Redacción / La Silla Rota

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) condenó la aprobación de una ley que permite el uso de la fuerza pública y avala el uso de armas durante protestas públicas en Chiapas y Puebla.

A través de un comunicado difundido en su página de Internet, la red afirmó que esas medidas criminalizan el derecho a la protesta social y las manifestaciones públicas.

"Nos sumamos a la preocupación de activistas y defensores de derechos humanos que trabajan en los estados de Chiapas y Puebla, que han señalado que con estas nuevas leyes se pretenden legalizar los atropellos que ya cometen las distintas fuerzas de seguridad pública y que generan un marco legal que posibilita las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones públicas", expusieron las organizaciones.

En el documento se retomó la Declaración sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de la Relatora Especial de la ONU, en la que se establece que "el derecho a la protesta es un derecho plenamente desarrollado que comprende el disfrute de una serie de derechos reconocidos internacionalmente. Esos derechos incluyen la libertad de expresión y opinión, la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica y los derechos sindicales, en particular el derecho de huelga. La protección del derecho a la protesta en el contexto de la libertad de reunión conlleva la obligación de proteger a los titulares del derecho a la protesta en el ejercicio del derecho y la obligación de no interferir en las protestas pacíficas".

El pasado 15 de mayo el Congreso de Chiapas aprobó el Código de Uso Legítimo de la Fuerza Pública, que regula el uso de la fuerza pública ante movimientos, disturbios y protestas sociales y avala el uso de armas no letales para dispersar manifestaciones violentas. Por otro lado, este 19 de mayo, el Congreso de Puebla aprobó la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, en la que se prevé la posibilidad de que agentes policiales utilicen “fuerza letal”, cuando su vida este en peligro, durante manifestaciones públicas; también abre la puerta a detenciones arbitrarias.