Guerrero acumula problemas que se han agravado con la gestión de Ángel Aguirre Rivero.

Tiene la tasa de homicidios más alta del país, superior en cuatro veces a la cifra nacional, y desde 2012 desplazó a Chihuahua y a Sinaloa como la entidad más violenta.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, en sus dos principales núcleos urbanos, Acapulco y Chilpancingo, no opera la Policía local y las labores de seguridad están a cargo de fuerzas federales.

Este domingo, además, la Federación se hizo cargo de la seguridad en 12 municipios de las regiones de Tierra Caliente y Norte, cuyas Policías son investigadas por posibles nexos con el crimen organizado.

El Mando Único no ha podido ser implementado en la entidad y en 46 de sus 81 municipios hay presencia de Policías comunitarias que conviven, en algunos casos, con corporaciones municipales, estatales y federales.

En lo que va de la administración de Aguirre, han asesinado o desaparecido al menos una docena de activistas y dirigentes políticos como Arturo Hernández Cardona, Eva Alarcón, Marcial Bautista, Rocío Mesino y otros, sin que se haya esclarecido ninguno de los crímenes.

Los gobiernos federal y estatal tampoco han presentado avances de la investigación relacionada con el desastre de "Ingrid" y "Manuel" en el que se documentaron actos de corrupción y negligencia por parte de funcionarios públicos y a la fecha ninguna persona está detenida por estos hechos.

La CNDH constató más de 2 mil casos de desplazamiento forzado, en su mayoría, por agresiones de grupos armados.

En 2013, en San Miguel Totolapan, por ejemplo, testimonios dicen que comandos llegaron a las comunidades Las Mesas II y otras, donde quemaron las casas de sus habitantes, muchos de los cuales llevan más de un año viviendo en deportivos acondicionados como albergues en otras ciudades.

El Inegi calcula que 96.7 por ciento de los delitos que se cometen en la entidad no se denuncian o no se abre una averiguación previa. La Encuesta de Victimización 2014 revela que más de 78 por ciento de la población considera que el estado no es seguro. También señala que la mitad de los delitos se cometen con armas de fuego.

A esto se le suma la pobreza en la que vive más del 70 por ciento de la población, según los datos del Coneval, principalmente en las regiones de La Montaña y Costa Chica, las más golpeadas por los huracanes del año pasado.

El sistema de justicia y seguridad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias creado en 1997-98 sufre su peor crisis con la fractura entre dirigentes y el encarcelamiento de líderes locales como Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina y otros, acusados de secuestro.

Operan en el estado al menos seis grupos de policías comunitarios, aunque los más grandes son la CRAC y la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), que salió a la luz en enero de 2013, con retenes y patrullajes en pueblos de la Costa Chica.

Exigen al gobierno veracidad sobre desaparecidos en Iguala

Intelectuales y artistas se sumaron ayer a la condena por la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y a la exigencia al gobierno federal para que informe con veracidad sobre el asunto.

Según otra nota del periódico La Jornada, en una carta abierta criticaron que las autoridades federales pretendan dar un manejo político a este ominoso crimen. Eso es lo que se puso de manifiesto cuando el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se anticipó a descartar que los cadáveres encontrados en las primeras fosas en Iguala fueran de los estudiantes, señalaron.

El funcionario no esperó los resultados de ADN para afirmarlo, advirtieron los firmantes: Elena Poniatowska, Juan Villoro, Daniel Giménez Cacho, Gael García Bernal, Dolores Heredia, Demián Bichir, Bruno Bichir, Alejandro Bichir, Paco Ignacio Taibo II, John Ackerman, Fabrizio Mejía Madrid, Jesusa Rodríguez.

También suscribieron la misiva Liliana Felipe, Irma Sandoval, Paloma Saiz, Guillermo Briseño, Jesús González Schmal, José Alfonso Suárez del Real, Daniel Gershenson, entre otros.

Expresaron su preocupación por la simulación, la manipulación y las medias verdades difundidas de manera confusa por agentes del gobierno, respecto al paradero de los normalistas.

Además, cuestionaron sobre la identidad de los 28 cadáveres localizados en las primeras fosas. Si no son normalistas, “¿entonces cuál es su identidad?” De igual forma cuestionaron que se pretenda ocultar el proceso de identificación, sobre todo por las versiones forenses respecto a que los restos son de personas muertas en días recientes.

