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Luis Ángel Bravo cambia Subprocuraduría Especializada en Asuntos Indígenas

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Se incorpora a la Agencia del Ministerio Público Visitador, encargado de la atención a quejas de derechos humanos

A partir de la propuesta realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), la Subprocuraduría Especializada en Asuntos Indígenas se convirtió en la Subprocuraduría de Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos y se incorpora a la Agencia del Ministerio Público Visitador, encargado de la atención a quejas de derechos humanos.

Lo anterior, con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, que establece garantizar el acceso a una atención de calidad para todos los ciudadanos, así como las líneas de acción tendientes a fortalecer la confianza e imagen de la PGJ ante la sociedad y lograr los objetivos constitucionales de su encomienda.

Esta Subprocuraduría de Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, tiene como finalidad acercar a las comunidades indígenas a la procuración de justicia, lo que trajo aparejada la necesidad de implantar un nuevo modelo de operación institucional en procuración de justicia, que ha generado mayor capacidad, acercamiento y derecho a la igualdad como cualquier otro ciudadano, incluyendo a todos los grupos indígenas.

De esta forma, todas las autoridades, en las cuales se encuentra inmersa la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establece la ley y otras disposiciones normativas relativas y aplicables.

Otro apartado del acuerdo mencionado destaca que la Subprocuraduría de Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, debe contemplar coordinaciones y agentes del Ministerio Público adecuados a las facultades que le corresponden, teniendo como obligación la de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.