en duda la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que sus conclusiones son prematuras y están basadas en un análisis sesgado de la evidencia disponible.

A petición de las familias de las víctimas, el EAAF ha participado en este caso con el propósito de garantizar que la investigación sea sostenida y apoyada científicamente.

Sin embargo, los altamente respetados expertos independientes hicieron pública su preocupación de que las conclusiones presentadas por el Procurador General evidenciaban graves deficiencias en la investigación y fueron emitidas meses antes de la conclusión del trabajo forense.

La respuesta inmediata de la Procuraduría General falló en abordar satisfactoriamente estas inquietudes. Peor aún, la declaración de la Procuraduría General parece estar escrita para responder de prisa al cuidadoso examen realizado por el EAAF y parece intentar desacreditar el trabajo y la reputación del EAAF en lugar de analizar las recomendaciones del equipo forense.

De acuerdo con el EAAF, la explicación gubernamental de los eventos no tomó en cuenta que, si bien no hay evidencia forense para vincular a los estudiantes desaparecidos a los restos humanos encontrados en el basurero en Cocula, sí existe clara evidencia de que al menos algunos de los restos pertenecen a víctimas no relacionadas con este caso. Como Amnistía Internacional ha subrayado en varias ocasiones, el gobierno sostiene su caso principalmente en los testimonios auto inculpatorios dados por los detenidos y evidencia forense muy limitada.

A Amnistía Internacional le preocupa que la evidencia podría haber sido manipulada. El EAAF reveló que 20 perfiles genéticos enviados a la Universidad de Innsbruck por las autoridades eran erróneos, y que el basurero de Cocula no estaba bajo custodia policial del 7 al 28 de noviembre de 2014. Estas inconsistencias deben investigarse adecuadamente por el gobierno, en estrecha colaboración con el EAAF, familiares de las víctimas y sus representantes.

Las familias de las víctimas han expresado en repetidas ocasiones que la Procuraduría General informa a los medios de comunicación antes de revelar información sensible a ellos, faltando a su compromiso de mantenerles informados, con prioridad, de la evolución del caso. Amnistía Internacional pide al gobierno discutir adecuadamente todos los aspectos relevantes de este caso con las familias y sus representantes antes de hacer cualquier anuncio público.

La Procuraduría General debe respetar las demandas legítimas de las víctimas y de la sociedad en general, para examinar a fondo la historia contada por quienes sobrevivieron al ataque del 26 y 27 de septiembre. Por lo tanto, esta investigación debe incluir un cuestionamiento serio sobre la posible participación de militares durante el día del ataque y su posible complicidad previa con el crimen organizado que permitió que la violencia creciera de tal manera en la región.

Amnistía Internacional insta al gobierno a dar al EAAF pleno acceso a sus archivos e información necesaria que les permita continuar su investigación. Los miembros del EAAF deben gozar de todas las garantías necesarias para cumplir con su deber sin ninguna interferencia indebida, evitando además cualquier descalificación por parte de funcionarios de alto rango.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la participación de un grupo interdisciplinario de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte fundamental de este caso. Al igual que con el EAAF, el gobierno debe otorgar acceso completo y todas las garantías necesarias en el desempeño de su tarea.