“México se ha convertido en una tumba sin nombre donde caen todas las víctimas y los desaparecidos”, afirmaron.

Hasta el 30 de octubre análisis de desaparición de poderes en Guerrero

Los grupos parlamentarios del PRI y del PAN en el Senado, solicitaron al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a que en un acto de responsabilidad política presente formalmente su renuncia al cargo.

Durante la discusión de un acuerdo por el que se amplió el plazo hasta el 30 de octubre para resolver la declaratoria de desaparición de poderes en la entidad guerrerense, el senador Arturo Zamora Jiménez habló a nombre de los senadores del PRI y señaló la necesidad de que el mandatario se separe voluntariamente del cargo debido a las “graves” omisiones en las que ha incurrido.

“El señor gobernador, Ángel Aguirre Rivero, menospreció el diagnóstico de la CNDH y con ello permitió que la corrupción e impunidad continuaran siendo la constante en municipios como Iguala, por lo que es necesario que pondere dejar el cargo (…) Los senadores del PRI, extendemos una respetuosa invitación al gobernador para que con responsabilidad, compromiso y una amplia sensibilidad valore que es mejor para los guerrerenses y en función de ello considere presentar formalmente su renuncia”, declaró según otra nota del diario 24 Horas.

Zamora Jiménez agregó que la crisis en materia de derechos humanos que hoy se vive en la entidad se debe al “desdén” que el propio Aguirre Rivero ha tenido no sólo a la constitución sino a todas las leyes.

En representación del PAN, subió a tribuna el senador Héctor Larios Córdova quien secundó la invitación hecha por el PRI.

“El PAN espera desde luego que el gobernador acepte la invitación que aquí le ha hecho el PRI, a reflexionar sobre abandonar el cargo que ostenta pero no ejerce, y que es indispensable para reconducir la vida institucional de Guerrero. Las propias investigaciones pierden credibilidad con la sola presencia del gobernador en su estado”, manifestó.

El panista incluso consideró que el mandatario guerrerense deberá presentar su renuncia antes del 30 de octubre, día en el que el Senado determinará si se cumplen los supuestos para la desaparición de poderes. “A partir de este plazo que damos, abrimos un espacio de reflexión para que el gobernador presente su renuncia y provoque menos daños al estado de Guerrero, esa es nuestra intención”.

A nombre del PRD habló el senador Alejandro Encinas Rodríguez, quien reconoció el clima de incertidumbre e ingobernabilidad que se vive en la entidad, sin embargo indicó que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pone en evidencia la debilidad del estado mexicano y el proceso de descomposición de las instituciones en todos los órdenes de gobierno.

El legislador del sol azteca, además demandó que los resultados en torno a las investigaciones sobre el caso den a conocerse a la brevedad. “Queremos una investigación a fondo, caiga quien caiga, si es el gobernador o el procurador de Justicia del estado, si son miembros del Congreso del estado de Guerrero, que se les castigue. También necesitamos que se sancione a las instituciones federales, en los frentes policiacos que por omisiones han generado esta situación”.

Tras los posicionamientos, el Pleno finalmente aprobó el acuerdo presentado por la presidenta de la comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, a fin de resolver a más tardar el próximo 30 de octubre la solicitud presentada por el grupo parlamentario del PAN, por la que se declara la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, esto con la finalidad de ampliar las investigaciones y revisar si hay causas para emitir la declaratoria.

Al presentar el acuerdo, la senadora priista Cristina Díaz, señaló que aun cuando los titulares de los órganos legislativo y judicial del estado de Guerrero han informado que continúan con el ejercicio ordinario de sus funciones, la comisión que preside debe hacerse llegar de mayores elementos para constatar que los poderes de la entidad guerrerense, existen y funcionan adecuadamente.

Con la aprobación de dicho acuerdo, también se ampliaron las facultades del grupo formal de trabajo sobre el caso Ayotzinapa para que realice las actuaciones pertinentes tanto en la ciudad de México como en Guerrero, coteje la información enviada por el legislativo y ejecutivo así como para evaluar el funcionamiento de los poderes de Guerrero.