El pleno del Senado de la República avanzó anoche en la reforma constitucional que establece que el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal vigilarán la deuda que contraten las entidades federativas y los municipios, con el fin de evitar la generación de crisis financieras que impacten al resto del país.

Además de incluir un Sistema de Alertas, la supervisión de una Comisión bicamaral y la vigilancia de la Secretaría de Hacienda cuando la Federación respalde el empréstito, la reforma prohíbe a los estados y municipios contratar deuda a tasas caras o destinarla al gasto corriente.

De igual forma, ordena a la Cámara de Diputados y al Senado crear leyes que formen el Registro Público Único de la deuda de estados y municipios y responsabiliza a los servidores públicos por el manejo de recursos y la deuda pública, para que no evadan la justicia en caso de que sus decisiones provoquen un problema para las entidades y los ayuntamientos.

De acuerdo con una nota del periódico Excélsior, la reforma –aprobada en comisiones y que el pleno del Senado conoció en primera lectura– destaca que el “Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo”.

Plantea que el Congreso también tenga facultades para aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, “que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal”.

A través de la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara de Diputados fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos estatales y municipales, cuando cuenten con la garantía de la Federación.

Uno de los objetivos es prohibir a los gobiernos de estados y municipios usar empréstitos para gasto corriente.

De igual manera, la reforma constitucional ordena a la Cámara de Diputados y al Senado a concretar leyes que creen el Registro Público Único de la deuda de estados y municipios, además de que responsabiliza a los funcionarios por el manejo de recursos y la deuda pública, para que no evadan la justicia en caso de que sus decisiones provoquen un problema para los estados y los municipios.

El Senado aprobó ayer en comisiones esta reforma y su pleno la conoció en primera lectura, luego de que llegaron a un acuerdo con la Cámara de Diputados a fin de no detener más este mecanismo constitucional que busca evitar el crecimiento de dichos endeudamientos.

Asimismo, los senadores hicieron una adición a la minuta enviada por los Diputados, para introducir la Comisión Bicamaral, para que los diputados la avalen y salga a los Congresos de los estados para su recorrido por el Constituyente Permanente.

Destaca que el “Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio”.

Dispone que el Congreso de la Unión tendrá facultades en materia de deuda pública para “dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional”.

Advierte que “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante emergencia declarada por el Presidente de la República”.

El Congreso tendrá facultades para “aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente.

“El Ejecutivo federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el jefe de Gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El jefe de Gobierno informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública”, añade el dictamen avalado ayer.

Además, el Congreso tendrá facultades para “establecer en las leyes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribirse y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente.

“Un Sistema de Alertas sobre el manejo de la deuda, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones”, añade.

Otra de las facultades del Congreso de la Unión es para que “a través de la comisión legislativa bicamaral competente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de 15 días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión.

“Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los Estados que no tengan un nivel elevado de deuda”, dispone.

Una facultad más será para que expida leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los estados, municipios y el Distrito Federal.

A través de la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara de Diputados fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos estatales y municipales, cuando cuenten con la garantía de la Federación.

La semana pasada, los senadores del PRI y el PAN respaldaron la decisión de los coordinadores parlamentarios del Senado y la Cámara de Diputados para crear una comisión bicamaral que vigile el endeudamiento de los estados y municipios.

PAN rechaza la reforma anticorrupción de Peña

El coordinador del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado Rodríguez, advirtió que su bancada no participará en la designación del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción, debido a que aún no existe una legislación que precise las bases de organización, funcionamiento y atribuciones de este organismo.

“El PAN no va aprobar ningún fiscal anticorrupción mientras no haya la legislación que pueda aplicar (…) No tiene caso aprobar un fiscal que no pueda aplicar nada. ¿Para qué? ¿Para que esté ahí de aparador? No tiene sentido, no le vemos caso nombrar a un fiscal que no puede ni siquiera sacar copias”, declaró el líder blanquiazul en la Cámara alta según otra nota del diario 24 Horas.

Además, Preciado Rodríguez atribuyó el rechazo de su bancada a un intento del PRI en la Cámara de Diputados de “descafeinar” el Sistema Nacional Anticorrupción, pues desde su perspectiva lo que hoy se sugiere en San Lázaro, es hacer del próximo fiscal anticorrupción un “empleado más” del procurador, y no un titular autónomo con todas las facultades de investigar hechos de corrupción.

En relación con la creación de la ley por la que se plantea la transformación de la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República, que el pasado jueves fue aprobada por los diputados y enviada a esta Cámara, el legislador por Colima afirmó que aún no hay consenso que permita su aprobación, y adelantó que se perfilan cambios a los términos establecidos en San Lázaro.

Por su parte, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aseguró en un comunicado que su partido no está contra la modificación de su iniciativa, siempre y cuando sea para mejorarla, pero advirtió que se rechazará cualquier dictamen “que no entre al fondo del tema de la lucha contra la corrupción”.

Enfatizó que México requiere un sistema nacional anticorrupción integral y autónomo, que garantice investigaciones objetivas y castigos ejemplares, de tal modo que no haya espacios para la impunidad.

“Ante la situación que vive el país, este tema nos parece la máxima prioridad”, declaró el dirigente del instituto blanquiazul en el comunicado.

Aclaró que en la conformación de ese sistema es imprescindible que la Secretaría de la Función Pública recupere sus atribuciones perdidas y se encargue de la contraloría interna del gobierno federal, dijo el líder de los panistas.

También aseguró se requiere que la Auditoría Superior de la Federación se transforme a fondo para fiscalizar en tiempo real (es decir, antes, durante y después del ejercicio de los recursos públicos), presentar amparos contra las determinaciones de los órganos sancionadores y con la facultad de atraer y revisar las resoluciones de órganos locales.

Otra demanda es que exista un Tribunal de Justicia Administrativa que sancione las responsabilidades administrativas graves, y que la nueva Fiscalía Anticorrupción tenga los elementos para perseguir eficazmente los delitos relacionados con hechos de corrupción.

La recaudación de México de las más bajas de la OCDE

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el último lugar entre los 34 países de la OCDE en cuanto a impuestos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el informe "Estadísticas tributarias 2014", pone en evidencia que en el 2012, última cifra disponible de México, los impuestos representaron 19.6% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE es de 33.7%.

En el estudio se detalla que la estructura de los ingresos tributarios en México, en comparación con el promedio de la OCDE, se caracteriza por mayores ingresos procedentes de los impuestos sobre la nómina y a bienes y servicios.

Agregó que dentro de la estructura de los ingresos tributarios que se tomaron para la evaluación también destacan -pero en menor proporción- el Impuesto Sobre la Renta (ISR), las utilidades y ganancias de capital, el Predial y las contribuciones a la seguridad social.

Al mismo tiempo, indicó que los ingresos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) representaron 19% de los ingresos fiscales en el 2012, cerca de la media del organismo internacional, que es de 19.5 por ciento.

Según otra nota del periódico Crónica, el informe "Estadística tributaria 2014" precisó que la recaudación en México aumentó del 2000 al 2012, pasó de 16.5 a 19.6% como proporción del PIB.

Entre los países de la OCDE, Dinamarca cuenta con la proporción más alta de ingresos tributarios como proporción del PIB, con 48.6%, mientras que México y Chile tienen las proporciones más bajas, con 19.7 y 20.2% en el 2013, respectivamente.