Los coordinadores parlamentarios del Congreso acordaron sacar en este periodo ordinario la Ley de Competencia y las modificaciones legislativas en materia político-electoral.

Además acordaron que realizarán periodo extraordinario en cualquiera de ambas cámaras que lo necesite para telecomunicaciones y energética.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, los presidentes de las juntas de coordinación política de senadores, Jorge Luis Preciado, y de diputados, Silvano Aureoles, detallaron que luego de una reunión cordial y respetuosa se acordó la prioridad de sacar primero estos pendientes y analizar de manera cuidadosa los cambios en telecomunicaciones.

"En el Senado, existe la certeza, y así nos lo hicieron saber, de sacar adelante el tema político electoral, en este periodo, habrá reformas, eso fue lo que hemos acordado en una reunión cordial donde no hay confrontación", dijo Silvano Aureoles, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

El diputado del sol azteca dijo que en el encuentro ubicaron los temas de mayor interés no sólo por lo que significan para las fracciones parlamentarias, sino lo que significan para el país.

"Hemos coincidido, amén de que se puedan revisar otras minutas, hemos coincidido que es posible que podamos desahogar algunas otras y telecom vamos a esperar nosotros a que el Senado procese la parte que tiene que procesar y estaremos pendientes", aseveró.

En tanto, Jorge Luis Preciado detalló que en el caso de telecomunicaciones revisarán internamente este viernes la propuesta.

Los legisladores acordaron que los temas que necesiten más tiempo se irán a periodo extraordinario y que cada cámara podrá solicitarlo con la certeza de que la otra parte aceptará este periodo.

"La Cámara de Diputados está en la mejor disposición de que de ser necesario abriríamos periodos extraordinarios de manera distinta, es decir si tiene que abrir un periodo extraordinario lo hará sin que esto obligue a la Cámara de Senadores a hacerlo y viceversa.

"En el tema energético tuvimos un preacuerdo de que entre el 15 y 30 de junio llevaríamos a cabo uno o varios periodos extraordinarios para resolver estos temas que no hemos podido resolver en el periodo ordinario", mencionó.

Ejemplificaron que la Cámara de Diputados podría requerir un periodo extraordinario para sacar telecomunicaciones en la primer decena de mayo y lo que haya quedado pendiente, en el supuesto de que el Senado la aprobara en el periodo ordinario.

Tribunales comunes podrán juzgar a militares

Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó ayer una reforma que acota el fuero militar para que los integrantes de las fuerzas armadas que cometan violaciones de derechos humanos contra civiles sean juzgados por tribunales ordinarios.

Según otra nota del periódico La Jornada, con 106 votos a favor se aprobó la reforma al Código de Justicia Militar que se había pospuesto desde el sexenio pasado, por la oposición de los altos mandos del Ejército y la Marina.

El 27 de febrero de este año altos funcionarios de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina asistieron a los foros sobre justicia militar convocados por el Senado y aunque expresaron su postura en favor de “reformar el fuero militar” se manifestaron contra su desaparición.

El dictamen aprobado en el Senado señala que los militares acusados de violar derechos humanos y delitos contra civiles, que resulten responsables y sean condenados, purgarán sus penas en prisiones militares, si lo solicitan, y serán juzgados por jueces especializados.

Precisa que cuando un civil esté implicado en un delito cometido por militares “en ningún caso se le juzgará en la justicia militar, siempre será en la jurisdicción civil”.

Con la reforma se incluye en la justicia civil la figura de jueces de ejecución de sentencias; se aclaran las atribuciones de los defensores adscritos a los tribunales militares y se incluye la base de derechos humanos en el Sistema Penitenciario Militar.

Además, se excluye de la jurisdicción militar a los menores de edad que participan en las fuerzas armadas para que, “en términos del artículo 18 constitucional, conozca (los casos) el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes”.

Otra innovación de la reforma es la actualización de la terminología. Se modifica la denominación policía judicial ministerial por policía ministerial militar; se destaca la diferencia entre la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, en lugar de Secretaría de Guerra y Marina, y se sustituye pena corporal por pena privativa de la libertad.

El dictamen fue aprobado por la mañana en comisiones unidas, y luego se llevó al pleno para su discusión y votación.

Al presentar el dictamen, los senadores Roberto Gil, Alejandro Encinas, Angélica de la Peña, Fernando Yunes y Graciela Ortiz destacaron que con la reforma México da cumplimiento a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que demandaron cambiar el fuero militar.

El panista Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, quien coordinó los trabajos de comisiones, aseveró en tribuna que (la reforma) “es un avance sustancial en la protección de los derechos humanos y en el reconocimiento de la universalidad de esos derechos y de la jurisdicción plena que tiene el sistema interamericano de derechos humanos en el país”.

Sostuvo que “se hará plenamente vigente el derecho de acceso a la justicia a los civiles víctimas de elementos de las fuerzas armadas”.

El perredista Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, manifestó que “subsiste el fuero de guerra para delitos y fallas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. En la actualidad las violaciones a derechos humanos contra civiles son juzgadas por la justicia castrense, violando la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y contraviniendo el artículo 13 de la Carta Magna”.

Dijo que se trata de “un avance, pero faltan otros pasos. He insistido en que el Ejército y la Armada de México dejen de cumplir funciones policiales que corresponden a la autoridad civil. Espero que pronto regrese el Ejército a sus cuarteles”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, se refirió al caso de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido por militares en un retén en Atoyac, Guerrero, e ingresado a instalaciones castrenses, y éste es el último dato que existe sobre su paradero.

Transcurridos 35 años, el caso llegó a la CIDH y ésta resolvió en 2009 que “existían suficientes elementos para considerar que el señor Radilla Pacheco perdió la vida a manos de miembros del Ejército Mexicano y determinó que los actos delictivos cometidos por militares en activo deberán ser juzgados por tribunales ordinarios”.

La senadora priísta Areli Gómez dijo que con la reforma se hace justicia a Rosendo Radilla, a las indígenas Inés y Valentina, violadas por militares, y a los ecologistas presos Rodolfo y Teodoro, detenidos arbitrariamente y torturados.

La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la aprobación de la reforma al Código de Justicia Militar en el Senado y pidió que ésta siga su curso en la Cámara de Diputados.